España está bajo la lupa de Davos por el deterioro de sus servicios públicos. A las puertas de que se celebre en la ciudad suiza la próxima reunión del Foro Económico Mundial, su informe sobre los Riesgos Globales de 2026 sitúa por primera vez a España entre los países avanzados donde la calidad de los servicios públicos representa uno de los principales riesgos nacionales para los próximos dos años.
Según una encuesta realizada a líderes empresariales de 116 países, que identifican los desafíos más inmediatos para cada país, la preocupación por contar con “servicios públicos y protecciones sociales insuficientes” está entre los cinco riesgos más señalados, junto a la polarización social, la escasez de mano de obra, el endeudamiento y la falta de oportunidades económicas. “Por primera vez, la calidad de los servicios públicos en España entra en la lista de principales riesgos nacionales, situándose junto a la polarización social y la falta de talento”, recoge el documento, publicado este jueves.
Servicios públicos al límite
El informe señala varias causas. Por un lado, la presión fiscal y la infrafinanciación de los servicios públicos han situado la sostenibilidad de estos sistemas en una posición muy vulnerable. El incremento del gasto en pensiones, salud y dependencia, junto a un alto nivel de endeudamiento y unos tipos de interés elevados, limitan el margen para invertir y mantener la calidad de los servicios. “El agotamiento del modelo de financiación amenaza la sostenibilidad a largo plazo de servicios fundamentales como la salud, la educación y la protección social”, señala el texto elaborado por el Foro Económico Mundial.
Además, la infraestructura pública sufre un desgaste a nivel nacional, que se ha ido incrementando con los años. Muchas instalaciones no están adaptadas a los retos del cambio climático ni a las exigencias tecnológicas actuales. Este retraso en la modernización podría traducirse en fallos de servicios tan básicos como el suministro eléctrico, la sanidad, el acceso al agua o el transporte.
A todo esto, se le suma el envejecimiento de la población, que incrementa la presión sobre el sistema sanitario, las pensiones y los cuidados de larga duración. Y, a su vez, el descontento general ante la apreciación del deterioro de estos servicios alimenta la polarización y erosiona la confianza en las instituciones.
Deuda, envejecimiento y presión social
El Foro Económico Mundial sitúa a España en un grupo junto a otros países europeos como Francia, Italia y Reino Unido, regiones donde ha aumentado la preocupación por la financiación y la calidad de los servicios públicos. El informe advierte sobre la posibilidad de que una combinación de deuda elevada, envejecimiento poblacional y tensiones tecnológicas o climáticas obligue a aplicar recortes o a aceptar una degradación de los servicios esenciales. “La presión sobre las infraestructuras y servicios públicos, combinada con deuda creciente, limita la capacidad de respuesta ante futuras crisis y genera el riesgo de fractura social”, indica el informe.
Y el sector privado también comparte estas inquietudes. Los líderes españoles que participaron en la encuesta realizada por el Foro Económico Mundial, advierten de que la insuficiencia de servicios e infraestructuras públicas supone un peligro inmediato para la competitividad, la cohesión social y el bienestar general. Este diagnóstico, aunque afecta a España en gran medida, es una tendencia a nivel global en la que muchos países avanzados perciben que la capacidad estatal de garantizar servicios esenciales se encuentra en entredicho, algo que no ocurría desde hacía décadas.
Cuando los servicios fallan, se erosiona la confianza
Así, el informe alerta sobre el riesgo de entrar en un “círculo vicioso”. El deterioro de los servicios públicos genera más desconfianza y protesta social, lo que eleva la presión política y reduce la capacidad de reforma e inversión, una situación que perpetúa el deterioro. Con este panorama, el Foro Económico Mundial insiste en la necesidad de “reimaginar” la red de protección social y modernizar infraestructuras, siempre bajo criterios de solvencia fiscal.
Entre las posibles soluciones, el análisis sugiere fortalecer la colaboración público-privada, fomentar la eficiencia y la innovación en la prestación de servicios, y priorizar la inversión en mantenimiento y modernización. “El deterioro de los servicios públicos y sociales aparece como una preocupación mayor tanto en la agenda social como en la perspectiva empresarial del país, alimentando un círculo de desconfianza”, advierte el documento.
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