El Gobierno ha anunciado que prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un real decreto destinado a mejorar la retribución que reciben los abogados del turno de oficio, poniendo un foco especial en aquellos casos en los que los letrados logren cerrar acuerdos entre las partes enfrentadas.
Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en un comunicado recogido por EFE, esta modificación normativa responde a la necesidad de actualizar las bases económicas y reforzar las garantías para colectivos que muestran una mayor vulnerabilidad, como víctimas de terrorismo y de trata, entre otros.
La reforma del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que el Gobierno ha impulsado para su tramitación por la vía urgente, surge como resultado del trabajo conjunto con el Consejo General de la Abogacía Española. Entre las principales novedades recogidas en el decreto, el Ministerio ha resaltado la introducción de incentivos económicos específicos para aquellos abogados que, en el ejercicio del turno de oficio, consigan una solución consensuada en los litigios.
De este modo, los profesionales percibirán el 125 por ciento de la cuantía general fijada en el Reglamento cuando los procedimientos finalicen con acuerdo, aplicándose en cualquier jurisdicción e incluyendo los casos de conciliación en materia laboral.
Reconocimiento del derecho y mayores garantías para colectivos vulnerables
Este incentivo económico para la búsqueda de acuerdos, según ha explicado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tiene como finalidad no solo premiar el consenso entre partes, sino también contribuir a evitar procesos judiciales largos e inciertos para los clientes y aliviar la sobrecarga de los tribunales.
El Ministerio ha detallado que esta mejora retributiva se aplicará cuando se recurra a los conocidos como ‘medios adecuados de solución de controversias’ (MASC), definidos en la Ley de eficiencia de la Justicia, o bien cuando se formalicen acuerdos extrajudiciales que pongan fin a los procedimientos.
El decreto recoge, además, una actualización de los baremos económicos que rigen en procedimientos de especial complejidad en el ámbito penal, así como en el procedimiento penal general, una petición formulada por el Consejo General de la Abogacía Española. Junto a estos cambios, la reforma contemplada en el Reglamento reconoce expresamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita e inmediata para determinadas víctimas y colectivos, con independencia de su situación económica.
Se trata de las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, personas con discapacidad que requieran especial protección y mujeres y menores víctimas de violencia sexual. Con la modificación propuesta, estos grupos quedan asimilados a las víctimas de violencia de género, lo que implica que se les otorga el mismo nivel de protección y acceso a la asistencia jurídica gratuita.
Acuerdo entre Gobierno y Abogacía para una nueva ley en 2026
La negociación de este decreto se ha producido en el marco de las reuniones que mantienen regularmente el Ministerio y el Consejo General de la Abogacía Española. El ministro Félix Bolaños y el presidente del Consejo, Salvador González, han abordado este lunes el contenido de la propuesta y otras cuestiones que afectan de forma directa a los profesionales del sector legal.
Durante el encuentro, Bolaños ha reiterado su compromiso de que una nueva Ley de asistencia jurídica gratuita, que sustituirá a la vigente de 1996, vea la luz en los primeros meses de 2026, tal y como ha confirmado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
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