
El Congreso de los Diputados ha vuelto a cerrar este martes la puerta a una nueva reducción de la jornada laboral. La proposición de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para fijar el máximo semanal en 35 horas no sale adelante por el voto en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que suman mayoría en el pleno. Por su parte, PNV y Coalición Canaria se han abstenido.
Tanto PP como Vox y Junts ya habían frenado hace poco más de un mes la iniciativa del Gobierno para rebajar el límite a 37,5 horas, impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
“Hay que trabajar menos, para vivir mejor y para trabajar todos”, ha defendido desde la tribuna el diputado del BNG, Néstor Rego, durante el debate de toma en consideración. Rego ha presentado la iniciativa como una “segunda oportunidad” para avanzar hacia un nuevo modelo laboral que permita “garantías reales de los trabajadores y derecho a la desconexión”. Sin embargo, la propuesta no ha logrado los apoyos suficientes para iniciar su tramitación.
Una medida “de justicia social”
El texto registrado por el BNG planteaba reducir la jornada laboral máxima de las actuales 40 horas semanales a 35, con el objetivo de repartir mejor el empleo y mejorar la conciliación. “Acortar la jornada laboral a 35 horas es una medida de justicia social, que distribuiría el trabajo remunerado de una manera más homogénea entre las personas que no tienen trabajo y las que acumulan demasiadas horas de trabajo diario”, recogía la proposición.
Según el partido gallego, esta rebaja permitía “que la clase trabajadora pueda vivir de forma más sostenible y plena, reduciendo el desempleo y facilitando la conciliación”. Rego ha defendido además que la tendencia europea avanza hacia jornadas más cortas, poniendo a Francia como ejemplo, donde el límite de 35 horas se estableció hace ya 25 años.
“Queremos 35 horas”, ha insistido el diputado nacionalista, que considera “insuficiente” la propuesta gubernamental de 37,5 horas que el Congreso ya rechazó tramitar en septiembre. A su juicio, la reducción del tiempo de trabajo “no es una utopía, sino una necesidad para repartir riqueza y bienestar”.

Desde PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu han mostrado su apoyo a la iniciativa. “Aunque PP diga que no quiere ni oír hablar de Junts, y Junts no quiera saber nada de Vox, cuando se trata de desproteger a los trabajadores, todos se dan la mano y tan amigos”, criticó la diputada socialista Ana Cobo. Desde Sumar, Verónica Martínez Barbero defendió que “la reducción de jornada sin reducción salarial es una demanda mayoritaria y será una realidad más pronto que tarde”.
El PNV, por su parte, ha optado por una posición intermedia. Su portavoz abogó por “retomar el proyecto de las 37,5 horas con un consenso más amplio y un debate serio”, recordando que su grupo ya apoyó la reducción promovida por el Gobierno.
Las derechas rechazan “una versión retorcida de una propuesta ya derrotada”
En el lado contrario, PP, Vox y Junts han vuelto a coincidir en su rechazo frontal a cualquier reducción de jornada impuesta por ley. El diputado de Junts Josep Maria Cervera, ha calificado la propuesta del BNG como “una versión retorcida de una propuesta ya derrotada” y reiteró que su grupo “no cambiará su posición, ni con la jornada de 37,5 horas ni con la de 35”.
Cervera ha argumentado que una reforma de tal calado “debe surgir del diálogo social y no de un decreto político”. Además, cuestionó el ejemplo francés utilizado por Rego: “Francia no es precisamente el mejor espejo; está políticamente bloqueada y plantea incluso recortar festivos para sostener sus cuentas”.
Desde el PP, la diputada María Isabel Prieto subrayó que la iniciativa “adolece de falta de rigor y seriedad” y que “no se puede imponer por ley algo que corresponde a la negociación colectiva entre empresas y sindicatos”. En su opinión, el BNG busca “enfrentar a trabajadores y empresarios con un discurso de lucha de clases que está superado y desfasado”.
Más duro fue el representante de Vox, Juan José Aizcorbe, que acusó al Bloque de “vender humo” y advirtió de que su propuesta “solo serviría para encarecer y fragmentar el empleo, convirtiéndolo en un privilegio para unos pocos”. “España lo que necesita es que la dejen trabajar”, zanjó el diputado ultraderechista.
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