
La posible eutanasia de 30 belugas en el parque marino Marineland, en las Cataratas del Niágara (Ontario, Canadá), ha desatado una ola de indignación internacional y reabierto el debate de los límites de la protección animal y el destino de los cetáceos condenados a la cautividad.
La situación se tornó crítica tras la negativa del Gobierno federal, que rechazó financiar su manutención o permitir su traslado al extranjero. La ministra de Pesca y Océanos, Joanne Thompson, rechazó la solicitud de exportar los animales a Chimelong Ocean Kingdom, un acuario en Zhuhai (China), y descartó el uso de fondos públicos de emergencia para su cuidado.
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“La legislación canadiense busca evitar que los cetáceos permanezcan en cautiverio con fines de entretenimiento”, explicó Thompson, al fundamentar su decisión.
La ley que protege... pero también limita
La ley canadiense de 2019, aprobada tras años de presión de organizaciones animalistas, prohíbe el uso de ballenas y delfines en espectáculos o su cautiverio con fines comerciales. Aunque no obliga a liberar a los ejemplares ya cautivos, impide su reproducción y restringe su traslado, lo que ha dejado a Marineland sin alternativas legales.
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Según el propio parque, no existen santuarios marinos capaces de acoger a tantas belugas ni otros recintos con el espacio suficiente. En una carta enviada al Gobierno, la dirección del parque advirtió que se encuentra “totalmente endeudada” y “al borde de la insolvencia”. Marineland sostiene que, sin ayuda financiera o una reubicación aprobada, se verá obligado a sacrificar a las ballenas.
“Después de varios años de trabajo para encontrar un hogar permanente para nuestras belugas, la reubicación humanitaria en una instalación acreditada en el extranjero era la única opción viable para garantizar que nuestras queridas ballenas permanecieran vivas y recibieran el cuidado que merecen”, afirmó la empresa en una comunicación oficial.
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Un parque en declive y bajo sospecha
Fundado en la década de 1960, Marineland fue durante años uno de los principales atractivos turísticos de Ontario. Pero su imagen se vino abajo en 2020, cuando una investigación de Bienestar Animal Canadá reveló la muerte de al menos 12 ballenas en dos años.
El escándalo provocó una caída drástica de visitantes y una crisis financiera que el parque no logró superar. En 2023, Marineland fue puesto a la venta, y al finalizar el verano de 2024, cerró definitivamente sus puertas al público.
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Desde 2019, al menos 20 cetáceos (19 belugas y una orca) han muerto en el recinto, incluidas cinco en 2024, según la Fundación para el Asesoramiento y la Acción en Defensa de los Animales (FADA).
“Marineland está usando a las belugas como rehenes”
FADA ha sido una de las voces críticas ante la amenaza de sacrificio. En un comunicado, la organización denunció que el parque “usa el bienestar de los animales como moneda de cambio” para presionar al Gobierno canadiense.
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“Marineland a las belugas como rehenes para obtener dinero o permisos del Gobierno”, afirma FADA. “Hablan de eutanasia humanitaria, pero en realidad están intentando chantajear a las autoridades con la vida de los animales”, añade.
La fundación subraya que el recinto ha obtenido enormes beneficios durante décadas y posee terrenos de gran valor inmobiliario, por lo que debería asumir su responsabilidad moral y financiera. “Si de verdad les importara el bienestar de los cetáceos, habrían destinado sus recursos a garantizar su supervivencia y no a buscar un traslado a un acuario extranjero donde seguirían explotados”, sentencia la FADA.
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Entre la ley, la ética y la falta de alternativas
El caso ha puesto en evidencia un vacío ético y legal: la legislación de 2019 impide perpetuar el cautiverio de cetáceos, pero no ofrece soluciones para los animales ya atrapadas en parques privados.
El primer ministro de Ontario, Doug Ford, aseguró que su gobierno hará “todo lo posible” para garantizar la seguridad de los animales y calificó la situación como “terrible”. La provincia podría asumir la custodia legal de las belugas si se determina que su bienestar corre peligro.
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Sin embargo, Canadá no cuenta actualmente con un santuario marino preparado para albergar a tantos cetáceos, lo que complica las opciones de rescate.
“Estamos ante una contradicción ética”, concluye FADA. “Una ley que protege a los cetáceos en el futuro no puede convertirse en una condena para los que aún están vivos y atrapados. El Gobierno debe actuar con coherencia y humanidad”, concluyen desde FADA.
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