El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

Philippe Hababou Solomon sigue asegurando que él no se llevó los 2,5 millones de euros que en la primavera de 2020 le pagó el Ayuntamiento de Madrid por suministrar 500.000 mascarillas en el inicio de la pandemia. En el último escrito que ha enviado a un juzgado madrileño, el pasado 18 de diciembre, asegura que “no ha dispuesto ni ha incorporado los 2,5 millones de euros transferidos por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid [la empresa pública que oficializó la compra] para sí mismo”. El caso se instruye desde hace ya tiempo en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, que incluso dictó en abril de 2025 una orden de búsqueda y captura internacional contra Solomon, acusado de estafar al Gobierno local que dirige José Luis Martínez-Almeida.

En marzo de 2020, a los pocos días de decretarse el confinamiento en toda España por los estragos que estaba ocasionando el coronavirus, el Ayuntamiento autorizó la compra de medio millón de mascarillas a la empresa ‘Sinclair and Wilde’ por 2,5 millones de euros. El Consistorio realizó un primer pago de 1,25 millones el 24 de marzo. El 14 de abril se emitió el segundo pago por la misma cantidad. El Ayuntamiento recibió el material el 23 de abril, pero el director de Operaciones del Plan de Emergencia Municipal advirtió el 4 de mayo que, tras analizar las mascarillas, “existen indicios suficientes para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni europea”. Nadie pudo pedir explicaciones a Solomon, el administrador de ‘Sinclair and Wilde’. No se le pudo localizar.

“Las mascarillas recibidas no reunirían los requisitos técnicos de la normativa española, ni europea, por lo que resultaron inservibles para dotar con ellas al personal de los Servicios de Emergencia del Ayuntamiento de Madrid, no siendo finalmente distribuidas”, reza parte del sumario. La verdad es que el juzgado ha podido avanzar poco porque el principal investigado no ha sido localizado. Este empresario franco-israelí de origen tunecino remitió el pasado mes de septiembre al juzgado dos escritos de alegaciones. En uno de ellos, Solomon sostiene que él solo recibió por sus trabajos alrededor de 175.000 euros de los 2,5 millones que el Ayuntamiento abonó por las mascarillas. El resto del dinero, asegura, se destinó a la obtención del material sanitario, a pagar intermediarios y al transporte.

Pero a mediados de diciembre su defensa volvió a enviar otro escrito al juez matizando los remitidos en septiembre, en el que señala que de los 2,5 millones de euros transferidos en 2020 “el Sr. Solomon no dispuso ni incorporó dicha cantidad para sí mismo” y propone al magistrado que realice diligencias de investigación documental que acrediten el destino final de ese dinero. ¿En qué quedamos?, ¿se llevó 175.000 euros por su trabajo de intermediación?, ¿más dinero o menos? Infobae se ha puesto en contacto con su equipo jurídico para trasladarle algunas cuestiones, pero al cierre de esta información no había recibido respuesta. “Lo ocurrido con Sinclair y las mascarillas en 2020 no puede quedar enterrado por la desaparición durante casi dos años del principal encausado, Philippe Solomon. Estamos hablando de 2,5 millones de euros de dinero público, pagados por material defectuoso y a un precio hasta tres veces superior al valor real. Eso, como mínimo, exige explicaciones políticas claras”, señala Pedro Barrero, portavoz de Obras y Equipamientos y Políticas de Vivienda del grupo municipal socialista

Candidato a la Asamblea francesa

La localización, primero, y la toma de declaración del investigado, en segundo lugar, han sido desde el principio uno de los grandes obstáculos en la investigación. Solomon utiliza varias identidades y dispone de tres pasaportes (francés, israelí y de Guinea Bissau). El juez instructor ha tenido que librar comisiones rogatorias al Reino Unido y Estados Unidos. Al final, el juzgado madrileño acordó en abril de 2025 prisión preventiva, comunicada y sin fianza para el empresario y emitió una orden europea de detención y entrega. Y eso que varios medios de comunicación franceses publicaron en 2024 que Solomon se presentó como candidato a la Asamblea Nacional por la octava circunscripción electoral, que incluye Italia, el Vaticano, San Marino, Israel, Turquía, Grecia, Chipre y Malta. En otra entrevista se definía como “consultor geopolítico” con “más de 20 años involucrado extraoficialmente en asuntos públicos y diplomáticos”.

La defensa de Solomon ha aportado de nuevo los movimientos del ‘Bank of America’ del mes de abril de 2020 para acreditar que se trasfirieron entonces 302.142 dólares a Toshani Elaghel Adel con el concepto “intermediación de Said Arfal y Hicham Belardi”, tres personas que, presuntamente, participaron en la llegada de las 500.000 mascarillas a Madrid. A fin de acreditar esta operación, Solomon ha entregado también una carta firmada por Jose Antonio García, CEO de la mercantil Mercado Turístico Global SL, en la que se solicita a Solomon una transferencia a Toshani Elaghel Adel por 275.000 euros [los 302.000 dólares], así como un documento relativo a ‘Fee Protection Agreement’ (Acuerdo de Protección de Honorarios), por el cual ‘Sinclair & Wilde’ (la empresa de Solomon) garantiza el pago de una comisión de 275.000 euros a dicho beneficiario.

“Los documentos aportados son pertinentes y necesarios por cuanto tal y como ha quedado acreditado en esta instrucción, el Sr. Jose Antonio García está relacionado con Said y, a su vez, el Sr. Said está relacionado con Hicham Belardi. Todo ello se deduce de la declaración del Sr. Christian Alexander García Milde y de los correos electrónicos y whatsapps aportados por el mismo”, señala el escrito presentado por la defensa de Solomon. Y es que en la causa aparecen nombres de supuestos intermediarios que enmarañan y dificultan seguir el rastro al dinero pagado por el Ayuntamiento de Madrid.

“Todo ello acredita que, contrariamente a lo manifestado por algunos de los testigos que han depuesto en esta causa, ‘Sinclair and Wilde’ sí que pagó comisiones a los distintos intermediarios. Por tanto, una vez más, se acredita el destino del dinero, que lo fue tanto para el pago de los fabricantes de las mascarillas, transporte e intermediarios en dicha operación, tal y como ha venido acreditando esta defensa en los dos escritos precedentes, y como consta en los movimientos bancarios obrantes en las actuaciones de la entidad Bank of America”, concluye el último escrito remitido por Solomon, escrito en el que no se menciona la intermediación de otra empresa española, Aifos Servicios Legales y Consultoría, que logró entrar en contacto con el Consistorio a través del concejal del PP y presidente del Pleno de Madrid, Borja Fanjul.

El PSOE, acusación

Para el grupo municipal socialista, que está personado como acusación en el caso, “que ahora el empresario investigado diga que ‘no se llevó nada’ de los 2,5 millones no despeja ninguna duda; al contrario, refuerza la sensación de impunidad y de chapuza en la gestión. Si no hubo lucro personal, alguien tendrá que explicar entonces por qué se aceptaron esas condiciones y quién falló en los controles. El Ayuntamiento de Madrid no puede mirar hacia otro lado mientras el principal investigado ha estado huido de la justicia y ahora pretende eludir responsabilidades afirmando que no se llevó nada. Los madrileños tienen derecho a saber quién autorizó esa compra, quién la supervisó y por qué se pagó un precio injustificable con dinero público”, asegura el edil Barrero, que recuerda que “en plena pandemia se apeló al ‘todo vale’ para justificar decisiones que hoy sabemos que fueron gravemente lesivas para el interés público. La emergencia sanitaria no puede utilizarse como coartada permanente para eludir responsabilidades políticas en un caso que afecta directamente a la gestión municipal, en la que tuvo un papel relevante Borja Fanjul, presidente del Pleno y persona de máxima confianza del alcalde José Luis Martínez-Almeida.”

Mientras la investigación de esta estafa se prolonga en los juzgados, en marzo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Luis Medina y a Alberto Luceño del delito de estafa a pesar de embolsarse casi seis millones de euros en comisiones por intermediar en otra venta de material sanitario al Ayuntamiento de la capital en lo peor de la pandemia de coronavirus. El tribunal entiende que no se probó durante el juicio que los dos acusados engañaran durante la negociación con el Consistorio ocultando que no iban a cobrar esas comisiones. “Así ocurre en el mercado, donde es sabido que nadie regala nada por nada“, señala la sentencia. Luceño, no obstante, sí fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por falsedad de documento público (manipuló dos salvoconductos para poder circular durante el periodo que duró el confinamiento y un documento de identificación como agente del CNI) y por defraudar a Hacienda. Fue condenado al pago de una multa de 3,5 millones de euros y a indemnizar a la Agencia Tributaria con 1,3 millones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó esta sentencia hace unos días.