La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 20,5 millones de euros a varias empresas del Grupo Repsol por aplicar una política comercial considerada abusiva y contraria a la normativa de competencia. Además de la sanción económica, el organismo ha acordado prohibir a estas sociedades participar en contratos públicos durante un periodo de seis meses. La petrolera ha rechazado de forma tajante la resolución y ha anunciado que la recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las compañías afectadas son Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, a las que Competencia responsabiliza de haber llevado a cabo un “estrechamiento de márgenes” que perjudicó a estaciones de servicio independientes que compiten en el mercado minorista de combustibles. Según la resolución, estas prácticas se desarrollaron en un contexto en el que Repsol mantenía una posición de dominio en el mercado mayorista de suministro de carburantes a gasolineras a escala nacional. La empresa sostiene, sin embargo, que la CNMC “no acredita ni posición de dominio ni efecto de exclusión en el mercado”.
El organismo presidido por Cani Fernández recuerda que la legislación obliga a las empresas con poder dominante a extremar su responsabilidad para no restringir la competencia. El estrechamiento de márgenes, añade, está expresamente prohibido por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y por el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al tratarse de una estrategia que dificulta la actividad de rivales más pequeños. Repsol replica que la decisión se apoya en un relato “parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho”, que ignora el contexto excepcional vivido en 2022 tras la invasión de Ucrania.
Una estrategia para recuperar cuota
La investigación de la CNMC ha acreditado que varias sociedades del grupo desplegaron una estrategia comercial “incompatible” con esa posición dominante con el objetivo de ganar volumen de ventas frente a las estaciones independientes o de bajo coste. Competencia sostiene que Repsol trató así de revertir la pérdida de cuota que venía registrando desde 2019.
El mecanismo consistió, por un lado, en elevar de forma generalizada el precio mayorista del combustible que vendía a las gasolineras independientes y, por otro, en aplicar en su propia red de estaciones descuentos adicionales para los clientes profesionales que repostasen gasóleo A. Estas rebajas se sumaban al descuento de cinco céntimos por litro que la compañía podía ofrecer como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno. La energética defiende que actuó “con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria”.
La práctica se desarrolló entre abril y diciembre de 2022, coincidiendo con un fuerte encarecimiento de los carburantes tras la invasión rusa de Ucrania. Durante ese periodo, el precio del gasóleo A superó por primera vez al de la gasolina en España durante seis meses, lo que intensificó la competencia por captar a transportistas y otros grandes consumidores.
En este contexto, Repsol subraya que los descuentos aplicados superaron los 450 millones de euros y fueron comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración.
Impacto en las gasolineras independientes
Según la CNMC, esta combinación de subidas mayoristas y descuentos en la red propia provocó que determinadas estaciones independientes vieran reducidas de forma drástica sus ventas de gasóleo A a clientes profesionales. Mientras tanto, Repsol incrementó su volumen y reforzó su cuota de mercado. Sin embargo, la compañía niega este efecto y afirma que durante el procedimiento ha quedado acreditado que no hubo exclusión de competidores ni dependencia real.
Por su parte, Competencia considera que el daño es “especialmente grave” porque afectó a gasolineras de bajo coste que contribuyen a dinamizar los precios en zonas de alta demanda, como áreas fronterizas o corredores estratégicos de transporte por carretera.
El grupo dirigido por Josu Jon Imaz califica la resolución de “arbitraria” y denuncia que el regulador “infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes”, situando su peso real en torno al 25% en 2022.
La investigación se inició tras varias denuncias de asociaciones del sector. A finales de 2022 la CNMC realizó inspecciones en sedes de operadores de hidrocarburos y en diciembre de 2023 abrió formalmente un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición dominante.
Multa y veto a contratos públicos
Como resultado del procedimiento, Competencia ha impuesto una sanción de 20,5 millones de euros por una infracción “muy grave”. Del pago responderán solidariamente Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, así como sus matrices Repsol Customer Centric y la propia Repsol.
Además, las sociedades sancionadas no podrán presentarse a licitaciones públicas para el suministro de gasóleo A destinado a automoción durante seis meses, una medida que busca evitar que se beneficien de contratos financiados con fondos públicos mientras persistan los efectos de la “conducta abusiva”.
Repsol ha advertido de que sancionar descuentos legales y supervisados “desnaturaliza el sentido de la norma” y puede limitar rebajas futuras en numerosos sectores. La resolución no es firme y podrá ser recurrida por la petrolera ante la Audiencia Nacional mediante recurso contencioso-administrativo.
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