
España busca limitar la proliferación de pisos turísticos, en medio de una crisis de vivienda que ha disparado los precios ante la escasez de oferta, dificultando cada vez más el acceso tanto a la compra como al alquiler. En este contexto, Pedro Sánchez anunció a mediados de septiembre la retirada de más de 53.000 pisos turísticos del registro único de arrendamientos, tras haber detectado “miles de irregularidades en muchas de estas viviendas, que pretenden convertirse en alquileres vacacionales”. Y un mes después, prometió la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística para elaborar un “atlas de intensidad turística”, con el principal objetivo de conciliar mejor la “convivencia entre visitantes y residentes”.
Los compradores extranjeros, que han encontrado una mina de oro en el mercado inmobiliario español —en el primer semestre del año, adquirieron 71.155 viviendas, el 20% del total— ven estos movimientos con preocupación. Así, en Bélgica, un reportaje publicado por el medio 7sur7, y titulado “Inquietud entre los propietarios belgas en España”, ofrece el punto de vista de estos propietarios foráneos.
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“Estas declaraciones son un poco populistas, pero provocan mucha inquietud entre los propietarios, y por tanto, entre los belgas”, comenta en el artículo Carl Vorsselmans, agente de la empresa NB-Estates especializada en el mercado español. Sin embargo, señala que la mayoría de las viviendas de ciudadanos de Bélgica “están en la costa y no en las ciudades”. La mayor parte de los inmuebles que quedarían fuera con la propuesta del Gobierno se ubican en grandes ciudades como Sevilla (2.289 viviendas), Marbella (1.802), Barcelona (1.564), Málaga (1.471) y Madrid (1.257). Pese a ello, los propietarios belgas perciben la medida como una amenaza a la tranquilidad con la que hasta ahora alquilaban sus segundas residencias en el país.
Vorsselmans destaca en 7sur7 que las consecuencias de la presencia de propietarios extranjeros en España no son exclusivamente negativas. Según él, “sus casas y apartamentos se sitúan en barrios creados desde cero únicamente para el turismo. Gracias a los numerosos compradores extranjeros, estas zonas se han desarrollado y convertido en auténticos pueblos. La construcción, el empleo, los ingresos y los impuestos que de ello se derivan son factores esenciales para la buena salud actual de la economía española. El Gobierno es consciente de ello. Además, estos barrios no son los lugares donde el español medio desea vivir”.
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El registro del alquiler turístico
El nuevo marco legal, modificado ya en abril, introduce exigencias adicionales a los compradores extranjeros. Bjorn Cocquyt, experto inmobiliario citado por el medio belga, señala que “desde este año, es obligatorio inscribir la propiedad destinada al alquiler turístico en un registro nacional. Sin este número, las plataformas tienen que retirar su vivienda en línea”.
Sobre los propietarios que ya cumplen las normativas, Cocquyt añade: “Aquellos que están en regla con sus seguros y cuya residencia secundaria cumple con una serie de requisitos mínimos, como aire acondicionado y botiquín de primeros auxilios, no tienen nada que temer”. Según el experto, el objetivo gubernamental es “tener una mejor visibilidad sobre el mercado del alquiler y recaudar ingresos fiscales que antes se les escapaban”.
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A pesar del endurecimiento, la picaresca persiste entre algunos arrendadores. “Piense en los propietarios que crean su propio sitio web, hacen publicidad en su página de Facebook o publican en otros sitios o plataformas. Pero incluso contra ellos, la lucha se intensifica. En algunos barrios la policía ya realiza controles específicos de alquileres ilegales”, finaliza Cocquyt.
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