De combatir la emergencia climática a lograr una vivienda más asequible: los 10 retos ambientales que marcarán 2026 en España

Después de un 2025 que dejó en España temperaturas récord, incendios forestales descontrolados y episodios climáticos extremos cada vez menos excepcionales, el nuevo año se abre paso cargado de preguntas y decisiones urgentes en materia medioambiental. La emergencia climática ya no es una amenaza futura, sino el contexto en el que vivimos, y frente al que la adaptación y la ambición política y social se vuelven inaplazables.

Si bien en 2025 hubo avances destacados, como el Tratado de los Océanos para proteger el 30% de las aguas internacionales, la nueva ley de movilidad sostenible, el freno a la minería submarina o victorias de la sociedad civil como el cierre de la macrogranja de Noviercas (Soria), este 2026 los desafíos medioambientales se multiplican y se conectan entre sí. Esto debería obligar a gobiernos e instituciones a repensar cómo habitamos el territorio, cómo producimos y cómo protegemos lo que nos protege. Más que nunca, el reto es convertir las lecciones aprendidas en acciones concretas que marquen un antes y un después.

Por todo ello, la organización ecologista Greenpeace pone sobre la mesa 10 retos que no solo dibujan un mapa de urgencias ecológicas, sino también de oportunidades para cambiar el rumbo. En primer lugar, aboga por un cierre nuclear sin retrasos, por lo que pide al Gobierno central que mantenga la hoja de ruta prevista, sin prórrogas como la que reclaman las eléctricas para la central de Almaraz en Cáceres. “El Gobierno debe mantenerse firme ante las presiones de las eléctricas y, con ello, evitar el freno a la transición energética, a las inversiones en renovables y al sobrecoste acumulado en la factura de la luz”, indica Greenpeace en un comunicado.

La organización también pide la implementación real del Tratado de los Océanos, con el objetivo de lograr la identificación y designación de los primeros santuarios marinos en aguas internacionales para cumplir el objetivo 30×30 de proteger y gestionar eficazmente el 30% del planeta para el año 2030. El 30×30 es el objetivo de conservación más grande hasta la fecha, después de que en 2022 más de 190 países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Otro de los retos clave para Greenpeace es que haya una mayor adaptación y más ambición ante la emergencia climática, reduciendo las emisiones e impulsando una transición energética “eficiente, suficiente, 100% renovable y justa, que proteja la naturaleza y la salud de las personas”, por lo que debe basarse en la ciencia y contar con una participación ciudadana real, añade. “Es clave avanzar en la adaptación urbana frente a los impactos del cambio climático con medidas transversales, locales y participadas que reduzcan la exposición al riesgo de personas y servicios esenciales y usen la biodiversidad como aliada”, subraya.

Otro desafío es que las diferentes instituciones aporten soluciones reales contra los grandes incendios forestales: poner en marcha políticas eficaces de prevención frente a los incendios de alta intensidad con la financiación adecuada, sin olvidar que aspectos como la restauración de espacios degradados por el fuego y el fortalecimiento de la gestión del territorio también son clave.

En quinto lugar, se sitúa la defensa de la democracia y la protesta, es decir, frenar la criminalización del activismo climático y proteger el derecho a la protesta pacífica. Otro paso imprescindible para reducir los impactos ambientales es que se que se dé un impulso decidido a la agroecología y que se mantenga la moratoria a las macrogranjas. Este modelo de ganadería industrial a gran escala, asegura Greenpeace, produce enormes cantidades de residuos que, cuando no se gestionan adecuadamente, contaminan acuíferos y ríos con nitratos.

“A la vista de los problemas ambientales y de salud, se debe transformar el modelo agroalimentario, prohibir nuevos proyectos de ganadería industrial y apostar por un sistema en el que la ganadería y la agricultura sean sostenibles económica, social y ambientalmente”, sostienen.

En el plano global, Greenpeace exige un calendario claro para abandonar los combustibles fósiles, eliminando “los enormes subsidios públicos que aún reciben”. La Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, en Colombia, y la COP31 serán citas clave en este sentido.

A nivel social, garantizar una vivienda digna, asequible y sostenible también es otro de los retos que plantea la organización, de manera que se implementen políticas y se eliminen las barreras existentes para la rehabilitación de casas.

Enterrar de forma definitiva el proyecto de Altri, en Galicia, también es una de las demandas de la organización ecologista, que considera que la Xunta de Galicia debe desestimar finalmente la construcción de la planta de macrocelulosa en Palas de Rei, Lugo, y proteger la comarca de A Ulloa. La planta prevé producir cerca de 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 de fibra lyocell al año, además de biomasa y yeso, para lo que Altri necesitaría extraer 46 millones de litros de agua diarios. Esta cantidad equivale al consumo de agua de toda la provincia de Lugo, además de que incrementaría las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) y otros contaminantes causantes del cambio climático, según las denuncias del movimiento ecologista y vecinal.

El último reto mediambiental que destaca Greenpeace para este 2026 es la importancia de reforzar el dinero público mediante una fiscalidad justa, en la que las grandes fortunas y las industrias más contaminantes contribuyan de acuerdo con su responsabilidad real. No se trata solo de recaudar más, señala la organización, sino de invertir mejor en servicios públicos, protección social, vivienda digna y la lucha contra la crisis climática.

Este año se abre además una ventana única. Los compromisos asumidos en la Cumbre de Sevilla y en la COP30, junto con las negociaciones para una futura Convención de Fiscalidad en Naciones Unidas, ofrecen una oportunidad histórica para poner límites a la evasión fiscal y acabar con los privilegios de quienes más contaminan. Si se aprovecha, concluye Greenpeace, el dinero público puede convertirse en una herramienta clave para reducir desigualdades y acelerar la transición ecológica sin dejar a nadie atrás.