Save the Children celebra la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años, pero advierte: “Puede dar falsa sensación de seguridad”

La organización Save the Children valora como un avance importante la decisión del Gobierno de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, sobre todo porque exige a las plataformas sistemas efectivos de verificación de edad, una línea que ya siguen países como Francia y Portugal, pero también advierte de que “no es una solución en sí misma” para garantizar la protección de la infancia en internet. La medida anunciada este martes por el Ejecutivo forma parte un paquete más amplio con el que se busca “reforzar la soberanía digital”.

“No es una solución en sí misma y puede dar una falsa sensación de seguridad. Por eso es imprescindible que vaya acompañada de mecanismos de verificación de la edad eficientes y, sobre todo, de educación y acompañamiento en hacer un uso responsable de internet y las redes sociales”, ha señalado la directora de incidencia política de Save the Children, Catalina Perazzo. También ha indicado que las prohibiciones generales de acceso a las redes sociales basadas únicamente en la edad “pueden resultar arbitrarias y no garantizan una mayor protección”, además de dejar fuera a niños y adolescentes de espacios digitales seguros pensados para el ejercicio de sus derechos.

Por todo ello, Perazzo advierte que la prohibición, por sí sola, no basta para garantizar la seguridad de los menores, e insiste en que solo funcionará “si se acompaña de controles eficaces para verificar la edad de los usuarios y de educación sobre el uso responsable de internet y las redes sociales”.

La responsabilidad de las propias plataformas

Save the Children también destaca que la responsabilidad de fijar la edad mínima de acceso y garantizar la eficacia de los controles recae en las propias plataformas digitales, una obligación recogida ya en el proyecto de ley para la protección de la infancia en entornos digitales, que sigue en trámite parlamentario.

La organización considera fundamental que niños, niñas y familias reciban formación tanto dentro como fuera de las aulas para comprender los riesgos, el funcionamiento y las herramientas del mundo digital, y así fomentar una ciudadanía responsable. Además, destaca que la futura ley representa una oportunidad para abordar los discursos de odio y la violencia de género presentes en internet, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial generativa.

Lograr espacios “más saludables y democráticos”

El anuncio sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años lo ha realizado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Arabia Saudí, un foro de debate entre líderes donde ha subrayado la urgencia de recuperar el control y convertir estas plataformas en espacios más saludables y democráticos. Porque es en estos entornos, ha asegurado, donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.

Entre las medidas anunciadas, Sánchez ha destacado la puesta en marcha de un sistema de rastreo para identificar la “huella de odio y polarización” en redes sociales, con el objetivo de acabar con la impunidad de los responsables de las plataformas. También ha confirmado que la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal pasarán a considerarse delitos. “Mi Gobierno trabajará con la Fiscalía para investigar los delitos cometidos por Grok (la IA de X), TikTok e Instagram”, ha afirmado el mandatario.

Por otro lado, España ha confirmado su adhesión a la “Coalición de los Dispuestos Digitales”, junto a otros cinco países europeos, para promover una regulación más estricta y ágil sobre las redes sociales. Esta alianza busca coordinar la aplicación de normativas que refuercen el control y la seguridad en el entorno digital a nivel internacional. Cabe recordar que hace apenas una semana, la Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso de menores de 15 años a las redes sociales y limita el uso de teléfonos móviles en los colegios, con la previsión de que la norma entre en vigor al inicio del próximo curso escolar.