El Gobierno pacta con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes que lleven al menos cinco meses en España

Podemos ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno para aprobar una regularización extraordinaria de personas migrantes, una medida largamente demandada por los grupos de izquierda y que, según lo avanzado por la Cadena SER, recibirá luz verde este martes en el Consejo de Ministros. El pacto, alcanzado con el PSOE, permitirá iniciar un proceso de regularización para quienes puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en España y supondrá un giro relevante en una de las carpetas más sensibles de la legislatura.

El anuncio lo ha realizado la candidata de Podemos a las próximas elecciones, Irene Montero, que ha presentado el acuerdo como una respuesta política al racismo y a la situación de vulnerabilidad en la que viven miles de personas migrantes en el país. “Hay personas que en España viven con miedo a que la policía los pare”, ha afirmado Montero, vinculando la iniciativa a la necesidad de garantizar derechos y seguridad jurídica a quienes residen en territorio español sin documentación administrativa en regla.

La dirigente de Podemos ha enmarcado la medida en un contexto internacional marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias y por episodios de violencia policial, como el asesinato a tiros de un ciudadano estadounidense el pasado sábado en Estados Unidos a manos de la policía migratoria durante la etapa de Donald Trump. En ese sentido, Montero ha insistido en que “no podemos aceptar que haya gente que vive con miedo y sin derechos” y ha defendido la regularización como una herramienta para combatir la violencia racista desde el ámbito institucional.

Desde Podemos cifran en 500.000 los migrantes en situación irregular que podrían beneficiarse de esta medida extraordinaria. Detallan que dichos ciudadanos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio.

Una regularización pendiente desde el Congreso

La regularización extraordinaria que ahora impulsa el Ejecutivo estaba ya recogida en una Iniciativa Legislativa Popular registrada en el Congreso y respaldada por más de medio millón de firmas, impulsada por numerosos colectivos sociales. Sin embargo, la tramitación de esa iniciativa lleva más de un año y medio paralizada por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, lo que ha convertido la vía gubernamental en la alternativa para desbloquear el proceso.

Durante la legislatura, la regularización de migrantes ha sido una reivindicación constante de Sumar y del resto de fuerzas de izquierda. El pasado octubre, el socio del Gobierno reclamó al PSOE que aprobara la medida antes de que finalizara el mes, en un intento de sortear el bloqueo parlamentario. Aquel ultimátum no llegó a fructificar y la iniciativa siguió languideciendo en la Cámara Baja, atrapada entre posiciones enfrentadas dentro del propio bloque de investidura.

El principal escollo ha sido la divergencia de planteamientos entre los socios. Por un lado, el PP y el PNV registraron enmiendas orientadas a vincular la autorización de residencia a la existencia de un contrato de trabajo o de algún tipo de actividad económica. Junts, por su parte, condicionó cualquier negociación al traspaso de competencias en materia migratoria a Catalunya. Frente a ellos, las fuerzas de izquierda defendieron, en coordinación con el movimiento Regularización YA, una propuesta más amplia, con el objetivo de abarcar el mayor número posible de personas y de ligar el alcance de la ley a la futura fecha de entrada en vigor del texto.

Requisitos y efectos de la medida

Según lo anunciado por Irene Montero, la regularización afectará a todas las personas que se encuentren en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar una permanencia mínima de cinco meses en el país. Esa acreditación podrá realizarse mediante el empadronamiento o a través de otros documentos habituales, como informes médicos o contratos de suministro eléctrico, lo que amplía las vías para probar la residencia efectiva.

La admisión a trámite de la solicitud conllevará automáticamente la concesión de una autorización de residencia y trabajo por un año, además de la suspensión de los procedimientos de retorno que pudieran estar en marcha. Desde Podemos se subraya que esta medida permitirá sacar de la irregularidad administrativa a miles de personas que ya viven y trabajan en España, facilitando su integración social y laboral.

“El racismo se responde con derechos”, ha reiterado Montero en su intervención, en la que ha defendido que “papeles son derechos” y que la regularización es una forma de garantizar la dignidad y la seguridad de quienes actualmente viven en la invisibilidad administrativa. El mensaje ha sido reiterado en varios momentos del anuncio, con un tono marcadamente político y reivindicativo.

El anuncio se produce, además, en un contexto de competición electoral. Podemos se encuentra inmerso en la campaña de las elecciones en Aragón, donde concurre junto a Alianza Verde y se enfrenta a las candidaturas de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida-Movimiento Sumar. La comunicación del acuerdo con el Gobierno en plena campaña introduce un elemento de alto voltaje político en el debate electoral y refuerza el perfil de Podemos en una de sus banderas históricas.

Desde el Ejecutivo no se han ofrecido por el momento más detalles sobre el calendario ni sobre el desarrollo reglamentario de la regularización, aunque la previsión es que el Consejo de Ministros de este martes apruebe la medida de forma inmediata, dando así salida a una demanda que ha marcado buena parte del debate político y social de la legislatura en materia migratoria.