Un hombre de setenta años, residente en la localidad italiana de Arzignano, ha sido acusado de fraude al Estado después de recibir durante más de medio siglo prestaciones por discapacidad por un valor superior a un millón de euros.
Según una información del diario italiano Corriere Adriatico, la investigación se inició a raíz de un control rutinario realizado por la Policía Financiera a los beneficiarios de ayudas del sistema de seguridad social italiano (en sus siglas, INPS). En este proceso, los agentes detectaron que el hombre percibía desde 1972 pensiones y subsidios de asistencia por ceguera total.
Sin embargo, durante dos meses de vigilancia, los investigadores documentaron que el hombre llevaba una vida completamente autónoma: caminaba solo por las calles, realizaba tareas de jardinería utilizando herramientas peligrosas como tijeras de podar y cortar setos, y acudía al mercado para comprar frutas y verduras, seleccionando personalmente los productos y manipulando billetes y monedas para efectuar los pagos.
Según la policía italiana, estas conductas, documentadas en vídeo, demuestran “perfectamente” que el hombre fingía su discapacidad visual. Los agentes sostienen que la facilidad con la que realizaba actividades cotidianas, sin ayuda ni dispositivos de apoyo, resultaba incompatible con la condición de ceguera total reconocida oficialmente desde hace más de cinco décadas.
200.000 euros en ayudas en 5 años
La Fiscalía de Vicenza tomó en consideración las pruebas aportadas por la Policía Financiera y abrió una investigación formal por fraude al Estado. El caso avanzó hasta convencer al juez de instrucción, quien decidió procesar al acusado. Como consecuencia, el hombre será sometido a juicio por haber simulado una discapacidad para obtener prestaciones sociales de manera indebida.
Paralelamente, la Policía Financiera notificó a las autoridades competentes la suspensión inmediata de la prestación de la seguridad social. Además, informó a la Fiscalía Regional del Tribunal de Cuentas para que se investigue la posible responsabilidad fiscal del acusado.
La inspección fiscal posterior ha determinado la existencia de más de 200.000 euros en ingresos ilícitos correspondientes a los últimos cinco años, periodo en el que aún es posible realizar una evaluación y exigir la devolución de las sumas indebidamente percibidas. Se ha propuesto la aplicación de las medidas financieras pertinentes para recuperar estos fondos.
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