“Por Sandra y por todas las que hemos sufrido y sufrimos la lacra del bullying“. Bajo esta reivindicación, a las 12 del mediodía han empezado las manifestaciones contra el acoso escolar en más de 40 ciudades españolas. Este martes, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil y protestas contra esta lacra tras el caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla.
En los videos que ha compartido el Sindicato de Estudiantes a través de sus redes sociales, se pueden ver pancartas que claman: “Sandra no te olvidamos. Hay responsables”. Tras ellas, cientos de estudiantes, desde Sevilla, hasta Bilbao, piden justicia, protocolos efectivos y medidas que protejan a las víctimas que denuncian el acoso.
Piden la dimisión de la junta directiva del centro
En un comunicado, la organización exige la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto y la retirada de la financiación pública que recibe. A su juicio, los responsables de no activar el protocolo ‘antibullying’ tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido. También exigen la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. “Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos”, ha recalcado.
Según el Sindicato de Estudiantes, los responsables del centro educativo estaban al tanto de la situación que atravesaba Sandra, pero no tomaron medidas para detener el hostigamiento. La organización sostiene que, a pesar de que los padres de la estudiante presentaron dos avisos formales acompañados de informes psicológicos, la dirección del colegio no activó ni el protocolo antiacoso ni el de prevención de autolesiones. El sindicato atribuye esta inacción al interés de proteger el “buen nombre” del colegio y su modelo de negocio, priorizando la imagen institucional por encima de la seguridad y el bienestar de los alumnos.
Además, responsabiliza a la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, por mantener el concierto público con la fundación y por, según la organización, desmantelar la educación pública y negar los recursos necesarios para combatir el acoso escolar en los institutos. La entidad estudiantil subraya que la lucha contra el bullying no puede depender únicamente de la voluntad de los docentes, quienes se encuentran sobrecargados por la masificación en las aulas. Reclaman la contratación de orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos, y critican que la administración autonómica, encabezada por Moreno Bonilla, no priorice estas necesidades, como —según el sindicato— también ha quedado demostrado en la gestión de la atención a mujeres afectadas por el cribado de cáncer de mama.
El Sindicato de Estudiantes extiende su crítica al Gobierno central y a las administraciones autonómicas, a quienes acusa de recortar fondos para la enseñanza pública y de no implementar un plan de prevención de suicidios ni de apoyo a la salud mental en los centros educativos. Contraponen esta falta de recursos con el aumento del gasto en armamento y la privatización de servicios públicos, así como la subvención a negocios privados en sanidad y educación.
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