Ábalos se vuelve a quedar sin abogado días antes de que el Supremo revise su prisión preventiva: Carlos Bautista abandona su defensa por impagos

El despacho Chabaneix Abogados Penalistas ha comunicado formalmente al Tribunal Supremo su renuncia a la defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Esta decisión se sustentaría en discrepancias económicas derivadas del impago de honorarios y que obliga al exsecretario de Organización del PSOE a buscar de manera inmediata una nueva representación letrada. El escrito, presentado por el exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, ante el magistrado instructor del ‘caso Koldo’, el juez Leopoldo Puente, se ampara en el artículo 50 del Estatuto General de la Abogacía Española y reclama además la paralización de los plazos procesales pendientes para evitar cualquier situación de indefensión del encausado, actualmente en la prisión madrileña de Soto del Real.

Fuentes del entorno del exministro explican que la decisión responde al impago de los honorarios del bufete y a un ultimátum que expiraba el 31 de diciembre, tras el cual el despacho decidió mantener su política interna de no hacer excepciones con ningún cliente. La renuncia fue comunicada personalmente en prisión a Ábalos por su letrado Carlos Bautista y ha sido notificada al Supremo, coincidiendo con la presentación del escrito de defensa cuyo plazo expiraba este 8 de enero. La defensa solicita al tribunal la suspensión de los plazos mientras se produce el relevo para no perjudicar procesalmente al ex titular de Transportes.

No es la primera vez que Ábalos cambia de abogado desde que estalló el procedimiento judicial. El pasado mes de octubre ya se había producido la ruptura con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, con quien el ex ministro alegó “diferencias irreconducibles”. Ese abogado había aconsejado en un primer momento colaborar con la Justicia para optar a eventuales atenuantes y, ante la negativa del exministro a admitir los hechos investigados, le recomendó renunciar a su acta de diputado y buscar un retraso del juicio en el Supremo. Finalmente, Ábalos se decantó por el despacho Chabaneix, que ahora abandona su defensa también por motivos ajenos a la estrategia jurídica.

Pese a la renuncia, y según apuntan fuentes jurídicas, es previsible que Bautista tenga que continuar de manera provisional al frente de la representación legal hasta que un nuevo letrado solicite venia ante el Tribunal Supremo, dadas las obligaciones de garantizar el derecho de defensa y el calendario procesal inmediato. No en vano, el Alto Tribunal ha fijado para el próximo 15 de enero la vista sobre la prisión preventiva del exministro, una cita clave en la que Ábalos deberá comparecer ya con nueva defensa, con abogado de oficio o, en último término, con el propio Chabaneix si el Supremo así lo requiriera dado que fue el despacho el que interpuso el recurso contra la medida de prisión provisional adoptada el pasado 27 de noviembre.

La maraña de causas

La renuncia del despacho se produce, además, en un momento procesal relevante, con el exministro inmerso tanto en la pieza del ‘caso Mascarillas’ —pendiente de ser enviada a juicio— como en la investigación sobre el presunto cobro de comisiones irregulares vinculadas a adjudicaciones de obra pública. En el extenso escrito de defensa presentado ante el Supremo, de 72 páginas, se solicita la exoneración del exministro de los delitos imputados, argumentando que los contratos de adquisición de mascarillas se ajustaron a la legalidad, que no hubo pagos ilícitos, ni trato de favor en el rescate de Air Europa, ni gestiones irregulares para la obtención de licencias empresariales, ni dádivas o recompensas asociadas a su actuación.

La defensa sostiene que se ha vulnerado de manera “brutal” el derecho de defensa de Ábalos al cerrarse la instrucción sin permitir el acceso íntegro al material incautado ni la práctica de diligencias solicitadas para contrarrestar la tesis acusatoria. Critica igualmente que no se aceptaran pruebas propuestas por la defensa, que no se investigaran determinadas comunicaciones interceptadas en su contexto y que se iniciase la investigación sin la preceptiva autorización del Congreso, además de cuestionar la credibilidad de algunas de las declaraciones incorporadas a la causa.

El escrito incluye además una amplia lista de más de sesenta testigos, entre ellos responsables políticos y altos cargos institucionales, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el ministro Ángel Víctor Torres; el exCEO de Air Europa Javier Hidalgo o la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y plantea que el empresario Víctor de Aldama deba responder en juicio con obligación de contestar, apelando a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.