Interior rompe el contrato de 6,6 millones de euros firmado con una empresa israelí para suministrar balas a la Guardia Civil

El Ministerio del Interior ha hecho pública este lunes la resolución definitiva del contrato firmado con la compañía israelí IMI Systems Ltd para el suministro de 17 millones de balas a la Guardia Civil por un importe de 6,6 millones de euros. El acuerdo, adjudicado en abril de este año, queda rescindido de manera unilateral sin que la empresa perciba indemnización alguna, aunque sí se le devolverán los 274.500 euros aportados como garantía.

Según el documento publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Interior justifica la cancelación apoyándose en la negativa de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) a autorizar la importación de las balas por “razones de interés general”. Esa denegación de licencia, fechada en agosto, activó la causa legal para romper el contrato sin coste adicional para el Estado.

Un contrato que abrió una crisis en el Gobierno

La formalización del acuerdo con IMI Systems, hecha pública el 18 de abril, desató un terremoto político que puso en riesgo la estabilidad de la coalición entre el PSOE y Sumar. La adjudicación contradecía las palabras del presidente Pedro Sánchez, que en sede parlamentaria se había comprometido a no comprar ni vender armamento con Israel mientras prosiguiera la ofensiva militar en Gaza.

La presión de Unidas Podemos e Izquierda Unida, socio minoritario en el Ejecutivo, fue inmediata. IU llegó a amenazar con abandonar el Gobierno si no se anulaba la compra, mientras Sumar acusaba a Interior de “graves incoherencias”. El ministro Fernando Grande-Marlaska defendió inicialmente la continuidad del contrato para evitar perjuicios económicos a las cuentas públicas, pero finalmente fue desautorizado por el propio presidente, que ordenó la rescisión “unilateral y sin matices” del suministro.

El responsable de Interior compareció en el Congreso el 21 de mayo, donde reconoció que su departamento había detectado ya en octubre de 2024 que la empresa adjudicataria era israelí. Según explicó entonces, durante seis meses se buscaron fórmulas legales para impedir la formalización, sin éxito, pues las opciones disponibles implicaban indemnizaciones millonarias. El ministro insistió en que el suministro de munición para las Fuerzas de Seguridad estaba asegurado, ya que se había iniciado un procedimiento alternativo con otro fabricante, finalmente adjudicado a una empresa checa.

Reacción de Israel y riesgo de litigio

La respuesta israelí no se hizo esperar. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, condenó la decisión y acusó a España de “anteponer fines políticos a la seguridad”. El Ministerio de Exteriores en Jerusalén denunció que el Ejecutivo de Sánchez estaba “sacrificando consideraciones estratégicas” y advirtió de posibles repercusiones diplomáticas.

Por su parte, IMI Systems, representada en España por la compañía Guardian Homeland Security, mantiene la opción de recurrir la resolución. Según el expediente publicado por Interior, la empresa tiene diez días desde la notificación para presentar alegaciones. En caso de hacerlo, la administración reconoce que podría tener que abonar una compensación, al amparo del artículo 213.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, aunque subraya que de momento el balance es “a coste cero” al no haberse recibido material alguno.

El ministerio devolverá a la empresa únicamente la garantía depositada —un 5% del importe adjudicado—, mientras que cualquier otro concepto económico quedará pendiente de la eventual batalla judicial.

Embargo retroactivo y blindaje jurídico

La clave para blindar la decisión fue el Real Decreto-ley 10/2025, aprobado en septiembre, que establece un embargo total de armamento israelí en el marco de las medidas urgentes contra lo que el Gobierno califica de “genocidio en Gaza”. Interior invoca este texto para dar carácter retroactivo a la prohibición, reforzando así la imposibilidad legal de ejecutar el contrato.

La resolución recuerda además que la propia empresa representante había informado en julio de que “la munición 9 mm Lote 1 y 3 a suministrar para la anualidad 2025 bajo este expediente está fabricada y preparada para su envío”, lo que confirma que el material llegó a estar listo para ser entregado, pero nunca pudo entrar en España por la denegación de la licencia.

En la resolución publicada, se citan cuatro razones principales que justifican la anulación: que la causa es objetiva y ajena a las partes, que impide la ejecución del contrato en sus términos originales, que no puede subsanarse mediante modificación legalmente admisible y que no genera responsabilidad patrimonial para el contratista salvo decisión en contrario.

La medida se enmarca en la línea de actuación diplomática desplegada por España desde el reconocimiento del Estado palestino en mayo del pasado año y la petición formal en junio de intervenir en el proceso abierto por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio.