El Gobierno español ha puesto en marcha una operación política urgente para aprobar la subida de las pensiones y proteger, en la medida de lo posible, la moratoria antidesahucios destinada a inquilinos vulnerables. Ante la mayoría conservadora en el Congreso, el Ejecutivo decidió dividir el decreto ómnibus para sortear los vetos y garantizar el respaldo mínimo necesario, según ha adelantado El País.
El lunes por la noche, el gabinete de Félix Bolaños reanudó las negociaciones tras el rechazo parlamentario del decreto que vinculaba la revalorización de las pensiones al mantenimiento del escudo social. PP, Vox y Junts votaron en contra, defendiendo la actualización de las pensiones, pero exigiendo desvincular la moratoria de desahucios.
En respuesta, el Gobierno optó por separar el decreto: uno específico para las pensiones y otras medidas con consenso, y otro para la moratoria, que genera división. Moncloa contempla retrasar el debate y la votación si las negociaciones se complican, aunque prioriza asegurar la revalorización para los jubilados.
Tensiones y negociaciones
Las diferencias entre Junts y PNV han marcado el cambio de estrategia. Ambos partidos reclaman que la moratoria antidesahucios excluya a pequeños propietarios y, en el caso de Junts, también a quienes tienen hasta dos o tres viviendas. Coalición Canaria respalda esta petición. Los nacionalistas catalanes argumentan que el escudo, tal como está planteado, perjudica a propietarios que no pueden afrontar impagos de inquilinos vulnerables, a pesar de las compensaciones públicas previstas, cuya eficacia cuestionan.
El PNV ha reclamado que el Ejecutivo “replantee” el decreto para proteger a arrendadores individuales y eximirlos de la carga de buscar soluciones habitacionales, insistiendo en que esta responsabilidad debe recaer en la Administración. Así lo expresó la portavoz Maribel Vaquero, quien remarcó que la ayuda pública no debe perjudicar a quienes solo poseen una vivienda en alquiler.
Por su parte, Sumar y otros partidos de izquierda han presionado para mantener la moratoria. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, mostró disposición a ajustar la medida, siempre que no se comprometa la protección a las familias.
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, pidió en TVE que no se ceda a “chantajes de las derechas” y defendió priorizar la protección de pensionistas y familias vulnerables. El bloque de Sumar acepta separar los decretos, pero rechaza retrasar los acuerdos.
Despiece legislativo y precedentes
Ante el bloqueo, el Gobierno estudia repetir la táctica empleada el año anterior: dividir los decretos en uno social y otro económico, lo que en su momento permitió sumar el voto de Junts y desbloquear la subida de las pensiones, con apoyo posterior del PP.
La negociación actual gira en torno a excluir a pequeños propietarios de la moratoria, delimitando a quienes tengan una o dos viviendas, para facilitar el visto bueno parlamentario. Esta medida busca equilibrar el respaldo de los nacionalistas y de los partidos progresistas.
Otras fuerzas del bloque de investidura han defendido las medidas sociales. Eva García Sempere (Izquierda Unida) consideró inaceptable tener que elegir entre pensiones y protección social. Alberto Ibáñez (Compromís) reclamó incluir todas las medidas y exenciones fiscales. Gabriel Rufián (ERC) criticó rechazar un decreto con “la mayoría de las cosas buenas” por desacuerdo en un solo punto, según El País.
Pablo Fernández (Podemos) sugirió que, si la derecha y los nacionalistas catalanes insisten en rechazar la moratoria, el Gobierno podría presentar decretos mensuales o incluso asumir el pago del alquiler de las personas vulnerables para evitar desahucios, subrayando que corresponde al Ejecutivo buscar la fórmula más eficaz para aprobar la revalorización de las pensiones.
Escenarios abiertos y presión de los plazos
La continuidad de la moratoria antidesahucios sigue en duda. Si se votan por separado, la subida de las pensiones queda asegurada, pero aumenta el riesgo de que el escudo social no logre apoyo suficiente, lo que pondría en riesgo a unas 50.000 familias.
Las negociaciones, iniciadas el domingo, continuaron hasta la noche del lunes en busca de un acuerdo que evite la desprotección social y garantice el respaldo a los jubilados. El Gobierno mantiene abiertos los contactos, pendiente de un desenlace en las próximas horas.
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