Carles F., el usuario de X (antes Twitter) que afronta una petición de dos años de prisión por haber publicado un mensaje en el que alentaba a ejercer acoso escolar contra la alumna de Canet de Mar (Barcelona) cuya familia solicitó un 25% de clases en castellano, ha defendido este martes ante la Audiencia de Barcelona que sus palabras deben entenderse dentro del “debate político” generado por el modelo de inmersión lingüística y la “crispación” que dejó el ‘procés’.
El acusado se ha sentado en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial apenas una semana después de que otro tribunal dictara una sentencia condenatoria de dos años de prisión por un caso casi idéntico: el de un hombre que difundió mensajes en redes sociales incitando al aislamiento de la misma familia. En aquella ocasión, el tribunal consideró que los hechos constituían un delito de odio. Sin embargo, la Fiscalía ha subrayado este martes que discrepa de esa calificación y que, en el caso de Carles F., el comportamiento encaja en un delito contra la integridad moral, no en uno de odio.
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La Fiscalía no aprecia discriminación por motivos identitarios
En su intervención, la representante del Ministerio Público ha explicado que la lengua española, a diferencia de símbolos nacionales como la bandera, no puede considerarse un elemento identitario susceptible de generar discriminación en los términos del delito de odio. “Pasar de lengua a nación como motivo discriminatorio es una distancia que no se puede recorrer en el derecho penal”, ha afirmado la fiscal, que considera que la interpretación de la Sección 21ª de la Audiencia —la que condenó al otro tuitero— fue “extensiva” y jurídicamente discutible.
A juicio de la Fiscalía, el mensaje del acusado, aunque de mal gusto y potencialmente ofensivo, no buscaba fomentar la hostilidad hacia un grupo por su identidad, sino que constituía una forma de menosprecio individual en el contexto de una discusión política. Por ello, ha pedido que Carles F. sea condenado a dos años de prisión por un delito contra la integridad moral, en línea con la protección del menor afectado y de su familia.
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La causa deriva de la denuncia presentada por los padres de una alumna de primaria del colegio Turó del Drac, en Canet de Mar, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictara en 2021 una resolución obligando al centro a impartir un 25% de las clases en castellano. La decisión judicial generó una ola de reacciones en redes sociales y en la esfera política, con mensajes de apoyo y también de hostigamiento hacia la familia.
Los padres relatan el aislamiento y el miedo que sufrieron
Durante el juicio, los progenitores de la menor han relatado ante el tribunal la angustia vivida en los meses posteriores a la difusión de los mensajes en redes. Ambos han recordado que llegaron a necesitar protección policial ante la escalada de tensión. “Algunas familias dejaron de hablarnos, otras nos miraban de forma amenazadora”, ha declarado el padre, que sufrió tres meses de baja laboral y fue tratado psicológicamente. Según ha detallado, su hija perdió amigas, dejó de ser invitada a cumpleaños y empezó a mostrar síntomas de ansiedad por miedo a ser víctima de acoso escolar.
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Los investigadores de los Mossos d’Esquadra determinaron que entre los mensajes más difundidos figuraba un tuit publicado el 3 de diciembre de 2021 por Carles F., en el que escribía: “Lo siento por el niño, pero le tendrían que hacer ‘bullying’ hasta que se vaya”. Aunque la publicación apenas obtuvo unos pocos retuits, la familia denunció que formaba parte de un clima generalizado de hostilidad que les empujó a cambiar sus rutinas y a limitar la exposición pública.
El acusado alega que no quiso causar daño
Carles F., que cuenta con poco más de 190 seguidores en la red social X (antes Twitter), ha declarado únicamente a preguntas de su defensa y ha sostenido que nunca pretendió causar un perjuicio real a la menor. “No tenía intención de hacer daño concreto a ningún niño. Me refería al debate político sobre la inmersión lingüística”, ha afirmado.
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El acusado ha asegurado que borró el mensaje tan pronto como los Mossos d’Esquadra le notificaron que estaba siendo investigado. En su testimonio, ha insistido en que la crispación social del momento, especialmente tras las sentencias relacionadas con el ‘procés’, condicionó sus palabras. “Veníamos de un contexto de mucha tensión, todos fuimos víctimas de esa crispación”, ha dicho ante el tribunal.
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