
La Unión Europea ha dado un paso decisivo este viernes al confirmar la inmovilización indefinida de 210.000 millones de euros en activos rusos bloqueados en territorio comunitario. Esta medida, que ha contado con el respaldo de veinticinco Estados miembros y la oposición de dos, constituye el preámbulo para reforzar las garantías legales antes de utilizar la liquidez de estos fondos en el denominado “préstamo de reparación” destinado a Ucrania, una iniciativa que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre prevista para la próxima semana.
El procedimiento para la adopción formal de la decisión se ha completado este viernes, poco después de las 17.00 horas, tras el cierre del plazo del procedimiento escrito y la obtención de los apoyos necesarios. El acuerdo, que ya había recibido el jueves el respaldo de una “aplastante mayoría” de los embajadores de los países de la UE, incluye el voto favorable de Bélgica, a pesar de que este país mantiene su rechazo a que los activos congelados se utilicen para financiar el préstamo de reparaciones. No obstante, Bélgica ha suscrito una declaración conjunta con Malta, Bulgaria e Italia en la que da luz verde a esta primera fase del proceso.
La decisión adoptada este viernes establece que “no prejuzga en ninguna circunstancia la decisión sobre el posible uso de activos rusos inmovilizados que debe adoptarse a nivel de líderes”. De este modo, la medida se limita a la inmovilización indefinida de los fondos, sin anticipar el destino final de los mismos.
El Banco de Rusia denuncia a la entidad belga Euroclear
La oficialización de la decisión ha coincidido con la demanda presentada por el Banco de Rusia contra la entidad depositaria belga Euroclear, que custodia cerca de 185.000 millones de euros de los activos rusos congelados por la UE. El banco central ruso reclama por las pérdidas derivadas del uso “directo o indirecto” de estos fondos soberanos sin su consentimiento. Ante esta acción legal, el comisario económico Valdis Dombrovskis ha asegurado que “todas las entidades en suelo europeo están plenamente protegidas legalmente”.
El acuerdo alcanzado permite a los Estados miembros recurrir al artículo 122 de los Tratados de la UE, que faculta a prohibir cualquier transferencia de los activos bloqueados en entidades europeas a Rusia mientras persista la guerra. Esta cláusula excepcional puede activarse por mayoría cualificada, lo que evita la necesidad de unanimidad y, por tanto, sortea el riesgo de veto que Hungría ha planteado de forma reiterada en decisiones relevantes sobre Ucrania, incluida la prórroga semestral del paquete de sanciones que mantiene congelados los 210.000 millones de euros del Banco Central Ruso en entidades depositarias europeas.
La reacción del Gobierno húngaro no se ha hecho esperar. Tras la decisión de los embajadores, el Ejecutivo de Viktor Orbán ha difundido un comunicado en el que expresa su rechazo frontal a lo que califica como una decisión “sin precedentes”, adoptada “sobre una base legal incorrecta” y con el objetivo de “eludir” la obligación de unanimidad que, según Budapest, debería regir este tipo de resoluciones.
Además, Hungría critica que se trate de una medida con vocación “indefinida” y difícilmente reversible, ya que su revocación requeriría una mayoría cualificada de los veintisiete Estados miembros y solo podría producirse una vez finalizada la guerra, a pesar de que el mecanismo utilizado por los Tratados está concebido como “temporal”.
90.000 millones de euros en los próximos dos años
Con este acuerdo, la Unión Europea avanza hacia la decisión final de los líderes comunitarios sobre la propuesta de la Comisión Europea para emplear la liquidez de los activos rusos congelados en la financiación de un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros destinado a cubrir las necesidades financieras de Ucrania durante los próximos dos años. Según la propuesta, Kiev solo estaría obligada a devolver esta ayuda si Moscú pone fin a la guerra y compensa económicamente a Ucrania por los daños causados.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado al presentar la propuesta legal que esta iniciativa puede salir adelante con una “mayoría cualificada” de países, lo que permitiría su aprobación incluso en caso de que Bélgica mantenga su rechazo. No obstante, los veintisiete Estados miembros están trabajando de forma intensa, tanto a nivel técnico como político, para ofrecer a Bélgica las garantías necesarias que permitan modificar su posición, según ha recogido Europa Press.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha manifestado esta semana que el acuerdo está “muy cerca” y ha expresado su confianza en que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE lo confirmen en la cumbre prevista para el 18 de diciembre. El debate sobre el uso de los activos rusos congelados ha cobrado fuerza tras la carta remitida el lunes por los líderes de siete países de la Unión Europea -entre ellos Irlanda, Polonia y Lituania- a António Costa y Ursula von der Leyen, en la que defienden que esta opción es la “más viable” desde el punto de vista financiero y la “más realista” en el plano político.
Este posicionamiento se ha hecho público después de que el primer ministro belga, Bart de Wever, reiterara su oposición a la iniciativa durante una cena celebrada en Bruselas el viernes anterior con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
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