La ONG que ha denunciado a Julio Iglesias critica la vigencia de “las prácticas racistas y colonialistas” que cosifican a las mujeres

Para Women’s Link, los testimonios de Rebeca y Laura ponen de manifiesto cómo “la raza, la clase y el género” permiten la opresión de mujeres migrantes y racializadas con escasos recursos

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Dos extrabajadoras denunciaron a Julio Iglesias el 5 de enero por trata y abusos sexuales

Los testimonios de Rebeca y Laura han dado la vuelta al mundo. Son las mujeres que en una investigación publicada por elDiario.es y Univision han denunciado haber sido víctimas de agresiones, acoso sexual y vejaciones por parte de Julio Iglesias cuando trabajaban como internas en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas. En sus relatos han descrito encuentros en los que Iglesias habría aprovechado su posición de poder para forzar situaciones sexuales y someterlas a presiones psicológicas y humillaciones. A esto se suma que, según documentos recogidos en la investigación, se les exigió someterse a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo sin su consentimiento informado y bajo la amenaza de perder el empleo.

Las dos extrabajadoras migrantes, una empleada doméstica y una fisioterapeuta que han ocultado su verdadera identidad, presentaron la denuncia contra el cantante a través de Women’s Link, una organización internacional que acompaña legalmente a víctimas de violencia y discriminación. Infobae España ha conversado con una abogada de la entidad, Eliana Alcalá de Ávila, para conocer los detalles de este caso, que pone en evidencia “la dificultad de las mujeres vulnerables con escasos recursos para protegerse” y denunciar abusos en un entorno dominado por estructuras de poder.

Por el momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración como testigos protegidas a ambas mujeres, mientras que el acusado ha negado los hechos.

-Pregunta: ¿Qué supone para una víctima denunciar a una figura de fama global y poderosa como Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales?

-Respuesta: Supone muchas cosas, desde el sentido de supervivencia, a nivel económico, social y cómo va a impactar a su vida y la de su entorno, a la presión que supone enfrentarse a una persona muy poderosa y que probablemente tiene medios para disuadir a cualquier mujer, sobre todo a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad como en este caso, por ser mujeres racializadas y migrantes. Con esta figura de poder tan grande, hay unas diferencias diametralmente distintas de los recursos que se tienen. Supone, además, salir de un ciclo de violencia que no se reconoce desde un primer momento, que necesita tiempo.

Eliana Alcalá de Ávila, asociada
Eliana Alcalá de Ávila, asociada legal de Women's Link Worldwide. (Cedida a Infobae)

-P: ¿A qué delitos se enfrenta el cantante?

-R: La fiscalía es quien va a determinar, con sus investigaciones preprocesales, si hay datos suficientes para investigar ciertos tipos penales. Pero dentro de la evaluación jurídica previa que hicimos en Women’s Link, según los relatos de Laura y Rebeca, Julio Iglesias podría haber incurrido en los delitos de agresión sexual, acoso sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones y trata de personas con fines de explotación y trabajo forzado.

-P: ¿Os han contactado otras posibles víctimas?

-R: Nos han contactado más mujeres que alegan haber trabajado para el denunciado, pero, por seguridad, no vamos a dar más detalles al respecto, respetando el deber de confidencialidad que tenemos con estas personas.

-P: ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención del relato de las exempleadas en este caso?

-R: Lo que nos ha llamado la atención, y puede ser la respuesta también a por qué hemos decidido acompañar a Laura y Rebeca en sus pretensiones de justicia, es por la misión de Women’s Link de reconocer que todas las mujeres y niñas tienen el derecho a vivir una vida libre de violencias. Sobre todo cuando estas violencias están relacionadas con el racismo, con el patriarcado y con el colonialismo. Y este caso es un ejemplo, según los relatos de Rebeca y Laura, de cómo el colonialismo, la raza, la clase y el género siguen sosteniendo formas de opresión hacia ciertos cuerpos, que todavía, así como se ha visto históricamente, se ven disponibles sin asumir ningún tipo de consecuencias. Es reflexionar sobre cómo una persona poderosa, que tiene la clase, el estatus y los recursos, puede, presuntamente, haber cometido todos estos hechos. En ese sentido, quiero rescatar una de las definiciones de justicia de Rebeca, que ha explicado que “las personas poderosas también deben asumir las consecuencias de sus actos”, y esa es la búsqueda que estamos haciendo en este proceso.

Un agente de Policía Nacional
Un agente de Policía Nacional camina frente a la Audiencia Nacional en Madrid. (Diego Radamés - Europa Press)

-P: ¿Por qué habéis decidido llevar el caso a un tribunal español, más allá de que el denunciado sea de esta nacionalidad?

-R: Uno de los elementos principales es precisamente la nacionalidad del denunciado. España permite que se investiguen algunos delitos, sobre todo relacionados con violaciones de derechos humanos, aunque los hechos hayan sucedido en otro territorio. Pero más allá de eso, otra de las razones es el reconocimiento jurídico de que en España hay marcos de protección que pueden dar garantías para que tanto Rebeca como Laura accedan a la justicia.

-P: En la rueda de prensa que Women’s Link dio junto a Amnistía Internacional el 14 de enero, hablasteis de que había un patrón en este tipo abusos. ¿Consideráis que el trabajo doméstico es una puerta de entrada a la explotación laboral y la violencia sexual?

-R: Lastimosamente, tenemos que reconocer que el trabajo doméstico y los trabajos de cuidado en general han sido precarizados de forma estructural y sistémica. Y esto se profundiza más en estos escenarios de vulneración de derechos cuando son mujeres migrantes o racializadas, mujeres que de alguna u otra manera ven en el trabajo doméstico la única posibilidad de subsistencia. Y como es un trabajo tan precarizado, no se han dado las garantías suficientes para que mujeres que atraviesen situaciones de violencia en estos contextos donde trabajan puedan acceder a la justicia o puedan incluso tener unas garantías laborales mínimas para ejercer su trabajo en un marco de dignidad. Aún persisten las prácticas racistas, las prácticas colonialistas de ver a mujeres como objetos, y esto solo se ha transformado en estos nuevos escenarios que vemos en países del norte global.

Imagen de una empleada de
Imagen de una empleada de hogar. (Europa Press)

-P: ¿Faltan canales de denuncia para las víctimas de violencia sexual? ¿Qué medidas se deberían implementar para protegerlas mejor?

-R: Las víctimas enfrentan deficiencias en sentidos elementales, como el acceso a la información, pero también la posibilidad de acompañamientos que integren enfoques diferenciales adecuados, desde una mirada interseccional, con perspectiva de género, que también reconozca cómo el estado migratorio o la pertenencia étnico racial también incide en las formas y en las vivencias de violencia que sufren ciertos cuerpos y ciertas personas. Y los actores de justicia que están en estas redes de acompañamiento tienen serias deficiencias para poder abarcar estos hechos. Así como precisamente la confianza que pueden tener mujeres para acceder a la institucionalidad, una institucionalidad que ha fallado de forma estructural. ¿Cómo podemos exigirle a una mujer que ha atravesado estos ciclos de violencia que denuncie, si básicamente el Estado le ha fallado constantemente y, debido a esos fallos, también se ha visto expuesta a estas situaciones de violencia y de explotación?

-P: ¿Qué impacto esperáis que tenga este caso en el acceso a la justicia para otras víctimas de agresiones sexuales?

-R: Si bien está orientado centralmente a la visión de justicia de Rebeca y Laura, las sobrevivientes, también está orientado a generar precedentes legales sobre violencias y explotación en el trabajo doméstico. Una de las pretensiones es que se puedan establecer estándares judiciales en España, que se visibilice la relación entre racismo estructural, colonialismo y precarización del trabajo doméstico, así como sentar bases para reformas normativas y guías judiciales que fortalezcan las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar racializadas, migrantes o que puedan tener una condición de vulnerabilidad, tanto en España como en otros países de América Latina.

También creemos que este proceso puede dar garantías a otras víctimas de cuáles son las posibilidades de que el sistema les crea, de que el sistema también va a generar unas investigaciones que cumplan con sus derechos y que busquen protegerlas de estas condiciones de violencia donde se ven expuestas y desprotegidas.