La Generalitat expedienta a un funcionario por adjudicar una de las viviendas protegidas de Alicante a su mujer: omitió datos clave sobre la unidad de convivencia

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha abierto un expediente disciplinario con suspensión cautelar de empleo y sueldo a un funcionario por su actuación en el proceso de visado para la adjudicación de una vivienda de protección pública en Alicante. La investigación interna ha permitido constatar que el técnico avaló la concesión de una vivienda social a su propia mujer, omitiendo datos relevantes relativos a la unidad de convivencia de la que él mismo formaba parte, información clave para determinar si se cumplían los requisitos legales de acceso a este tipo de promociones.

La decisión se produce tras un segundo análisis solicitado por la Secretaría Autonómica de Vivienda, activado después de que salieran a la luz varias adjudicaciones de viviendas públicas en la zona de La Condomina, en la Playa de San Juan, a personas vinculadas a la administración. Entre los adjudicatarios figuraban una concejala del Ayuntamiento de Alicante, un arquitecto municipal y dos familiares directos de una alto cargo de la Generalitat. Tanto la edil como esta última dimitieron de sus responsabilidades tras conocerse los hechos.

Según fuentes del departamento autonómico, esta revisión adicional permitió detectar que uno de los funcionarios que había intervenido en la tramitación de los expedientes era cónyuge de una de las solicitantes. Además, se comprobó que en el expediente que revisó y elevó para su firma no figuraban datos esenciales sobre la composición real de la unidad de convivencia, lo que afecta directamente al cálculo de ingresos y a la posible existencia de inmuebles en propiedad que debían haberse tenido en cuenta en la evaluación.

Una revisión que destapa irregularidades

El origen del expediente disciplinario se sitúa en el 30 de enero, cuando la Secretaría Autonómica de Vivienda solicitó un primer informe a la Dirección Territorial de Vivienda de Alicante sobre el proceso de adjudicación de esta promoción de viviendas de protección pública (VPP), impulsada por la Cooperativa Les Naus. Ese mismo día, a primera hora, el secretario adjunto de la dirección territorial emitió un informe en el que aseguraba que todas las personas adjudicatarias cumplían con “la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa de aplicación”.

En concreto, el documento señalaba el cumplimiento de los criterios recogidos en el Decreto 68/2023 y en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, que regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana. Sobre esa base, se daba por correcta la emisión de los visados de los contratos de compraventa.

Sin embargo, tras la repercusión pública del caso y con el objetivo de verificar de forma exhaustiva que el procedimiento se había ajustado a la legalidad vigente, la Secretaría Autonómica solicitó ese mismo día un segundo informe, mucho más detallado. En él se requería información individualizada de todos los expedientes de visado de la promoción, incluyendo el procedimiento seguido, los funcionarios intervinientes y la documentación acreditativa presentada por cada solicitante.

El resultado inicial de esa segunda verificación fue la detección de una posible “comisión de varias faltas tipificadas como muy graves” por parte de un técnico funcionario. La Dirección Territorial concluyó que este trabajador público “revisó, tramitó y acreditó para su firma” el expediente de su esposa, declarando favorable el cumplimiento de todos los requisitos, pese a que se habían omitido datos relevantes sobre la unidad de convivencia y, por extensión, sobre los ingresos y el patrimonio que debían computarse.

La Generalitat llevará el caso a Fiscalía

A la vista de estos hechos, la Conselleria de Vivienda acordó la apertura inmediata de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de empleo y sueldo del funcionario implicado. El Gobierno valenciano ha anunciado además que trasladará toda la información recabada a la Fiscalía para que investigue la situación y determine si existen responsabilidades penales.

Desde la Conselleria se subraya que se trata de un caso en el que un funcionario, presuntamente, habría hecho un uso indebido de su posición en beneficio propio o de terceros. Al mismo tiempo, el departamento insiste en que “en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos” en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas durante la tramitación administrativa, al tratarse de un procedimiento de carácter técnico que corresponde exclusivamente al personal funcionario.

La Generalitat defiende que está actuando “con rigor y contundencia” ante unas informaciones que han generado un notable impacto público, al afectar a un ámbito especialmente sensible como es el acceso a la vivienda protegida. En este contexto, el Consell ha anunciado que reforzará los mecanismos de control para evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.

Entre las medidas previstas figura el refuerzo del sistema de revisión de los procedimientos de visado en las direcciones territoriales, así como la implantación de una nueva fórmula de comprobación mediante una mesa de verificación específica. Estas actuaciones se suman a los cambios ya introducidos en el Decreto 180/2024, recientemente aprobado, con el objetivo de incrementar la transparencia y el control en la adjudicación de viviendas de protección pública.

Fuentes del Gobierno valenciano insisten en que los hechos detectados son “plenamente inadmisibles” y no tienen cabida en una gestión pública responsable, subrayando la necesidad de preservar el interés general y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, especialmente en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda en zonas de alta demanda como la Playa de San Juan.