El magistrado instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha decidido no imponer la medida de prisión preventiva al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras la vistilla celebrada este miércoles para revisar su situación procesal. El juez ha rechazado así la petición de las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— de enviar a prisión provisional al exdirigente socialista, al coincidir con la Fiscalía Anticorrupción en que lo pertinente es mantener las medidas cautelares ya vigentes: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias periódicas ante el alto tribunal.
La decisión llega después de que el exministro se acogiera a su derecho a no declarar durante la comparecencia. Ábalos alegó sentirse en situación de indefensión debido a las discrepancias irreconciliables con su abogado, José Aníbal Álvarez, que finalmente le acompañó en el trámite pese a que el exministro había intentado sustituirle por un letrado de oficio. El magistrado Puente no aceptó esa renuncia al considerar que suponía un “fraude de ley” para eludir la cita judicial.
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El rifirrafe con el juez
Durante la sesión, Ábalos insistió en querer explicar por qué se consideraba indefenso, lo que derivó en un tenso intercambio con el magistrado. Según fuentes presentes en la sala, Puente le interrumpió visiblemente molesto para preguntarle: “Pero, ¿vas a declarar o no?”, y le recordó que “esto no es el Congreso”. Tras ese intercambio, el instructor dio por terminada la comparecencia y dio paso a la vistilla prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se revisaron las medidas cautelares que pesan sobre el exministro.
La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón, rechazó solicitar la prisión preventiva pese al nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detalla la existencia de supuestos “ingresos irregulares” y movimientos de dinero en efectivo por más de 95.000 euros cuyo origen no está justificado. Luzón admitió que los indicios de criminalidad son ahora “más sólidos”, pero sostuvo que no han cambiado las circunstancias que justificarían modificar la situación de libertad vigilada del diputado.
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En la misma línea, el juez Puente considera que no existen razones suficientes ni riesgo de fuga que hagan necesaria una medida tan restrictiva como el encarcelamiento. Ábalos, recordó el magistrado, mantiene arraigo en España y percibe un sueldo como diputado, lo que reduce la posibilidad de evasión.
Discrepancias en las acusaciones populares
Durante la vista, solo las acusaciones populares —ocho de las nueve, encabezadas por el PP y con la única excepción de Adade, vinculada al PSOE— reclamaron el ingreso en prisión de Ábalos, o de forma subsidiaria, la imposición de una fianza de 650.000 euros. Argumentaron el riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, teniendo en cuenta que el exministro aún no ha aclarado el origen del dinero detectado por la UCO.
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La Fiscalía, sin embargo, descartó esas hipótesis. Considera que, aunque las nuevas pesquisas patrimoniales apuntan a irregularidades, la naturaleza del procedimiento y el arraigo personal y profesional del investigado no justifican una privación de libertad.
El juez, en su resolución, coincidió con este criterio y recordó que las medidas adoptadas en febrero —retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencia quincenal en sede judicial— “siguen siendo proporcionales y adecuadas”.
La ruptura con su abogado
El conflicto con su abogado, José Aníbal Álvarez, se convirtió en uno de los puntos de tensión más destacados de la jornada. Según fuentes jurídicas, Ábalos comunicó al Supremo su deseo de prescindir de su letrado y solicitó un abogado de oficio, alegando “diferencias irreconducibles” y un deterioro en la confianza profesional. En un escrito previo, el exministro describió un clima “negativo” derivado de filtraciones mediáticas sobre su estrategia procesal.
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Detrás de la ruptura, según las mismas fuentes, estaría la presión del propio Álvarez para que su cliente abandonase el escaño en el Congreso y negociara una colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. El exministro, sin embargo, rechazó esa vía y decidió mantener su condición de diputado no adscrito.
Este martes, en la víspera de la comparecencia, Ábalos aseguró que no pretendía dilatar el proceso y reiteró su disposición a colaborar con la Justicia, subrayando que su intención era aclarar los 95.000 euros detectados por la UCO y de los que no se ha hallado rastro bancario.
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