
Las principales asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 han condicionado cualquier posible encuentro con el nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a que este exija la renuncia al acta de diputado de su predecesor, Carlos Mazón. Así lo han comunicado ambas entidades tras la reciente publicación de mensajes de WhatsApp intercambiados entre la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el propio Mazón y su entonces jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, durante la jornada de la catástrofe. Según han manifestado en un comunicado, las asociaciones consideran que estos mensajes aportan pruebas documentales que contradicen la versión oficial mantenida durante el último año.
En el segundo párrafo de su comunicado, las asociaciones han subrayado su “absoluta indignación” ante el contenido de las conversaciones, que, a su juicio, demuestran que los responsables políticos “sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica”, pero optaron por “ocultar o negar la información de riesgo”. Además, han acusado a Mazón de haber sido informado y de no haber actuado con la urgencia que la situación requería, lo que, según su valoración, supone que “nos han mentido durante meses”.
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Las asociaciones han puesto el foco en la actitud del jefe de gabinete de Mazón y en las instrucciones de “calma” o de “no confinar” a la población que se transmitieron en los mensajes conocidos el viernes, ya que, en su opinión, estas directrices “frenaron el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo suficiente”. Han calificado esta conducta de “potencialmente letal” y han lamentado que, según los mensajes, Mazón “estaba informado y no modificó su agenda”, lo que consideran una muestra de que se les ha estado “engañando durante un año”.
Exigen ceses y ruptura con la versión oficial
Las asociaciones han reclamado de forma explícita la “destitución política” de todas las personas que han sostenido y repetido la explicación oficial de los sucesos del día de la catástrofe que, según las pruebas, ha quedado desmentida. Entre los cargos señalados, se encuentran la vicepresidenta primera, Susana Camarero, el conseller de Hacienda y Economía, José Antonio Rovira, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Además, han solicitado la “retirada de confianza y el cese de quienes han defendido públicamente esta versión”.
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En el comunicado, recogido por EFE y Europa Press, los colectivos han exigido también una “ruptura absoluta con la narrativa de defensa del Consell mantenida durante este año”, argumentando que la sociedad “no acepta que durante un año se haya sostenido una versión oficial que las pruebas ahora desmienten”. “No vamos a tolerar que se sigan encubriendo responsabilidades con eufemismos ni que se pretenda normalizar la negligencia”, han añadido.
Por otra parte, las asociaciones han reclamado al Consell la “colaboración plena” con la investigación judicial en curso. Han solicitado que “todas las personas citadas a declarar en la causa judicial abierta por la gestión de la DANA y los cargos implicados colaboren sin reservas con la instrucción en curso y faciliten toda la documentación y acceso a dispositivos y registros que permitan esclarecer la cadena de decisiones del 29 de octubre”.
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Asimismo, han afirmado que los mensajes prueban que Mazón “estaba al tanto de la gravedad antes de entrar en El Ventorro”, el restaurante donde comió con la periodista Maribel Vilaplana. Han precisado que, dos horas antes de ese almuerzo, el entonces jefe del Consell “ya había sido avisado de la gravedad extrema de la situación, de los rescates en marcha, de la alerta hidrológica activa en el Poyo y el Magro y, especialmente, de la primera víctima mortal en Utiel, antes de las 17.00 horas”.
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