Una mujer identificada como Clemencia, una madre paraguaya residente en Madrid, llevaba más de un año intentando obtener autorización judicial para tramitar el pasaporte y el DNI de su hijo Ovidio, un menor de nacionalidad española que vive con sus abuelos maternos en Paraguay. Su objetivo era poder traerlo a España para reunirse con él y mantener el vínculo familiar. Sin embargo, su petición se topó inicialmente con un obstáculo: el Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Madrid se declaró incompetente para conocer del caso, lo que obligó a Clemencia a recurrir la decisión.
El padre del menor, Pedro Enrique, español y residente también en Madrid, no se opuso expresamente al traslado, aunque tampoco se personó en el procedimiento de apelación. En esta compleja situación familiar, el niño permanece en Paraguay, bajo el cuidado de sus abuelos, mientras su madre trata de resolver las cuestiones legales que le impiden traerlo de vuelta a su entorno y ejercer plenamente su responsabilidad parental.
Tras meses de incertidumbre, la Sección 31ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha dado un giro a la situación. En un auto fechado el 21 de mayo de 2025, con ponencia del magistrado José Ángel Chamorro Valdés, el tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la madre y ha declarado que los tribunales españoles sí tienen competencia para tramitar su solicitud. La resolución, que no admite recurso, ordena al juzgado de origen admitir a trámite la demanda y continuar la tramitación del caso.
Un procedimiento con implicaciones internacionales
La cuestión jurídica no era sencilla. Aunque el menor es español, reside de manera estable en Paraguay, lo que introducía un elemento de extranjería en el procedimiento. El Juzgado de Primera Instancia había sostenido que, al estar el niño fuera del territorio nacional, la competencia debía recaer en los tribunales del país de residencia. Esta interpretación, sin embargo, fue cuestionada por la defensa de Clemencia, que alegó que tanto ella como el padre del menor viven en España, y que la petición afectaba al ejercicio de la patria potestad compartida, reconocida por la legislación española.
El Ministerio Fiscal, en su informe, se mostró contrario al recurso y defendió la confirmación del auto impugnado. No obstante, la Audiencia Provincial adoptó un criterio distinto, apoyándose en la normativa europea aplicable en materia de responsabilidad parental.
La Sala recuerda en su resolución que el marco jurídico relevante no es solo el derecho español, sino el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, conocido como “Bruselas II ter”, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Este reglamento, que prevalece sobre las normas nacionales, determina que los tribunales de un Estado miembro pueden asumir competencia en cuestiones de patria potestad cuando el menor mantiene un vínculo estrecho con dicho Estado, especialmente si uno o ambos progenitores residen en él o si el menor tiene su nacionalidad.
La Audiencia prioriza el interés del menor y la vinculación con España
La Audiencia Provincial de Madrid considera que el caso cumple los requisitos establecidos en la normativa europea. Por un lado, Ovidio tiene la nacionalidad española; por otro, ambos progenitores residen de forma habitual en España. Además, el tribunal entiende que resolver el asunto en España responde al interés superior del menor, principio que guía todas las decisiones en materia de patria potestad y custodia.
El auto subraya que es beneficioso para el niño mantener la relación con sus progenitores y su entorno familiar en España, y que la solicitud de su madre busca precisamente facilitar ese contacto. La Sala añade que la eventual oposición del padre a la competencia del tribunal podrá plantearse más adelante, durante la tramitación del procedimiento en primera instancia, pero no constituye motivo suficiente para inadmitir la demanda.
En consecuencia, la Audiencia revoca la resolución del Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Madrid, estima el recurso de Clemencia y acuerda la admisión a trámite de su solicitud. La decisión, contenida en el Auto nº 122/2025, fue adoptada por unanimidad por los magistrados José Ángel Chamorro Valdés —como ponente—, M.ª Dolores Planes Moreno y Emelina Santana Páez.
Últimas Noticias
Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: mayor frecuencia de transporte público y sin peajes ante el corte de la AP-7 en Cataluña
Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba
Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
PP y Junts rompen la tregua y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios
Los populares critican la “falta de transparencia” en las decisiones del ministerio de Transporte y el partido de Carles Puigdemont solicita la comparecencia urgente del ministro, como ya hizo Vox este martes
Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura
De los 6 lotes en los que el operador estatal divide España, el de Extremadura y Andalucía no se ha podido adjudicar de momento. Las patrullas móviles deberán recorrer de media, 12.000 kilómetros cada día
Vecinos de Malasaña en Madrid plantan cara al fondo buitre que quiere echarles: “Una casa no es solo donde duermes. Nuestra vida está en el barrio”
Vencar Capital compró el edificio de Valverde 42 el pasado mes de noviembre y, desde entonces, los 18 residentes han denunciado presiones como la presencia constante de una empresa de ‘desokupación’
