
El divorcio entre Junts y el PSOE llevaba oliéndose tiempo, pero esta vez, parece definitivo. El carpetazo llegó este jueves con la confirmación del partido de anunciar su veto a todas las leyes del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. “La legislatura queda bloqueada”, sentenció la portavoz del partido en la Cámara Baja, Míriam Nogueras. Este viernes, se ha reafirmado. “No van de farol” y su relación con el Gobierno está rota de manera “irreversible”.
El partido de Carles Puigdemont considera que no se han cumplido los acuerdos alcanzados en Bruselas en 2023, entre los que se encontraba la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación. De todos modos, este sábado el partido ha organizado un despliegue informativo con 111 carpas repartidas en un centenar de municipios de Cataluña para explicar los motivos que le han hecho romper su relación Sánchez.
Las consecuencias son graves porque al Ejecutivo de coalición le quedan todavía dos años, pero el partido de Carles Puigdemont tiene siete diputados que son clave para que Sánchez continúe al mando. Como prometió Junqueras el jueves, Junts registrará de forma inmediata las enmiendas de veto a las 25 leyes que están en tramitación y tampoco votarán a favor de las 21 que están en fase final. De la misma forma, presentarán enmiendas a la totalidad a las nueve leyes aprobadas por el Consejo de Ministros que aún no han arrancado su trámite en el Congreso. Los presupuestos generales de Estado y el techo de gasto también se verán afectados. “La paciencia se ha acabado”.
El bloqueo afecta a un paquete amplio en los ámbitos sociales, sanitarios, económicos, energéticos y administrativos. Entre ellas figuran normas clave como la Ley de Familias, varias reformas del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, nuevas regulaciones sobre sostenibilidad y emisiones, cambios en materia universitaria y de discapacidad, la nueva ley de medios y servicios digitales y la Ley Orgánica de Régimen Electoral, además de una norma para regular el voto telemático en las administraciones públicas. Otras que destacan son la de Inclusión Social, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia -conocida como ley Boñalos-, o la nueva regulación de los Secretos Oficiales.
En conjunto, estas leyes conforman el grueso del programa legislativo de la segunda mitad de la legislatura y son necesarias para modernizar servicios públicos, adaptar la regulación española a exigencias europeas y desbloquear parte de los fondos del Plan de Recuperación de la UE. El veto de Junts implica que ninguna de estas reformas podrá avanzar sin que el Gobierno negocie apoyos alternativos con PP o Vox, lo que paraliza de facto la actividad legislativa ordinaria y la agenda reformista comprometida con Bruselas.
La parálisis tiene además un impacto directo en la gestión de los fondos europeos. España tiene comprometidos 163.000 millones de euros del plan de recuperación, pero todavía quedan por ejecutar más de 90.000 millones. De esa cantidad, como apunta El Español, al menos 21.000 millones dependen de reformas y leyes que ahora quedan bloqueadas.

Entre las leyes que Junts también anuncia que vetará cuando lleguen al pleno figuran la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Pesca Marítima -y que afecta de lleno a Cataluña- y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En que se verá afectada Cataluña
El bloqueo no solo tiene dimensión estatal: afecta de lleno a Cataluña. La decisión de la formación de Puigdemont coincide con la negociación abierta sobre la financiación singular y la quita de la deuda acumulada a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dos reivindicaciones históricas de la Generalitat. Ambas cuestiones requieren reformas legislativas en el Congreso, y en el segundo caso, el Gobierno aseguró en septiembre que la intención del Ejecutivo era mandar la norma a la Cámara “antes de que acabe el año” y aprobar “definitivamente” la norma a lo largo del primer trimestre del año que viene. Si Junts mantiene el veto y el Ejecutivo no encuentra nuevas mayorías, también esos acuerdos quedan congelados.
En paralelo, la ruptura con el Gobierno se produce con Esquerra Republicana aún defendiendo la vía de negociación institucional, lo que añade una lectura interna para el independentismo. Con el movimiento de Junts, esas carpetas quedan en el aire y la pugna por el liderazgo dentro del espacio soberanista se recrudece.
Aun así, Sánchez se mantienen firme. El Gobierno todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley” y durante la comparecencia en Brasil con motivo de la COP30 este viernes ha asegurado que "el esfuerzo merece la pena" y por ello “debemos perseverar”.
*Con información de EFE y Europa Press
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