Sánchez tiene un mes para contentar a todos y sacar adelante el escudo social: una negociación cruzada para salvar la prórroga contra desahucios

El Gobierno se muestra dispuesto a suavizar el decreto ante las exigencias a izquierda y derecha. Junts ya ha anunciado que votará en contra

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El secretario general del PSOE
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un mitin de campaña electoral (Javier Escriche / Europa Press)

El Gobierno tiene por delante un mes para salvar el escudo social después de aprobar en el Consejo de Ministros el decreto ‘ómnibus’ con la subida de pensiones por separado. Y en esta negociación a contrarreloj no es poco lo que está en juego, ni pocos los grupos que contentar en este tira y afloja entre la izquierda y la derecha, entre ellos Junts, cuyos votos -que son clave- nos los tiene asegurados por ahora.

En su primer intento, el Ejecutivo llevó a votación sendos asuntos metidos en un cajón de sastre. Desde la revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2026 hasta las prórrogas del llamado “escudo social”, entre ellas la paralización de los desahucios a las familias vulnerables, la prohibición de cortarles la luz, gas y agua o el bono social eléctrico. También otros asuntos como exenciones del IRPF en las ayudas por los incendios forestales, incentivos para la compra de coches eléctricos y ayudas a la jubilación de los bomberos.

Los aliados del Gobierno afearon esta estrategia negociadora, lamentando que “era jugar a la ruleta rusa” mezclar “asuntos urgentes con medidas controvertidas”. Y como era de esperar, la medida cayó en votación con los votos negativos de las derechas (PP, Vox y Junts), quienes pidieron votar las pensiones en un decreto individual.

La diputada de Junts, Miriam
La diputada de Junts, Miriam Noguera, en el Pleno extraordinario en el que fracasó el escudo social, a 27 de enero de 2026. (Eduardo Parra/Europa Press)

En Moncloa se han visto obligados a optar por otra fórmula, que no podía ser otra que ceder ante estas exigencias de estos partidos, trocear el decreto en dos y suavizar algunas propuestas. En qué pack entraría cada asunto fue, hasta el último momento, el asunto clave en la negociación interna que hubo entre Sumar y PSOE momentos antes de presentar la medida en el Consejo de Ministros, según indican a Infobae fuentes del Ejecutivo.

“En las últimas horas ha habido presiones para que el Gobierno llevara la medida de los desahucios en un decreto separado de todo el resto, algo que era absolutamente inaceptable para nosotros, porque de ninguna manera nosotros íbamos a aceptar o a facilitarle el trabajo a la derecha para que tumbara una medida que, insisto, es fundamental para proteger a las familias vulnerables de nuestro país. [...] la derecha no tiene excusa para no votarlo”, afirmó el ministro de Sumar, Ernest Urtasun, en unas declaraciones a los medios en el patio del Congreso.

Negociaciones cruzadas y cesiones a izquierda y derecha

Moncloa lleva días manteniendo negociaciones cruzadas para tratar de garantizar los apoyos del bloque de investidura. El último acuerdo llegó este lunes con el PNV, que junto a Junts pidió también llevar la jubilación por separado ante las reticencias para aprobar la moratoria antidesahucios. Y en este contexto, los nacionalistas vascos se comprometieron a apoyar el escudo social a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler, dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)

La cesión de Sánchez a los nacionalistas vascos no ha sentado nada bien en las filas de Podemos, quienes ha calificado de “asco absoluto” la medida. ”Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad”, afirmó la líder de la formación morada, Ione Belarra. Desde el Gobierno confían en que la formación morada acabe apoyando la medida porque “es una muy pequeña parte del mercado inmobiliario” y, por lo tanto, el grueso de la medida y la protección a estas 60.000 familias se mantiene, “que era el objetivo político”.

“Hay que ser conscientes de la aritmética parlamentaria. Pediría calma y ahorrarse las palabras gruesas”, señalan fuentes de Sumar. Las mismas fuentes matizan que en este juego a múltiples bandas también han podido anotarse una “victoria” desde la izquierda: las controvertidas ayudas fiscales a los caseros no aparecen en el texto.

La calculadora política: todo el escudo social en manos de Junts

Pero en realidad, el Gobierno solo necesitaría del voto del partido de Carles Puigdemont para sacar adelante la medida una vez se lleve a voto, bastando una abstención en lugar del voto afirmativo. Hay que recordar que en unas mayorías tan apretadas, el PSOE recuperó un escaño tras la renuncia de José Luis Ábalos, lo que redujo el coste político para negociar con uno de sus aliados más complicados.

El Gobierno trata de poner toda la presión contra Junts esgrimiendo que votar en contra del decreto significaría tirar por la borda todo el escudo social. El guiño a los propietarios no parece ser suficiente para Junts a día de hoy, quien ha calificado de “parche” al “problema de la ocupación” y ha anunciado a última hora del martes que votará en contra. A A falta de leer la letra pequeña, votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta”, ha argumentado la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras.

Pero el gobierno confía en que una segunda votación, con tanto en juego, es un escenario distinto al que puede ser llevar una medida a su primer intento.