La Agencia Tributaria desmantela un fraude de IVA de más de 300 millones en hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha desmantelado una de las mayores redes de fraude de IVA detectadas hasta la fecha en España en el sector de los hidrocarburos, con una estructura formada por 38 sociedades y un fraude imputado de más de 300 millones de euros solo en 2024, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Esta operación, denominada ‘Pamplinas Stars’, se ha desarrollado a nivel nacional en doce localidades de siete provincias, con la detención de cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión provisional por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, ha supuesto la inhabilitación de las sociedades implicadas y su expulsión del mercado mayorista de hidrocarburos.

La red comenzó con un operador al por mayor que vendía grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023 y basaba su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales.

En el marco de la operación, han participado más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria y se han intervenido numerosos bienes: 82 vehículos valorados en tres millones de euros, dos embarcaciones por más de 63.000 euros, y 48 inmuebles cuyo valor alcanza los 10,8 millones de euros. Además, se han bloqueado cientos de cuentas bancarias con fondos superiores a seis millones de euros y se han intervenido criptoactivos, 42 relojes de gama alta, 12 bolsos y otros artículos de lujo con una valoración de más de 440.000 euros, un volumen de dinero en efectivo que supera los 314.000 euros y 178 kilos de metales preciosos —oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio— valorados en más de 350.000 euros.

El epicentro de la red desarticulada se situaba en Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca); Montoro y Lucena (Córdoba); Marbella, Estepona y Mijas (Málaga); y Vigo (Pontevedra). Se trata, según la información oficial, de una de las mayores tramas de fraude fiscal desarticuladas en el sector de hidrocarburos en el país, cuyo alcance ha generado distorsiones relevantes en el mercado y la Hacienda pública.

Estructura y funcionamiento del fraude en hidrocarburos

La organización criminal contaba con una estructura de 38 sociedades y una amplia red de testaferros y asesorías legales que facilitaban la continuidad del fraude y la transferencia de fondos fuera de España, dificultando así su trazabilidad. Esta arquitectura perseguía dos fines: evitar el ingreso del IVA repercutido por la venta de hidrocarburos y trasladar las ganancias provenientes del fraude al extranjero.

El modus operandi de la trama se basaba en la adquisición y uso sucesivo de sociedades con alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos (Redef), que permitía mantener la operativa irregular cada vez que la Agencia Tributaria daba de baja a un operador detectado como fraudulento. Esta mecánica resultaba especialmente eficaz debido a las lagunas legales vigentes antes de la reforma de enero de 2025, cuando las empresas únicamente debían presentar declaraciones trimestrales y notificar a clientes y proveedores una vez al año, lo que facilitaba la manipulación de las obligaciones tributarias.

La investigación identificó tres grandes operadoras sucesivas. La primera, investigada desde mediados de 2024, mantenía un esquema basado en declaraciones de IVA devengado inferiores a las ventas reales y soportado desproporcionadamente elevado. Utilizaba empresas instrumentales para facturar a los destinatarios finales. Tras ser dada de baja en el Redef a mediados de 2024, la actividad fraudulenta continuó con una segunda operadora, que entre octubre y noviembre de 2024 habría cometido un fraude de 123 millones de euros. Posteriormente, una tercera operadora inició actividades fraudulentas a mediados de diciembre, siendo baja en el Redef cinco días después.

Cambios normativos

Según señala el Ministerio de Hacienda en el comunicado, “la relevancia del fraude cometido por las dos últimas organizaciones desmanteladas, en ambos casos del orden de los 300 millones de euros, pone de manifiesto la importancia de las modificaciones normativas y operativas desplegadas en los últimos años”. Desde enero de 2025, todas las sociedades con alta en el Redef están obligadas a presentar declaraciones mensuales y a integrarse en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), lo que, en palabras del Ministerio, “de forma inmediata obligará a los operadores a abonar o garantizar el IVA devengado como consecuencia de la salida del hidrocarburo del depósito fiscal con carácter previo a esa salida”.

El objetivo de la nueva regulación es impedir la reiteración de esquemas similares, que aprovechaban la declaración diferida y la falta de trazabilidad de las operaciones, dificultando así el fraude masivo y la elusión de obligaciones tributarias. Este endurecimiento normativo busca reforzar la protección de la Hacienda pública y restablecer la competencia legítima en el sector de hidrocarburos, eliminando los incentivos al comportamiento fraudulento.

El Ministerio de Hacienda destaca, asimismo, que el método empleado por la red implicaba “un rápido aumento de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional”, reuniendo el impacto económico en periodos cortos y produciendo un efecto distorsionador tanto para la administración tributaria como para los operadores cumplidores.

La operación ‘Pamplinas Stars’ sigue adelante en una segunda fase centrada en el análisis de la documentación obtenida en los registros. El proceso judicial continuará bajo control del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, con todos los bienes intervenidos bajo embargo preventivo.