Europa endurece sus leyes en 2026 con el arancel al carbono: qué otras normativas del Pacto Verde entran en vigor el 1 de enero

Europa entra en una nueva fase de su agenda verde a partir de 2026. El calendario de la UE marca el 1 de enero como una fecha clave en la que entran en vigor varias normativas que pretenden redefinir cómo se produce, se importa y se regula en el continente. Entre ellas, está el llamado arancel al carbono y otras reglas sobre sustancias químicas, contratación pública y seguridad de productos. Un marco legal que confirma la gran apuesta de Bruselas por la transición climática.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, conocido por sus siglas en inglés como CBAM, entra mañana jueves, 1 de enero, en su fase definitiva. Tras varios años de preparación, la UE pasa de la teoría a la práctica con uno de los instrumentos más ambiciosos, y polémicos, del Pacto Verde Europeo. En cuanto comience 2026, importar determinados bienes con una elevada huella de carbono tendrá un coste económico directo asociado a las emisiones de CO₂ generadas durante su producción.

Este sistema afecta, principalmente, a sectores considerados estratégicos y con altas emisiones: acero y hierro, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad. Las empresas que introduzcan estos productos en el mercado comunitario deberán adquirir certificados específicos que reflejen el volumen de emisiones incorporadas en cada mercancía. El precio de esos certificados no será arbitrario, sino que estará ligado al mercado europeo de derechos de emisión, el EU ETS, que ya regula a gran parte de la industria dentro de la UE.

El arancel al carbono deja la fase de prueba y comienza a aplicarse

Hasta ahora, el CBAM se encontraba en una etapa transitoria. Entre 2023 y 2025, las compañías solo estaban obligadas a declarar las emisiones asociadas a sus importaciones, sin pagar por ellas. Ese periodo ha servido para ajustar procedimientos, recopilar datos y preparar tanto a las autoridades como a los operadores económicos. A partir de 2026, sin embargo, informar ya no será suficiente y habrá que pagar.

Con esto, Bruselas tiene dos objetivos. Por un lado, evitar la llamada “fuga de carbono”, es decir, que las empresas deslocalicen su producción a países con normas ambientales menos estrictas para luego reintroducir los bienes en Europa. Por otro, garantizar que los productores europeos, sometidos a reglas climáticas más severas, no compitan en desventaja frente a fabricantes de terceros países.

Con todo, el diseño inicial del arancel al carbono ha preocupado a una parte del tejido empresarial. Conscientes de esa tensión, las instituciones de la UE cerraron el pasado mes de junio un acuerdo para simplificar el mecanismo. En la práctica, esta revisión reducirá de forma drástica el número de empresas obligadas a pagar el recargo, ya que alrededor del 90% quedará exento, al concentrarse la carga administrativa y económica en los grandes importadores con mayores volúmenes de emisiones.

Aun así, no todos los sectores están satisfechos. Patronales como la Asociación Española del Aluminio han advertido de que, tal y como está concebido el CBAM para este metal, su impacto podría ser muy negativo. Desde la industria se ha pedido incluso una paralización temporal del sistema hasta que se revisen los parámetros específicos, al considerar que puede poner en riesgo la competitividad de un sector ya presionado por los costes energéticos.

Sustancias químicas, contratación pública y consumo, las otras normas que llegan en 2026

Más allá del arancel al carbono, el 1 de enero de 2026 marca la entrada en vigor de otras normas menos conocidas, pero muy importantes para el funcionamiento del mercado interior. Una de ellas es el reglamento que crea una plataforma común de datos sobre sustancias químicas. Se trata de una especie de archivo europeo diseñado para centralizar información, mejorar la transparencia y reforzar la coordinación entre autoridades nacionales, empresas y la ciudadanía.

Este nuevo instrumento busca hacer más coherente la gestión de los riesgos asociados a los productos químicos, un ámbito especialmente sensible para la salud pública y el medio ambiente. Al facilitar el acceso a datos fiables y actualizados, la UE pretende reforzar su marco regulador y ofrecer mayor seguridad jurídica a la industria, al tiempo que mejora la protección de los consumidores.

También se actualizarán los umbrales económicos que determinan cuándo se aplican las normas comunitarias de contratación pública y concesiones. Estos límites, que se revisan periódicamente, fijan a partir de qué importe deben someterse los contratos a los procedimientos europeos. La actualización para los años 2026 y 2027 responde tanto a la evolución económica como a los compromisos internacionales asumidos por la UE en esta materia.

En el ámbito del consumo, otra novedad relevante es la entrada en vigor formal del nuevo Reglamento sobre la Seguridad de los Juguetes. Aunque la norma comenzará a aplicarse jurídicamente el 1 de enero de 2026, no será obligatoria hasta agosto de 2030. Este amplio margen temporal pretende dar al sector el tiempo suficiente para adaptarse a unos requisitos más estrictos, especialmente en lo relativo a la presencia de sustancias químicas peligrosas.