El inicio del curso escolar 2025-2026 llega marcado por una advertencia contundente de la Federación de Enseñanza de CCOO: el derecho a la educación inclusiva en España está en peligro.
El aumento sostenido de alumnado con necesidades específicas no ha sido acompañado de una inversión proporcional, generando una sobrecarga insostenible en el sistema educativo y sus profesionales.
“Más necesidades sin más recursos es igual a peor atención educativa y a sobrecarga del sistema y de sus profesionales”, advierte el informe anual de CCOO.
Crece el alumnado con necesidades educativas
Entre los cursos 2017-2018 y 2023-2024, el conjunto del alumnado con necesidades de apoyo educativo pasó de 621.109 a 1.088.413 estudiantes, lo que representa un crecimiento del 75,24%.
En las necesidades educativas especiales, el aumento fue del 36,18% (de 183.208 a 249.494), incluyendo discapacidades motrices, sensoriales, intelectuales, trastornos del espectro autista y problemas graves de comportamiento.
En las dificultades específicas de aprendizaje, el crecimiento fue del 66,87% (de 231.528 a 386.345), como dislexia, discalculia, trastornos del lenguaje y de atención.
En vulnerabilidad social, sucedió el mayor aumento. De 172.260 a 394.034 alumnos (+128,74%), que incluye incorporaciones tardías, desconocimiento del idioma o precariedad socioeconómica.
Por último, los alumnos con altas capacidades también sufrieron un aumento significativo del 71,61% (de 34.113 a 58.540).
“El conjunto de todas estas necesidades se ha incrementado más de un 75%”, señala CCOO. El peso de estos estudiantes en el sistema también creció, del 7,6% del total en 2017-2018, a 13,1% en 2023-2024.
La infradetección agrava la situación
Uno de los problemas más graves es la infradetección de necesidades. Según estimaciones basadas en la prevalencia de trastornos, al menos un 15% de los alumnos debería presentar dificultades específicas de aprendizaje, pero los datos oficiales solo recogen un 4,64%, lo que implica que el 69% de los casos no está detectado.
En cuanto a la vulnerabilidad socioeducativa, al menos un 43% de los estudiantes en desventaja no está contabilizado oficialmente. Según el indicador AROPE, 29,2% de los menores de 18 años en España está en riesgo de pobreza o exclusión, unos 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes.
“Si algo no se contabiliza o no se detecta, no se atiende”, enfatiza el informe.
Recursos insuficientes frente al crecimiento de necesidades
La educación pública asume la mayor parte de este alumnado: el 72,5% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje y el 79,5% de los que requieren compensación social están en centros públicos, frente al 66,9% del total del sistema.
Entre 2018 y 2023, la inversión pública creció de manera insuficiente. Para educación especial, un 25,38%, mientras que para educación compensatoria, un 30,65%.
Sin embargo, estas cifras quedan por debajo del crecimiento de las necesidades: 36,18% en necesidades especiales y 128,74% en compensación de desigualdades, dejando un déficit del 49% en el total. Por otro lado, el presupuesto destinado a estas partidas pasó del 5,09% en 2018 al 4,74% en 2023.
“Se comprueba claramente que el aumento de necesidades no ha ido acompañado de un incremento de inversión en las medidas específicas para atender a ese alumnado y mejorar su éxito educativo, personal y social”, sostiene CCOO.
Propuestas para garantizar la educación inclusiva
Para atender correctamente al alumnado con necesidades, CCOO estima necesario un incremento de 5.126 millones de euros, equivalente al 8,53% del presupuesto educativo y al 0,32% del PIB. Entre las medidas:
- Reducir las ratios de grupo, contando doble a los alumnos con necesidades específicas.
- Incrementar profesorado especializado y personal de apoyo educativo en todos los perfiles: logopedas, fisioterapeutas, enfermería escolar y auxiliares.
- Asociar a los alumnos con dificultades específicas a dotaciones adicionales de profesorado PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje), con ratio máxima de 12 alumnos.
- Crear perfiles de coordinación de bienestar infantil y adolescente.
- Garantizar comedores escolares gratuitos, incrementar becas y ayudas, ampliar plazas de Educación Infantil y Formación Profesional.
“Para que la educación sea verdaderamente inclusiva y compensadora de desigualdades es necesario poner los recursos para asegurar el éxito educativo de todo el alumnado, desarrollando al máximo sus potencialidades”, afirma Teresa Esperabé, responsable de Educación de CCOO.
Un derecho fundamental
El informe concluye que la situación actual vulnera compromisos internacionales y exige una respuesta urgente: el derecho a la educación inclusiva está en peligro.
“El derecho a la educación, como derecho fundamental, ha de garantizar una educación inclusiva con calidad y equidad para todo el alumnado, y si se observa que esto sucede, queda demostrado que están incumpliendo ordenamientos internacionales”, sentencia CCOO.
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