Nueva incidencia con las pulseras para las víctimas de violencia machista: Igualdad alerta de fallos en el sistema

El Ministerio de Igualdad junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCS) han puesto en marcha el protocolo especial de protección para las víctimas usuarias de dispositivos electrónicos de vigilancia tras detectar una incidencia técnica este martes, 11 de noviembre, a las el corte comenzó a las 4:30 horas de la madrugada, en el sistema Cometa. Dicho software es el encargado del seguimiento telemático de medidas judiciales contra agresores en casos de violencia de género y violencia sexual.

Al parecer, Ana Redondo, ministra de Igualdad, y Carmen Martínez-Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, habrían contactado de inmediato con la UTE Vodafone-Securitas, empresa responsable del servicio, para supervisar la evolución de la avería que afectó al sistema de tránsito de alertas, tal y como ha informado la Cadena SER. El incidente tiene su origen en un enrutador encargado de distribuir los mensajes de alerta a las plataformas correspondientes. Estos avisos permitirían saber la ubicación exacta de los agresores con órdenes de alejamiento.

Al revisarlo, alrededor del 10% de los mensajes generaban incidencias recurrentes que sobrecargaron el sistema. Inmediatamente, el departamento dirigido por Redondo ha notificado a las víctimas usuarias de estas pulseras con el fin de mantener las condiciones de seguridad del reglamento por el que se rige.

El 87% de las usuarias reportan una mayor seguridad

El protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios temáticos del cumplimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual, actualizado en marzo de 2024, ha establecido medidas extraordinarias mientras la empresa restablecía el funcionamiento del sistema, cuya recuperación se encuentra en proceso.

En España, más de 4.500 hombres utilizan actualmente pulseras de geolocalización para el control del cumplimiento de órdenes de alejamiento relacionadas con violencia de género y, desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, también para agresiones sexuales. Además, desde su implantación en 2009, 21.036 mujeres han estado protegidas por estos sistemas, y no consta ningún caso de asesinato mientras la víctima portaba el dispositivo de alarma. El 87% de las usuarias reporta mayor sensación de seguridad y el 88% lo considera eficaz, pese a algunos fallos técnicos, según los datos que ha recogido El País.

El sistema, que inicialmente era individualizado para cada pareja víctima-agresor, ahora permite proteger a varias víctimas con una misma pulsera o a una víctima de más de un agresor. El funcionamiento del servicio se ha visto afectado en ocasiones por incidencias técnicas, como durante la transición de gestión entre empresas en 2023, lo que, según la Fiscalía General del Estado, provocó una potencial desprotección temporal de las víctimas al perderse información sobre movimientos de los agresores.

Cómo se instala el Protocolo de Actuación

El sistema de seguimiento por medios telemáticos es una herramienta implementada en España para velar por el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación dictadas judicialmente en contextos de violencia de género y sexual. Este método permite comprobar en tiempo real que la persona investigada o condenada cumple con la distancia mínima impuesta respecto a la víctima, habitualmente de 500 metros. El recurso a este sistema se encuentra regulado por el Protocolo de Actuación aprobado en marzo de 2024, que actualiza y extiende los supuestos alcanzados, incluyendo medidas cautelares, penas, suspensiones y libertades vigiladas, tanto en violencia de género como sexual.

El protocolo de actuación desarrolla un procedimiento que inicia con el acuerdo judicial para el control telemático. Una vez tomada la decisión, el órgano judicial comunica la resolución a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al centro de control Cometa. En un plazo de 24 horas, instalan al menos dos dispositivos: un brazalete de radiofrecuencia (para la persona investigada o condenada) y un teléfono móvil inteligente (para la víctima), ambos sincronizados. La víctima recibe el dispositivo habitualmente en su domicilio y la persona bajo control judicial, en dependencias policiales o judiciales.

Cada parte recibe formación específica sobre cómo usar los dispositivos y la aplicación móvil asociada, diseñada con criterios de accesibilidad. La víctima puede activar un botón de pánico y recibe alertas técnicas o de proximidad, mientras que el sistema permite preparar zonas de exclusión personalizadas, normalmente asociadas a espacios vitales o laborales.

Las alarmas, consideradas de riesgo elevado, incluyen alertas como rotura del brazalete, manipulación, pérdida de señal o agotamiento de la batería, así como la entrada física en zonas prohibidas o acercamientos durante pérdidas puntuales de cobertura de red. Así, cuando se registra una, se activa una respuesta inmediata de las autoridades policiales.

La retirada de estos sistemas se realiza también bajo estricto control judicial. En las situaciones que lo requieren, como intervenciones médicas, ingresos en prisión o suspensiones temporales justificadas, la desinstalación se ejecuta en menos de 24 horas tras la orden judicial correspondiente.