El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que este lunes se han iniciado las acciones legales contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ante su negativa a crear el registro de objetores de conciencia del aborto, una medida prevista en la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sánchez ha resaltado a través de sus redes sociales que “la Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas”, lo que supone que “un derecho esencial” se haya “convertido en negocio”.
“No lo vamos a permitir. Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ [Tribunal Superior de Justicia] de Madrid. Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales”, ha declarado Sánchez.
La creación del registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un requisito previsto en la ley del aborto de 2023, que especifica en su artículo 19 la necesidad de esta lista “para una adecuada gestión de la prestación” sanitaria. El diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron un protocolo específico para llevar a cabo dicho registro, pero casi un año después la Comunidad de Madrid no ha dado los pasos para crearlo. Es, además, la única autonomía que ha mostrado su rechazo a la medida tras recibir dos requerimientos por parte del Gobierno.
Una “lista negra de médicos” para Madrid
Según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, se trata de una lista “inútil” que solo sirve “para señalar” a los profesionales objetores. El pasado viernes, último día de plazo para que Madrid respondiese las solicitudes del Ejecutivo central, Matute afirmó que era preferible “que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie”. Dos días después, Isabel Díaz Ayuso se preguntaba para qué se solicitaba “una lista negra de médicos” y acusaba al Gobierno de prohibir la libertad de conciencia.
Este lunes, el Gobierno de España ha dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para que interponga el recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid “con el propósito de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones”. “La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones”, aseguran desde la Moncloa.
El Ejecutivo central recuerda que el registro de objetores es confidencial y sus datos “no resultan de acceso público”. Además, insisten en que “es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados”. Actualmente, la sanidad pública se hace cargo de alrededor del 20% de las IVE, un porcentaje que se reduce hasta el 0,47% en la Comunidad de Madrid: la región practicó 18.149 abortos en el año 2024, de los que tan solo 86 se hicieron en centros de titularidad pública.
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