Ayuso no ha sancionado al empresario que incumple el contrato de arreglar las calderas de los pisos públicos, que deja además en el limbo una promoción de 90 viviendas protegidas

La Comunidad de Madrid no ha penalizado a la empresa que gestiona uno de los tres lotes de mantenimiento del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social (AVS). Y eso que la firma (Fatecsa Obras SA, hoy renombrada como FTC Obras) ha incumplido el contrato, lo que ha obligado al Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso a tener que tramitar otro contrato de emergencia para que otras compañías privadas hagan el trabajo que no puede hacer FTC. La seguridad de los inquilinos de 80 viviendas estaban en juego, ya que se habían detectado anomalías en estas calderas, que “suponen un riesgo inminente de rotura en los circuitos de gas y agua, lo que podría derivar en fugas, intoxicaciones por CO, incendios o explosiones”. Además, la carencia de calefacción y agua caliente “en pleno periodo invernal hace incompatible la permanencia digna y segura de los residentes”.

Alexandre Abalde Costas, consejero delegado de FTC y uno de sus accionistas, asegura a Infobae que la AVS no le ha comunicado ninguna penalización ni la rescisión del contrato, a pesar de que esta agencia regional ha tenido que gastarse de urgencia 242.000 euros para que cuatro compañías puedan cambiar las 80 calderas que ponen en peligro la seguridad de los inquilinos de otras tantas viviendas públicas. “La Comunidad de Madrid es el cliente y puede hacer lo que crea oportuno, pero no nos ha comunicado nada”, se reafirma Abalde. Y eso que el pliego del contrato formalizado en mayo de 2022 entre Fatecsa y la AVS establece una serie de penalizaciones por incumplimiento de contrato. El contrato era de dos años, asciende a 5,9 millones de euros y podía ser prorrogado. De hecho, la Comunidad lo hizo en octubre de 2025 por otros seis meses.

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Estas penalizaciones oscilan entre el 3 y el 10% del importe de facturación que corresponda a la intervención que no se haya producido o ejecutado superando los tiempos estipulados. “Nosotros solo cobramos por los trabajos hechos, no por los que no hemos realizado” señala Abalde. La AVS tiene contabilizado que esta empresa ha tardado como tiempo medio de respuesta ante una incidencia unos 68 días, cuando el acuerdo establece un máximo de 48 horas. La AVS calcula que cada sustitución de emergencia le costará ahora 2.500 euros. Pero no aclara, a preguntas de este diario, si va a penalizar a Fatecsa o si piensa rescindirle el contrato. Y eso que Fatecsa (ahora FTC Obras) es un viejo conocido de la Administración pública madrileña.

En abril de 2021, Fatecsa fue una de las empresas a la que la Consejería de Sanidad recurrió para licitar varios contratos de emergencia para construir el hospital Isabel Zendal. Esta firma construyó uno de los aparcamientos del centro sanitario por 2.352.361 euros. Con fondos europeos, la Comunidad de Madrid también adjudicó en noviembre de 2024 por 16,3 millones de euros a FTC Obras (asociada en este proyecto con Arnó Infraestructuras) la construcción de una promoción de 90 viviendas protegidas y 135 plazas de aparcamiento en el municipio Villa del Prado. Fuentes del Ejecutivo autonómico señalan que la situación económica de FTC es tan mala que no pueden acabar el proyecto. “Es verdad que estamos teniendo nuestras dificultades y que nos gustaría ir a un ritmo más rápido. Nuestra intención es poder llevar a cabo este proyecto”, matiza Alexandre Abalde. Esta empresa también tiene varios proyectos de vivienda protegida con el Ayuntamiento de Madrid que pueden verse comprometidos.

Contratos con institutos

Alexandre Abalde ya tuvo cargos de responsabilidad en Uncisa Construcciones e Infraestructuras, una empresa que hace años fue adjudicataria (bajo el Gobierno de Cristina Cifuentes) de las obras de varios institutos públicos que finalmente no pudo terminar. “Yo solo era empleado de esa constructora. Las cosas no salieron bien y al final se tuvo que dar los contratos a otras empresas para que terminaran los centros educativos”, explica Abalde. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, lleva este jueves a la Asamblea de Madrid una pregunta de control al Gobierno de Ayuso sobre esta sociedad. “Que el PP de Madrid adjudique millones de euros públicos, a lo largo de los años, a empresas en las que aparece la misma persona que incumple contratos y que no cumple con su cometido no se puede explicar solo por negligencia o incompetencia. Tiene que haber algo más para tropezar tantas veces con la misma piedra y, conociendo a la derecha madrileña, nos esperamos lo peor. Desde Más Madrid vamos a seguir indagando para defender el dinero de los madrileños”, señala el parlamentario.