
La Junta de Andalucía ha dado por resuelto el fallo informático que impedía a cientos de mujeres acceder a su historial médico. A última hora del martes, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconocía que un error en sus servidores había ocasionado que los usuarios no pudiesen “temporalmente” consultar los historiales clínicos. El comunicado se producía horas después de que la asociación de mujeres andaluzas con cáncer de mama, Amama, solicitase a la Fiscalía investigar la desaparición y alteración de las pruebas médicas de las afectadas por la crisis de los cribados.
Según explicó su presidenta, Ángela Claverol, multitud de mujeres habían reportado problemas para consultar los resultados de sus mamografías y ecografías en aplicaciones como ClickSalud o Diraya. En algunos casos, se había modificado el diagnóstico, que cambiaba la mención de una “lesión sospechosa” de cáncer a “probablemente benigna”, o simplemente se eliminaba el nombre del radiólogo que llevaba el caso. “Estamos dejando en un estado de indefensión a muchas mujeres que quieren denunciar su caso. Es importantísimo que tengan el derecho de poder recabar sus propias pruebas y poder denunciar”, aseveró Claverol ante los medios.
En un primer momento, el actual consejero de Salud, Antonio Sanz, desmintió la denuncia de Amama y les acusó de “lanzar infundios” para desprestigiar la sanidad pública. Ante las declaraciones de Sanz, multitud de mujeres aseguraron en redes sociales que no podían acceder a los informes de sus mamografías. Horas después, la Junta reconocía un error informático ante un pico en el uso de la aplicación, que atribuyó a la denuncia de Amama.
Fuentes del SAS han asegurado a El País que la caída del sistema no ha supuesto el borrado ni la pérdida de las pruebas ni historiales clínicos de las afectadas. El servicio habría sido restablecido durante la madrugada del martes al miércoles.
Denuncias y dimisiones ante la crisis de cribados
La crisis en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDP-CM) ha desencadenado una serie de denuncias, dimisiones y protestas en Andalucía, con más de 20.000 mujeres potencialmente afectadas, según la denuncia presentada por el Defensor del Paciente ante la Fiscalía Superior de Andalucía. La situación ha generado una investigación de oficio por parte del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, quien calificó de “graves disfunciones” los fallos en el sistema y expresó su “consternación” por unos hechos que, según la institución, “ponen en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma”.
El escándalo ha provocado la dimisión de la Consejera de Salud, Rocío Hernández, el 8 de octubre, y la salida de Javier Castell Monsalve, jefe del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó la renuncia de Castell Monsalve y anticipó que “no será la única”. Moreno pidió disculpas a las afectadas y anunció una reforma integral del SAS, con la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial y digitalización de expedientes. Además, se comprometió a que todas las mujeres afectadas sean atendidas antes del 30 de noviembre, la contratación de 119 sanitarios especializados en radiología y una inversión de 12 millones de euros. “Auditaremos lo que haga falta. La sanidad pública es uno de nuestros pilares del Estado del bienestar, apostamos por ella como nunca, nunca ha habido tanta inversión como ahora, casi 16.000 millones de euros”, subrayó el presidente.
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