El caso de otro exministro de Transportes que fue condenado a diez años de cárcel: participó en un secuestro

Jose Luis Ábalos se convierte en el primer diputado en activo en entrar en prisión, pero no es el primer en exministro en hacerlo. Antes que él se produjo el caso de otro responsable de la cartera de Transportes que fue condenado hasta diez años de cárcel y doce de inhabilitación. Es el caso de José Barrionuevo, exministro socialista -también era responsable de Interior-, quien el 10 de septiembre de 1998 ingresó en la prisión de Guadalajara para cumplir condena. El motivo: participar en un secuentro.

Fue en 1983 cuando se produjo el rapto de Segundo Marey, empresario vasco-francés, una de las primeras víctimas de la guerra sucia del Gobierno de España contra ETA llevada acabo por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una estructura parapolicial financiada con fondos del Ministerio del Interior.

Barrionuevo acabó entre rejas por su implicación en las operaciones del llamado terrorismo de Estado y su ingreso en prisión marcó un precedente en la historia política española. Nunca antes un exministro de la democracia había sido encarcelado por orden de una sentencia judicial firme.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo consideraron probado que Barrionuevo autorizó y encubrió la operación que culminó en la retención ilegal de Marey, quien permaneció once días cautivo. El fallo judicial, ratificado en el verano de 1998 por el Tribunal Supremo, no solo supuso el ingreso en prisión del exministro, sino que también despojó a Barrionuevo de su escaño de diputado en el Congreso, una baja efectiva un día antes de su encarcelamiento.

Quienes ingresaron en prisión junto a Barrionuevo

La legislación española determina que un parlamentario pierde automáticamente la condición de diputado si una sentencia firme de inhabilitación así lo indica o si el cumplimiento de la pena impide el ejercicio del cargo público. Además, en los casos de prisión provisional —sin condena firme— la persona queda suspendida de derechos y deberes parlamentarios, como el cobro de sueldo y la participación en votaciones.

Junto a José Barrionuevo, también ingresaron ese 10 de septiembre en la cárcel Rafael Vera, quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, y otros funcionarios vinculados con la llamada guerra sucia contra el terrorismo. La entrada en prisión de exmiembros del Gobierno fue un mensaje claro de que el Estado es responsable de las acciones de sus jerarcas, incluso si éstas se enmarcan en la lucha antiterrorista.

La opinión pública vio la condena excesiva

La causa judicial desató un intenso debate en la opinión pública española y un enfrentamiento político de gran magnitud. Miles de personas se congregaron frente a la prisión de Guadalajara en apoyo a Barrionuevo y a los demás condenados, considerando la condena excesiva en el contexto de la lucha contra ETA. Además, la cúpula del PSOE se mostró dividida entre quienes defendían la actuación del exministro y quienes reclamaban una asunción clara de responsabilidades políticas.

El historial judicial reflejó también la existencia de un sistema parlamentario que garantiza a sus miembros determinadas prerrogativas hasta que una sentencia firme impone restricciones mayores. La normativa española establece que mientras no haya condena definitiva, el diputado conserva el acta, aunque la situación de prisión provisional genera la suspensión temporal de derechos y deberes. Esto es lo que le ha ocurrido este jueves a Ábalos, el primer diputado en activo en ingresar en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo en relación con el conocido “caso Koldo”.

En el caso de José Barrionuevo, la condena incluyó no solo privación de libertad, sino también la inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos durante doce años. El Tribunal Supremo fundamentó esta decisión en la gravedad de la violación de los derechos humanos y en la utilización de recursos y estructuras del Estado para fines ilegítimos. Durante el proceso judicial, Barrionuevo defendió su inocencia y alegó haber actuado dentro del marco de las políticas de seguridad del gobierno, argumentos que no convencieron a los magistrados.

Otros altos cargos que también han estado en prisión

La repercusión del encarcelamiento de un exministro tuvo eco en los años siguientes. A Barrionuevo se sumaron otros tres antiguos altos cargos que también fueron privados de libertad: Jaume Matas (Medio Ambiente), Rodrigo Rato (vicepresidente y ministro de Economía) y Eduardo Zaplana (ministro de Trabajo), todos ellos bajo gobiernos de José María Aznar.

Existen otros exministros condenados a prisión —como Ana Mato, Virgilio Zapatero y José Antonio Griñán— que no llegaron a ingresar en un centro penitenciario por diversas circunstancias legales o por indultos posteriores. El caso de José Barrionuevo permanece como un episodio central en la historia institucional española y como referencia obligada cada vez que un miembro del Ejecutivo se enfrenta a la justicia ordinaria.