Yolanda Díaz aclara que la propuesta a la CEOE “no va de bonificaciones fiscales” sino de “incentivos” para “sacar del SMI a la gente trabajadora”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que la propuesta del Gobierno a la patronal para cerrar el acuerdo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 no se basa en bonificaciones fiscales ni en ayudas directas, sino en un sistema de incentivos condicionado al compromiso empresarial de elevar salarios y reducir la dependencia del SMI en las empresas.

“No va de bonificaciones fiscales”, ha subrayado Díaz en una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, donde ha precisado que el planteamiento del Ejecutivo pasa por “sacar del salario mínimo a un porcentaje importante de la gente trabajadora”, vinculando cualquier mecanismo de acompañamiento público a la mejora real de las escalas salariales.

La ministra ha defendido que el acuerdo no debe centrarse únicamente en la subida del SMI, ya fijada por el Gobierno en un 3,1% -hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, con carácter retroactivo desde el 1 de enero y exención del IRPF-, sino en un cambio estructural del modelo salarial. “La economía va muy bien, los márgenes empresariales van bien, que redistribuyamos la riqueza, la renta y subamos los salarios”, ha afirmado.

Incentivos sin diseño técnico definido

El planteamiento del Ejecutivo se articula, por ahora, en un marco político y no normativo. Díaz ha dejado claro qué no serán estos mecanismos (bonificaciones fiscales clásicas o subvenciones directas), pero no ha concretado qué instrumentos jurídicos o económicos se utilizarán para articular los incentivos ofrecidos a las empresas.

“Si, con una serie de requisitos, suben los salarios a esa gente trabajadora, pues obviamente podemos tener incentivos para acompañarles”, ha señalado, vinculando cualquier apoyo público al compromiso efectivo de las empresas con la mejora salarial.

Este enfoque se produce después de que el Gobierno fijara formalmente la subida del SMI en la Mesa de Diálogo Social celebrada este lunes, donde también se planteó un sistema de incentivos para facilitar un acuerdo tripartito con sindicatos y patronal, pese a que el Ejecutivo puede aprobar la medida sin el respaldo de la CEOE.

Contratos públicos y sectores afectados

Díaz ha situado parte del debate en el impacto de las subidas del salario mínimo en sectores intensivos en mano de obra que operan mediante contratación pública, como la dependencia, los cuidados, la ayuda a domicilio o determinados servicios externalizados.

Según ha explicado, muchos contratos públicos se firmaron con condiciones económicas previas a las subidas del SMI, lo que genera tensiones cuando aumentan los costes laborales. En este contexto, el Gobierno defiende la necesidad de mecanismos de corrección y acompañamiento para evitar que el impacto recaiga exclusivamente sobre empresas y trabajadores de estos sectores.

No obstante, la ministra no ha concretado qué fórmula jurídica se utilizará para resolver este problema, ni ha anunciado aún ninguna modificación normativa específica.

Negociación abierta

Uno de los principales puntos de fricción en la negociación, la posible flexibilización de la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española, no ha sido concretado por el Ministerio de Trabajo tras la reunión de este lunes con los agentes sociales ni en la entrevista concedida por Díaz en RNE.

Aunque la patronal había situado este aspecto como uno de los elementos clave para respaldar el acuerdo -al impedir la normativa vigente trasladar automáticamente subidas salariales a los contratos públicos-, el Ejecutivo no ha anunciado cambios legales ni reformas normativas específicas sobre este marco jurídico. La cuestión, por tanto, permanece abierta y sin una propuesta técnica definida.

Con la decisión política sobre la subida del SMI ya adoptada, el foco del diálogo social se traslada ahora al diseño de los incentivos y al encaje del acuerdo con la patronal. La propuesta del Gobierno queda en manos de la CEOE y de las organizaciones sindicales, que volverán a reunirse el jueves de la próxima semana con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo que permita aprobar la subida del salario mínimo con el respaldo de todos los agentes sociales.