El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 3.600.902 euros a la inmobiiaria Alquiler Seguro por una serie de prácticas irregulares que incluyen cobros no justificados a los inquilinos, según ha comunicado Facua este viernes. La Secretaría General de Consumo y Juego de la cartera liderada por Pablo Bustinduy ha desestimado las trece alegaciones presentadas por la empresa frente a la denuncia de las asociaciones de consumidores, según habría trasladado el departamento público a la organización por los derechos de los consumidores.
Entre las conductas investigadas se encuentran la obligatoriedad para los inquilinos de abonar un supuesto servicio de atención, bajo el cual, según el ministerio, se ocultaba el traspaso de costes que deberían recaer sobre los propietarios tras la prohibición del cobro de otro tipo de honorarios de agencia. Otro de los puntos sancionados gira en torno a la suscripción forzosa a un seguro del hogar que, de acuerdo con la legislación, corresponde asumir al arrendador y no al inquilino.
El procedimiento también confirmó que la inmobiliaria imponía un estudio de solvencia económica como requisito indispensable a quienes optaban por arrendar una vivienda y que limitaba de forma irregular el derecho de desistimiento, restringiendo así la capacidad de los arrendatarios para dar por terminado el contrato de manera anticipada. Además, la empresa trasladaba a los inquilinos todos los gastos surgidos de eventuales reclamaciones judiciales o extrajudiciales, una carga que la normativa no les exige soportar.
Hasta siete multas por varias infracciones
La resolución dictamina la existencia de siete conductas infractoras: seis calificadas como muy graves y una grave, todo ello conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y sus leyes complementarias. La cifra total de la sanción económica se corresponde con una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros cada una, una más de 100.001 euros y finalmente, una de 10.001 euros correspondiente a la infracción grave.
En marzo de este año, el Ministerio de Consumo anuncio el inicio de un expediente sancionador contra una “gran agencia inmobiliaria” por posibles abusos hacia inquilinos en la gestión de alquileres en todo el país, sin especificar inicialmente la identidad de la firma investigada. A continuación, Facua reveló que se trataba de Alquiler Seguro, sociedad contra la que la asociación había presentado una denuncia en noviembre de 2023. El motivo: el cobro de honorarios a los arrendatarios, una práctica expresamente prohibida por la ley vigente tras la aprobación de la nueva normativa de vivienda. En octubre, Consumo propuso la que ahora se confirma como la primera sanción millonaria a una empresa inmobiliaria.
Facua, que actuó como primera denunciante en el procedimiento, señaló que la inmobiliaria exigía a los inquilinos el pago de una suma equivalente a un mes de alquiler incrementada con el 21% de IVA, bajo el pretexto de ofrecer un “servicio de atención al inquilino”. Entre los conceptos incluidos en este cobro figuraban la ayuda para las gestiones de cambio de titularidad de los suministros energéticos, elasesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler y la resolución de siniestros e incidencias, actividades que habitualmente son responsabilidad del arrendador.
Alquiler Seguro podría recurrir la resolución
Frente a la sanción impuesta, la inmobiliaria dispone ahora de la opción de presentar un recurso de alzada dirigido al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de dar por finalizada la vía administrativa.
Alquiler Seguro ya mostró su desacuerdo con la sanción cuando fue propuesta por el Ministerio de Consumo el pasado mes de octubre, defendiendo la transparencia y legalidad de sus servicios. Entonces, la empresa subrayó que existen tres sentencias favorables, incluida una reciente del Juzgado de Primera Instancia 104 de Madrid, que desestiman la devolución de importes por el llamado servicio de atención al inquilino y aseguró que este no fue impuesto.
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