El 3 de enero de 2026 estará grabado en la memoria los venezolanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacía pública la captura del presidente Nicolás Maduro y ponía fin al régimen, ahora bajo liderazgo interino. Días después, se anunciaba la excarcelación de un “número importante” de presos políticos retenidos en Venezuela por el chavismo.
Entre los liberados, figuran cinco ciudadanos españoles, entre los que destaca la activista y abogada Rocío San Miguel, quien pasó 700 días exactos encarcelada en Helicoide bajo acusaciones controvertidas. La familia ha emitido un comunicado en el dice que “se encuentra en buen estado”, a pesar de haber pasado “cuatro meses con el hombro roto sin recibir atención médica”.
El Gobierno español celebró el regreso de la hispanovenezolana como un avance diplomático, mientras que la familia agradeció públicamente a Zapatero sus “gestiones” para la liberación de los presos. No obstante, las organizaciones de derechos humanos aún denuncian que se han liberado “únicamente a un grupo reducido, mientras cientos permanecen tras las rejas en Venezuela”.
Cronología del caso San Miguel
La mañana del 9 de febrero de 2024, Rocío San Miguel se dirigía con su hija al aeropuerto internacional de Maiquetía para viajar a Estados Unidos. Al llegar al aeródromo, funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) la abordaron con la excusa de verificar su estatus migratorio.
En cuestión de minutos, Rocío fue detenida por agentes de seguridad y trasladada a un destino desconocido, mientras su hija y otros familiares también eran arrestados. Durante más de 48 horas, no se supo cuál era su paradero, un periodo que algunos organismos internacionales calificaron como “desaparición forzada”.
“Se mantiene fuerte y confiada en su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz y de diálogo”, dijo entonces su abogado, Joel García. Las mismas palabras que ella trasladó a su familia desde la prisión.
Posteriormente, el gobierno de Maduro la vinculó a la supuesta operación “Brazalete Blanco”, acusándola de conspiración, traición a la patria y terrorismo, delitos que la activista rechazó categóricamente.
La situación de Rocío fue irregular desde el principio. No se le permitió nombrar a sus abogados de confianza, cuando sus defensores pedían acceder al expediente del caso se enfrentaban a obstáculos constantes y los plazos se iban cumpliendo sin que ella pudiera ejercer su derecho a defensa.
Pero lo más grave sucedió dentro de la cárcel, donde Rocío destacó los tratos crueles e intimidatorios de los funcionarios, la incomunicación prolongada con sus abogados y la falta de atención médica. La activista, tras un accidente en agosto de 2024, se rompió el hombro, pero no recibió asistencia médica hasta finales de año, dejándola graves secuelas en el brazo.
El camino hacia Madrid
Tras 23 meses de encierro, Rocío fue excarcelada el 8 de enero de 2026. Su traslado a España fue coordinado directamente por el Gobierno español y gracias a gestiones sostenidas durante más de un año por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la familia ha expresado su agradecimiento.
Llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras un largo viaje, con escala en Colombia. Sin embargo, su hermano, José Manuel San Miguel, advierte: “Esta situación no constituye libertad plena; se trata de una medida cautelar dentro de su proceso judicial”.
Su hermana llega a España con restricciones. “Mantenemos la esperanza firme de que todas las personas que se encuentran privadas por razones políticas en Venezuela puedan recuperar su libertad”, concluye la familia en su comunicado oficial.
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