El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un plan de inversión de casi 13.000 millones de euros para modernizar y ampliar la red de aeropuertos gestionados por Aena ha provocado el rechazo frontal de las principales organizaciones ambientalistas en España, al considerar que la decisión “contradice los compromisos climáticos asumidos por el país” y responde a “intereses de grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo”.
El pasado jueves, en un acto celebrado en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, el presidente del Ejecutivo destacó que esta nueva estrategia, la mayor inversión en la red aeroportuaria española de las últimas décadas, supondrá “más competitividad, consolidación de empresas y mucho empleo”. Sin embargo, los colectivos ecologistas consideran que de esta manera “se sigue reforzando el transporte más contaminante”, cuando España, recuerdan, ha asumido el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte un 42% para 2030 respecto de 2005.
“Este anuncio es incompatible con la lucha contra la emergencia climática y supone un retroceso en los esfuerzos para reducir las emisiones del sector del transporte, el más emisor de la economía española, con una contribución del 32,6% al total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España”, han indicado en un comunicado organizaciones como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. El proyecto prevé intervenciones en trece aeropuertos, entre ellos Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote, Madrid, Barcelona, Málaga, Melilla, Valencia, Alicante, Santander, Bilbao, Menorca e Ibiza.
Las organizaciones consideran que el plan incentiva un aumento directo de vuelos y, con ello, de emisiones y contaminación, lo cual no solo afecta al clima, sino también a la salud pública y la biodiversidad local. También mencionan un estudio de la ONG europea Transport & Environment que indica que la contaminación producida por los aviones sería la causa de 52.205 casos de hipertensión, 64.918 de diabetes y 5.340 de demencia en torno a los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.
Otros estudios, añaden, “han demostrado cómo la población cercana a los aeropuertos tiene una mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, discapacidad auditiva, alteraciones del sueño o deterioro del rendimiento cognitivo”.
Las organizaciones ecologistas también señalan el transporte aéreo de España en 2024 “fue el segundo con más emisiones de toda la Unión Europea”, al generar 22,6 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a casi la mitad de todas las emisiones de Suecia en ese año.
El ejemplo del Prat en Barcelona
Critican asimismo que este tipo de expansiones en los aeropuertos “responden a intereses de grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo”, lo que provoca procesos de expulsión residencial, destrucción del comercio local y mayor precarización laboral en los entornos afectados. Un ejemplo citado es el caso de la laguna de la Ricarda y el Delta del Llobregat, espacios naturales cuya preservación podría verse comprometida si avanza la ampliación de infraestructuras en El Prat, advierten.
Frente a este escenario, reclaman al Gobierno la suspensión indefinida de cualquier plan de aumento de capacidad aeroportuaria, incluyendo ampliación de pistas, construcción de nuevas terminales y conexiones ferroviarias que fomenten los desplazamientos aéreos. Las organizaciones abogan así por eliminar los vuelos de corto recorrido siempre que exista alternativa ferroviaria, para frenar las emisiones y evitar subsidios públicos al sector.
También insisten en la necesidad de reorientar la política de movilidad del país para priorizar modos de transporte con menor huella ambiental y accesibles a toda la población, una demanda que, según las organizaciones, constituye “una apuesta por la justicia social y climática”.
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