La Unión Europea ha decidido posponer la firma del acuerdo de asociación con Mercosur, prevista para este sábado en Brasil, tras las reticencias manifestadas por Francia e Italia, impulsadas por las protestas del sector agrícola y exigencias políticas internas. El retraso empuja el cierre del pacto al menos hasta enero, mientras la presión de los agricultores y el ambiente político condicionan los avances en la ratificación.
El acuerdo, negociado durante 26 años por la Comisión Europea y los países pertenecientes a Mercosur, debía suscribirse en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, durante la cumbre del bloque latinoamericano. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tenía previsto acudir al encuentro para culminar el pacto, pero los Estados miembros de la Unión Europea (UE) descartaron someter el documento a votación previa, impidiendo la firma.
El cierre del acuerdo previsto para este año se esperaba como uno de los últimos hitos de la presidencia brasileña del Mercosur. Según datos divulgados por el bloque europeo, su aprobación requería el apoyo de, al menos, el 55% de los Estados miembros, que representen el 65% de la población comunitaria.
La negativa de Italia y Francia, clave para el retraso
La ausencia de mayoría cualificada en la reunión del Consejo de la UE ha bloqueado el proceso para seguir adelante con el acuerdo, ya que la normativa europea exige ese umbral para la ratificación de pactos internacionales. Sin ese mandato explícito, Von der Leyen no puede proceder a la firma hasta al menos “principios de enero”, cuando los socios europeos no volverán a tratar formalmente el tema.
Durante las negociaciones, la UE había logrado consensuar varias cláusulas de salvaguardia para proteger a los productores europeos frente al aumento de importaciones desde el Mercosur o precios inferiores en ciertos productos. El Parlamento Europeo intentó que el texto incluyera una llamada “cláusula espejo” destinada a exigir que las exportaciones del Mercosur cumpliesen los mismos estándares agrarios que rigen dentro de la UE. Estas condiciones no prosperaron porque resultaban jurídicamente incompatibles con el marco de negociación original.
La posición de Francia e Italia ha resultado decisiva en este desenlace. Francia manifestó sus reservas sobre el acuerdo argumentando la falta de “salvaguardas” para proteger a los productores agrícolas nacionales. Los trabajadores de este sector en Francia rechazan nuevas concesiones a productos del Mercosur sin garantías ante desafíos como el cambio climático y los efectos de la guerra en Ucrania. El presidente Emmanuel Macron vinculó el respaldo francés al acuerdo a la obtención de condiciones adicionales vinculadas a la Política Agrícola Común (PAC) y aseguró estar a la espera de “garantías suficientes”.
Por su parte, Italia ha sido otro actor determinante en las dificultades para avanzar con el acuerdo. La primera ministra Giorgia Meloni comunicó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que su país no se opone en principio, pero requiere tiempo para “dar respuesta a los agricultores” y resolver desafíos políticos internos. Meloni asegura haber recibido “preocupaciones legítimas” por parte de los ciudadanos, pero se reitera en la necesidad de avanzar una vez despejadas las dudas. Italia, hasta ahora menos beligerante, asumió el liderazgo del bloqueo junto a Francia y trasladó la presión a toda la Unión.
Los agricultores presionan con movilizaciones
El clima político estuvo marcado este jueves por movilizaciones masivas de los agricultores en Bruselas, justo cuando los líderes europeos se encontraban reunidos. Miles de trabajadores del campo protestaron por el pacto y por la financiación de la PAC en el próximo presupuesto plurianual. La calle se convirtió en un factor de presión directa para los Gobiernos, en particular para Francia e Italia, que enfrentan tensiones sociales y reivindicaciones por el futuro del sector.
Mientras tanto, los Estados miembros expresan posturas divididas dentro del Consejo Europeo. Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz defendió la firma del acuerdo para mantener la credibilidad internacional de la UE. En contraste, Hungría, con el primer ministro Viktor Orbán a la cabeza, rechazó de forma rotunda el pacto y afirmó que representaría “un golpe a los agricultores europeos”.
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