El PP andaluz veta a las mujeres afectadas por los cribados en el Parlamento y les pide confidencialidad en los acuerdos

La división entre las pacientes afectadas por la crisis de los cribados del cáncer de mama y la Junta de Andalucía parece agrandarse. Esta semana, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha denunciado que el Partido Popular regional ha vetado su presencia en el Parlamento andaluz, mientras les pide firmar un acuerdo de confidencialidad respecto a los avances en la mesa de seguimiento del cribado.

Había sido el PSOE-A quien había solicitado su comparecencia ante la mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, en el marco de la ronda de agentes sociales y organizaciones interesadas en la tramitación del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026. El grupo socialista pidió la presencia de Amama como “entidad de reconocido prestigio, con una sólida trayectoria en defensa de la igualdad, la salud pública y los derechos de las mujeres en Andalucía”, una participación que consideraba especialmente importante "dada la especial relevancia de analizar el presupuesto sanitario y, en particular, las partidas vinculadas al programa de cribado de cáncer de mama, cuya gestión ha suscitado una amplia preocupación social", describen los socialistas en una queja presentada ante el Parlamento.

Sin embargo y tras un intenso debate, el portavoz del grupo popular, Pablo Venzal, “anunció que su grupo no podía admitir la inclusión” de Amama, una decisión que venía por “órdenes de arriba”, según narra el PSOE andaluz. “Esta afirmación, realizada ante los portavoces de los grupos presentes, condicionó el voto de los miembros del Partido Popular en la Mesa, que procedieron a vetar la propuesta, rompiendo con el criterio de consenso que había presidido el resto de acuerdos”afirma la queja socialista.

Según ha explicado la asociación en un comunicado publicado este martes, Amama habría preguntado al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, por este veto en la Comisión sobre el Cribado del Cáncer, sin obtener una “respuesta coherente”.

Confidencialidad en la actualización del programa de cribados

Asimismo, la organización ha denunciado que son la única organización a la que la Junta de Andalucía solicita firmar un acuerdo de confidencialidad. En un correo electrónico difundido por la asociación, el Gobierno andaluz habría anunciado que se trabaja en la actualización del Proceso Asistencial del Cáncer de Mama, proceso para el que buscan la participación de Amama.

Antes de hacerles llegar un borrador del texto, les piden firmar un documento de confidencialidad, que no se habría enviado al resto de asociaciones presentes en la comisión y que ellas firmaron, según afirman, como requisito para que les permitieran asistir a la segunda mesa de seguimiento. La respuesta del consejero ha sido que él no había enviado el correo, según Amama. A este respecto, la presidenta de la organización, Ángela Claverol, ha valorado que la Junta "de alguna manera nos quieren calladitas y sumisas“. ”O sea, si usted no me deja hablar en el Parlamento, tampoco puedo hablar nada aquí, ¿a qué vengo aquí? ¿A hacerme la foto como que he venido a la mesa de seguimiento del cribado?“, ha añadido en declaraciones ante los medios.

25 reclamaciones patrimoniales contra la Junta

La asociación ha dado un paso más y ha anunciado este martes que ya ha presentado unas 25 reclamaciones patrimoniales en representación de las afectadas por los cribados. La organización ha analizado por el momento 223 casos de mujeres que han experimentado las consecuencias de los retrasos en la información de las mamografías: seis corresponden a Almería, 11 a Granada, 13 a Jaén, 14 a Cádiz y Huelva, 22 a Málaga y más de 150 a Sevilla. La organización ha insistido en que el número de casos sigue creciendo, por lo que el balance actual podría incrementarse en los próximos días.

Claverol ha subrayado que el trabajo continúa, ya que “cada día llega alguna mujer nueva”, y ha avanzado que a lo largo de esta semana ampliarán la denuncia presentada en la Fiscalía con nuevos testimonios. De este modo, la asociación busca que se reconozca el alcance real de la situación y se depuren responsabilidades.