El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha tildado de “ocurrencia” la propuesta del Partido Popular de crear un registro de no objetores de conciencia al aborto. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, sugirió la medida este lunes durante una entrevista con Antena 3, donde planteó que las mujeres preferirían “saber cuáles son los médicos que le pueden asistir” y no “los médicos que no están dispuestos a atenderla”. “Cuando llegue al Gobierno, la lista será la contraria, lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas”, aseguró el líder popular.
La idea llega en un contexto de enfrentamiento abierto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, que de momento rechaza la medida, de obligado cumplimiento tras la reforma de la ley del aborto de 2023. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió a inicios de octubre a las cuatro únicas comunidades autónomas que todavía no han puesto en marcha la medida y les dio un plazo de tres meses para activarla en sus regiones. Asturias (gobernada por el PSOE), Aragón y Baleares (PP) ya han declarado sus intenciones de y comenzado los trámites para cumplir con la legislación vigente, pero la Comunidad de Madrid ha dejado claro que no creará “listas negras” para “perseguir” a médicos objetores. “¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”, expresó la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves.
En este tenso conflicto, Feijóo lanzó la idea de crear un registro de médicos prestadores del servicio, en una entrevista en la que recalcó que “el derecho a la objeción de conciencia es un derecho fundamental de cualquier médico”, que puede decidir “no hacer abortos si lo considera oportuno”. Se trata de una medida ya planteada por la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, que durante un encuentro con la prensa aseguró que el registro de objetores es “inútil” y solo sirve “para señalar”. “A lo mejor sería más útil tener una lista de aquellos que proveen el servicio para saber con qué cuentas”, dijo.
Una “ocurrencia” del PP
Ante estos argumentos, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha recordado desde su perfil de Twitter (ahora X) que “el registro de objetores no es público” y no funciona a modo de “buscador donde saciar tus ánimos de cotillear o perseguir, es una herramienta de gestión”. Para Padilla, crear un registro de no objetores carece de sentido, pues “toda prestación en la cartera de servicios del SNS (Sistema Nacional de Salud) se presta por defecto. Lo contrario supone asumir que hay una objeción universal, expresamente prohibida en la ley (y en cualquier ordenamiento), que se revierte con la prestación activa”.
El secretario de Estado ha recordado que los servicios sanitarios de las comunidades siguen el mismo mecanismo con la eutanasia “y no ha dado problemas”. “De hecho, todas las CCAA del PP (también la Comunidad de Madrid) lo tiene implementado”, ha recalcado. Justamente, con la eutanasia se da la situación contraria del aborto: más del 90% de las prestaciones se realizan en la sanidad pública. Mientras, el 80% de las interrupciones del embarazo han quedado relegadas a la sanidad privada. El registro de objetores busca justamente evitar objeciones en bloque de servicios enteros y desplazamientos forzosos de pacientes a otras comunidades autónomas.
Así, Padilla ha sugerido que la Comunidad de Madrid siga el ejemplo de otras autonomías gobernadas por el PP, como Cantabria, “la líder en realización de IVE en la sanidad pública”. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Cantabria habría realizado un total de 991 abortos en 2024 y el 88,49% (887) se hicieron en la sanidad pública. Madrid, en cambio, registró un total de 18.149 interrupciones del embarazo el año pasado, pero solo 86 se realizaron en centros públicos, un 0,47% del total.
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