Las promesas laborales incumplidas pueden tener repercusiones legales y financieras para las compañías que no cumplen lo pactado. Este tipo de situaciones no solo afecta la relación entre empleador y futuro empleado, sino que también puede desembocar en litigios que resultan costosos para las empresas.
Los expertos en derecho laboral advierten que las ofertas de trabajo formalizadas por escrito constituyen un compromiso legal, cuya ruptura puede ser interpretada como un acto lesivo hacia la persona que confió en una incorporación. Además, la proliferación de contenidos sobre derechos laborales en redes sociales ha facilitado que más personas conozcan sus derechos y sepan cómo actuar en estos casos.
Un ejemplo reciente pone en evidencia la importancia de documentar todas las etapas del proceso de selección, ya que las pruebas escritas y la comunicación formal pueden ser determinantes en un juicio.
El abogado Miguel Benito, conocido por divulgar temas legales en su cuenta de TikTok (@empleado_informado), explicó que una reciente sentencia ha obligado a una empresa a pagar una indemnización de once mil euros a una trabajadora tras retirar una oferta de empleo que había quedado registrada por escrito.
Escenario habitual
Según relató Benito en el video publicado, el caso involucra a una mujer que participó en un proceso de selección en la empresa B, mientras aún trabajaba en la empresa A, y recibió una promesa de contratación formal. El especialista recalcó: “Una indemnización de once mil euros a favor de una trabajadora a la que se le prometió un puesto de trabajo y finalmente no se le entregó”.
Benito detalló cómo la situación se desarrolló a partir de un escenario habitual en el mercado laboral: una persona que, tras recibir una oferta formal y escrita, decide abandonar su empleo actual con la expectativa de mejores condiciones. El abogado subrayó que la afectada “dimite de la empresa A y cuando se va a incorporar a la otra le dicen que no, que finalmente han decidido no cubrir ese puesto de trabajo”.
El experto puntualizó que la decisión de la trabajadora resultó lógica al confiar en la veracidad de una promesa respaldada por un documento. No obstante, el giro inesperado al negar la contratación expuso a la empresa a una reclamación judicial.
Indemnización por prejuicios ocasionados
De acuerdo con lo expuesto por Miguel Benito, el tribunal valoró que la actuación de la empresa B fue más grave que una simple anulación de la oferta. El abogado remarcó: “Además de incumplir su palabra, se ha demostrado que la empresa B sí cumplió esa contratación. Lo que pasa que se decantó por otro candidato después de haberle dicho a esta persona que iban a contar con ella”.
Este elemento, según el especialista, fue determinante para que los jueces reconocieran un daño económico concreto, ya que la persona afectada había renunciado a un puesto estable y perdió una oportunidad laboral. La jurisprudencia reciente sugiere que las empresas deben actuar con máxima cautela cuando comunican decisiones de contratación, y que los compromisos escritos adquieren un valor probatorio relevante.
El tribunal concluyó que la empresa debía compensar a la trabajadora de acuerdo al perjuicio ocasionado, estableciendo la cifra de once mil euros como indemnización. Benito indicó que este fallo fija un precedente sobre cómo la ley protege a quienes sufren daños por la retirada injustificada de ofertas laborales.
La sentencia refuerza la necesidad de que tanto empresas como trabajadores documenten cada paso en el proceso de selección laboral para evitar conflictos legales y posibles sanciones económicas.
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