Los próximos días 26 y 27 de noviembre, trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH) están llamados a la huelga que ha anunciado este martes la Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas.

Este nuevo paro laboral responde principalmente a la "infrafinanciación" que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid y forma parte de la batalla abierta entre los miembros de las universidades públicas y el Gobierno regional, que se niega a subirles el presupuesto. Los convocantes denuncian en un comunicado que la inversión autonómica el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cuando la ley estatal establece que debe ser, al menos, del 1 %.

Para la Coordinadora, se trata de una “estrategia deliberada” cuyo objetivo es conducir a las universidades públicas a la “bancarrota”, con el propósito de forzar la financiación privada y el paso a “modelos de gestión basados en la búsqueda del beneficio empresarial”. “Nos quieren asfixiar para privatizarlas. El borrador de la LESUC recorta financiación, autonomía y libertad de expresión en los campus”, denuncian e insisten: “Defendemos una universidad pública, gratuita, crítica y al servicio de la sociedad. No permitiremos que la conviertan en negocio”

Unos presupuestos que no se ajustan

La semana pasada, el Ejecutivo regional dio a conocer su en el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 que, denuncian desde la Coordinadora, no cumple con los mínimos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que establece que todas las comunidades autónomas deben destinar un 1% de su PIB a las universidades públicas. “Todo lo que no sea un acercamiento real a ese horizonte, no lo contemplamos”, advierten en un comunicado en elq ue señalan que el incremento económico propuesto por al Ejecutivo “representa un paso del 0,44% al 0,46% del PIB de la CAM”. “El esfuerzo presupuestario permanece en el 4%: nos encontramos con un presupuesto estancado, y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando”, insisten.

“Pase lo que pase con los presupuestos, -alertan- después vendrá la LESUC. Nuestro objetivo es parar esa ley y que la movilización se haga lo más masiva posible, tanto en la comunidad universitaria como en el conjunto de la sociedad madrileña que cree en lo público. Para resistir, y revertir a medio plazo estos ataques, el coste político para la CAM de atacar lo público deber ser el máximo”, agregan.

La LESUC, Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, aún no aprobada, supondría un recorte aún mayor a los presupuestos, aseguran. Introduce un sistema de financiación que deja atrás las tradicionales subvenciones nominativas. Se fija un horizonte de seis años, con revisión quinquenal, para que cada universidad planifique su crecimiento “sin límites en base a sus méritos e incentivos”. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, insistió durante su presentación a principios de verano en que “ninguna universidad recibirá menos”, al contrario, el aporte se adaptará a sus necesidades y evolución. No obstante, las universidades públicas tratarán de frenar su aprobación.