Sara, la médica ecuatoriana sin papeles que trabaja de limpiadora y ansía la regularización: “Es muy violento lo que pasamos para sobrevivir”

No tener papeles ha marcado la vida de Sara, médica ecuatoriana de 38 años que llegó a España en 2022 en busca de nuevas oportunidades. La falta de regularización la ha obligado a aceptar empleos precarios, cuidando a personas mayores y niños o limpiando casas por horas, a pesar de contar con una década de experiencia como médica general en Ecuador. Sara planificó su migración: un año antes de mudarse a Madrid, inició el proceso para homologar su título universitario y ahorró dinero, para después viajar con un visado de turista pensando que pronto le convalidarían los estudios. Pero nunca imaginó que se encontraría con tantas trabas burocráticas en las oficinas de Extranjería, barreras que aún hoy la mantienen en situación irregular. Por eso, la nueva regularización de migrantes aprobada por el Gobierno supone para ella una puerta para lograr esa ansiada estabilidad.

Lejos de lo que pensaba, el proceso para homologar su título universitario se prolongó durante tres años y medio, y esa demora, explica a Infobae, la dejó en situación de irregularidad. Cuando por fin obtuvo la homologación, los problemas llegaron por parte de la oficina de Extranjería, pues aún a día de hoy Sara sigue esperando respuesta a la solicitud de arraigo sociolaboral, una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que pudo pedir tras conseguir un contrato de 20 horas semanales. Esta figura permite a personas extranjeras en situación irregular que hayan vivido en España al menos dos años y tengan contrato de trabajo solicitar la regularización de su residencia.

“Ahora que ya tengo el título homologado e incluso estoy colegiada, no puedo aceptar ninguna oferta de trabajo dentro mi sector porque aún no tengo la residencia por arraigo”, lamenta la mujer, cuyo objetivo es presentarse al MIR y obtener una especialidad médica en España. “El sistema está diseñado de forma que tienes que tener todas las piezas del puzzle, porque si te falta solo una, no puedes avanzar. Por eso sigo bloqueada y no puedo ejercer", añade.

Expuestas a más violencia

La situación de irregularidad implica que las personas migrantes queden expuestas a “una mayor violencia, tanto a nivel laboral como económico”, asegura, ya que no tienen más remedio que aceptar trabajos con salarios precarios y se enfrentan a despidos injustificados. La peor parte, explica, se la llevan las trabajadoras migrantes que se ven obligadas a trabajar como empleadas internas en limpieza y cuidados domésticos con jornadas extenuantes y salarios bajos, ya que su estatus les impide poder acceder a un alquiler y a empleos con mejores condiciones.

“Es un círculo vicioso, un limbo institucional que es resultado de que, si te falta una pieza, no puedes dar el siguiente paso”, insiste. “Es muy violento todo lo que se tiene que pasar para sobrevivir, porque lo que haces aquí es sobrevivir”, añade. Sara también recuerda que muchas personas migrantes encuentran obstáculos para empadronarse, ya que algunos ayuntamientos exigen documentos adicionales o dificultan el registro a quienes viven en habitaciones o viviendas compartidas. Esta situación también limita su acceso a servicios básicos y dificulta sus posibilidades de regularización.

En Madrid, de hecho, según publicó el diario El País, el empadronamiento de personas migrantes se ha convertido en todo un negocio y muchos extranjeros pagan entre 50 y 300 euros a intermediarios para empadronarse, debido a las trabas administrativas para acceder al padrón y las negativas de propietarios.

Compartir habitación con 38 años

En el caso de Sara, a lo largo de estos años solo ha podido acceder a empleos precarios en limpieza y cuidados, mientras que, en cuanto a vivienda, no le ha quedado más remedio que compartir habitación, ya que el acceso a una individual resulta casi imposible para una persona migrante sin papeles. “Si ya es difícil acceder a una vivienda para el español común que tiene un salario medio, para las personas migrantes es diez veces más complicado, y aún peor para quienes estamos en situación irregular. Estamos expuestas a más problemas, a todo tipo de estafas, y ni siquiera te puedes permitir un espacio personal individual y a veces a precios exorbitantes, que pueden situarse entre los 400 y 800 euros mensuales”, critica.

“Una victoria de los colectivos”

Sara, que a lo largo de todo este tiempo se ha poyado en colectivos de mujeres migrantes, además de militar en organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, valora de forma muy positiva la nueva regularización extraordinaria pactada entre el PSOE y Podemos, una medida que recoge el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que pretendía dar soluciones a las personas sin papeles. La propuesta superó la toma en consideración en abril de 2024 con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, pero quedó paralizada desde entonces por la falta de consenso parlamentario. Por eso el Gobierno decidió aprobarla a través de un real decreto.

“Es una victoria desde los colectivos y la sociedad civil, porque nos ha costado muchos años de lucha, así que es una alegría desbordante. Ahora tengo la esperanza de que esta regularización me permita acceder a un trabajo bien remunerado, que sea acorde a mi formación académica”, concluye Sara, aunque también muestra cautela y pide vigilancia para que la medida se cumpla y no se convierta en otra traba burocrática.

Por el momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha informado de que el nuevo proceso de regularización permitirá acceder a una autorización de residencia y trabajo a quienes hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, así como a quienes acrediten al menos cinco meses de residencia efectiva en el país antes de esa fecha. Para acreditar su estancia, se admitirán documentos como el empadronamiento, facturas o contratos de alquiler, entre otros documentos.

La autorización será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. Tendrá una duración inicial de un año y, al finalizar, permitirá acceder a los permisos habituales establecidos en el Reglamento de Extranjería.

No podrán acogerse quienes tengan antecedentes penales graves o supongan una amenaza para la seguridad. Las solicitudes podrán presentarse entre abril y junio de 2026.