El Congreso suspende a José Luis Ábalos como diputado mientras permanezca en prisión

El Congreso de los Diputados ha acordado la suspensión de José Luis Ábalos en el ejercicio de su cargo, una medida que implica la retirada inmediata de sus derechos y deberes parlamentarios después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento en la causa que investiga presuntos amaños de contratos de mascarillas durante la pandemia. La decisión de la Mesa de la Cámara Baja, adoptada este miércoles, supone que el exministro socialista queda apartado de la actividad parlamentaria y sin las prerrogativas económicas y profesionales vinculadas a su escaño.

La suspensión, que se aplica con efectos desde el 10 de diciembre de 2025, responde a lo establecido en el artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso, que contempla esta medida cuando concurren tres condiciones: la existencia de un suplicatorio aprobado por el Pleno a petición del Tribunal Supremo, la entrada en prisión preventiva del diputado afectado y la firmeza del auto de procesamiento. El caso de Ábalos reúne ya los tres requisitos, después de que el Supremo avalara el auto de procedimiento abreviado dictado en su contra y confirmara su situación procesal.

Hasta ahora, solo dos de las condiciones para la suspensión se habían cumplido: el suplicatorio aprobado por el Pleno el 22 de enero de 2025 y la entrada en prisión provisional el 27 de noviembre de 2025. No obstante, la Mesa del Congreso decidió esperar a la confirmación del procesamiento antes de aplicar la medida, atendiendo a las consultas realizadas con los letrados de la Cámara y a una interpretación estricta del reglamento.

La confirmación del auto por parte del Alto Tribunal ha despejado el último obstáculo para la suspensión. En un comunicado interno, fuentes parlamentarias detallaron los acuerdos adoptados: declarar suspendido a Ábalos en el ejercicio de su cargo y, en consecuencia, en sus derechos y deberes parlamentarios; retirar cualquier percepción económica vinculada a su condición de diputado; darlo de baja en la cobertura de protección social a cargo del presupuesto del Congreso y en la póliza de accidentes de las Cortes Generales; detraer la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto y comunicar formalmente la decisión al propio diputado, al Tribunal Supremo, al Grupo Mixto y a los órganos directivos de la Secretaría General.

La medida impide al exministro participar en la actividad legislativa en cualquiera de sus formas. Ábalos no podrá intervenir en los debates, registrar iniciativas ni ejercer el voto, ni presencialmente ni mediante el sistema telemático que emplean los diputados en casos excepcionales. La suspensión también cierra la puerta a la solicitud que él mismo había formulado horas antes, al intentar acogerse a la reforma del reglamento que permite el voto telemático en situaciones de especial gravedad. Tras la decisión de la Mesa, cualquier posibilidad de mantener actividad parlamentaria queda descartada mientras permanezca en prisión.

Pérdida del salario, complementos e indemnizaciones vinculadas al cargo

La suspensión implica asimismo la retirada de todas las percepciones económicas asociadas al escaño. Ábalos dejará de recibir el sueldo mensual de 3.236 euros brutos, así como los 2.000 euros adicionales destinados a los diputados electos por circunscripciones distintas a Madrid para sufragar gastos derivados de su actividad parlamentaria.

Además, la Cámara ha precisado que, si se produjera una disolución de las Cortes durante el tiempo en que Ábalos continúe en prisión preventiva, el exministro no tendría derecho a la indemnización que reciben los diputados que cesan en su cargo y que funciona como mecanismo transitorio de apoyo mientras regresan al mercado laboral. En su caso, dada la antigüedad en el escaño, esta compensación superaría los 100.000 euros.

La suspensión se produce después de que la investigación judicial avanzara de forma decisiva. El Tribunal Supremo confirmó este miércoles el procesamiento del exministro por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, una causa en la que también figura procesado Koldo García.