El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que cite a declarar a varios altos cargos institucionales como testigos en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Entre ellos figuran los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Así consta en un escrito presentado por su hasta ahora abogado en el ‘caso Koldo’, el exfiscal Carlos Bautista, quien ha renunciado a seguir ejerciendo su defensa alegando “diferencias contractuales”.
Ábalos, que sostiene que los hechos por los que será juzgado “no son constitutivos de delito alguno”, reclama que Marlaska comparezca para explicar las compras realizadas por el Ministerio del Interior a la empresa Soluciones de Gestión SL, la misma compañía que suministró mascarillas al Ministerio de Transportes. En el caso de Torres y Armengol, la solicitud hace referencia a las adquisiciones efectuadas por los gobiernos de Canarias y Baleares, que ambos lideraban cuando recurrieron a la citada empresa durante los meses más críticos de la Covid-19.
Amplia lista de testigos propuesta
La defensa del exministro solicita además la comparecencia de otros responsables públicos relacionados con las adjudicaciones investigadas. En la lista figuran la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, ambos imputados en la rama del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional. También se pide la declaración del que fuera presidente de Puertos del Estado hasta 2021, Francisco Toledo Lobo, y del exsecretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares.
El documento incluye igualmente la solicitud de que testifiquen las autoras del informe de auditoría encargado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que señalaba presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas firmados en 2020 por organismos dependientes del ministerio. Asimismo, se reclama la comparecencia del exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ruiz, que ejercía como número dos de Marlaska durante la pandemia.
A nivel orgánico, la defensa pide además que declare el exgerente del PSOE Mariano Moreno y una trabajadora de la Secretaría de Organización socialista, Celia Rodríguez, para aclarar cualquier sospecha sobre supuestas fuentes de ingresos vinculadas al exministro a través del partido. El escrito reclama también la testifical del hijo mayor de Ábalos, Víctor Ábalos, y de Joseba García, hermano de Koldo García, quien fue su principal asesor en Transportes. Según el documento, su declaración serviría para reafirmar “la inexistencia de pagos irregulares o dádivas” relacionadas con el exministro.
En la relación de nombres aparece igualmente la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y Claudia Montes, ex Miss Asturias sénior, mencionada en la causa por un supuesto enchufe en la empresa pública LogiRaíl tras contactar con Ábalos. Se solicita también la comparecencia del propietario de Soluciones de Gestión SL, Juan Carlos Cueto, además del ex secretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura y de Juan Ignacio Díaz Bidart, exdirector de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.
Procesamiento, acusaciones y contexto del caso
El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, procesó a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama al considerar que “se concertaron” para aprovechar la posición institucional del entonces ministro y su presunta capacidad de influencia. Según el juez, el objetivo habría sido beneficiarse económicamente de adjudicaciones públicas vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia, así como de otras oportunidades derivadas de esa influencia.
La causa fue dividida el pasado septiembre, dejando en la pieza principal las investigaciones relacionadas con los contratos de mascarillas y reservando otra parte para la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Víctor de Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan a 30 años la petición de cárcel para el exministro y su antiguo asesor, mientras coinciden con el Ministerio Público en la pena solicitada para el empresario.
Mientras tanto, la situación personal y jurídica de Ábalos afronta un nuevo frente tras la renuncia de su abogado. Carlos Bautista comunicó al Supremo su decisión de abandonar la defensa del exministro por motivos económicos, después de haber asumido el caso hace apenas unos meses, tras la ruptura de Ábalos con su anterior letrado. Ahora el exministro deberá designar a un nuevo representante legal para afrontar un juicio que examinará en detalle las decisiones adoptadas durante la gestión de la pandemia y las adquisiciones de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, así como por organismos y administraciones que también recurrieron a la misma empresa suministradora.
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