La Justicia investigará si hubo maltrato animal en el caso de un caballo de la Policía Nacional que fue sacrificado por recibir tarde el tratamiento

El Juzgado de Instrucción N.º 17 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el sindicato JUPOL por un presunto delito de maltrato animal agravado en relación con la actuación de la Dirección General de la Policía (DGP) en el caso del caballo Pomo, integrante de la Unidad de Caballería de Sevilla.

Pomo sufrió un grave accidente el 4 de septiembre de 2024 mientras prestaba servicio, quedando bajo la custodia y responsabilidad directa de la DGP, que “ostentaba una clara posición de garante sobre su salud y bienestar”, destaca la denuncia. Sin embargo, “lejos de recibir una atención especializada inmediata, el animal permaneció durante días sin las pruebas diagnósticas urgentes ni el tratamiento quirúrgico que su lesión requería”.

Según se recoge en la denuncia, “la primera radiografía se demoró cinco días pese a la gravedad evidente de la herida, y desde el inicio se planteó como única solución el sacrificio del animal, sin impulsar de forma real alternativas terapéuticas. Durante cerca de 23 días, Pomo permaneció en su box, apoyándose forzosamente sobre tres extremidades, una situación que incrementó de forma crítica el riesgo de lesiones secundarias graves”.

Una eutanasia “previsible y evitable”

“Fue gracias a la presión ejercida por JUPOL, la implicación de agentes y la movilización social, que se logró finalmente su traslado al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, donde fue intervenido quirúrgicamente con éxito inicial, demostrando que sí existían opciones reales de una vida digna y de un tratamiento que habían sido injustificadamente retrasadas”, destacan desde el sindicato.

Sin embargo, “el prolongado periodo previo de inacción” provocó una sobrecarga extrema en la extremidad sana, derivando en una infosura que terminó causando un deterioro irreversible. Finalmente, el 16 de octubre de 2024 se practicó la eutanasia humanitaria, no por el fracaso de la cirugía de la fractura, que se mantenía estable, sino por las consecuencias del agravamiento previo que, según la denuncia, era “previsible y evitable”.

Desde JUPOL señalan de forma directa la responsabilidad de la Dirección General de la Policía por la gestión del caso, pero “especialmente la de la jefa de los Servicios Veterinarios de la Policía Nacional, bajo cuya supervisión se adoptaron, o se permitieron, decisiones que, a juicio del sindicato, derivaron en un sufrimiento innecesario y en la muerte del animal”.

La denuncia considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal agravado por omisión, al haberse retrasado de forma injustificada la atención adecuada, impedido inicialmente el traslado a un centro especializado y mantenido como opción prioritaria el sacrificio del caballo.

“Pomo era un compañero de servicio”

“Pomo no era material policial, era un compañero de servicio. Los caballos de la Policía Nacional son seres sintientes que trabajan al lado de nuestros agentes y merecen un trato ético, profesional y acorde con la legislación actual de bienestar animal”, señalan desde la organización.

El sindicato recalca que “la admisión a trámite judicial supone un paso clave para depurar responsabilidades y para que situaciones así no vuelvan a repetirse dentro de las unidades policiales con animales”.

“JUPOL continuará personado en el procedimiento judicial e impulsará todas las actuaciones necesarias para que se investiguen los hechos, se determinen las responsabilidades individuales y jerárquicas y se garantice que la Policía Nacional cuente con protocolos veterinarios basados en criterios clínicos, éticos y de bienestar animal, y no en criterios de mera operatividad o coste”, explican. “Vamos a llegar hasta el final. Por Pomo y por todos los animales que forman parte de nuestras unidades”, concluyen.