La Oficina de Conflictos de Intereses archiva de nuevo la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

La Oficina de Conflictos de Intereses ha vuelto a cerrar el expediente abierto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la denuncia presentada por el Partido Popular por su participación en las decisiones del Consejo de Ministros sobre el rescate de Air Europa en plena pandemia. El organismo considera, una vez recabada nueva documentación, que no existía obligación legal de abstención por parte del jefe del Ejecutivo, al no detectarse relación alguna de su esposa, Begoña Gómez, con la aerolínea ni con Globalia, su matriz.

El procedimiento se había reactivado el pasado junio, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obligara a la Oficina a revisar su primera decisión de archivo, tomada en marzo de 2024. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó entonces que el organismo no había realizado “una mínima averiguación” antes de dar carpetazo al caso, y le ordenó recopilar más pruebas.

Tras meses de nuevas indagaciones, el resultado ha sido idéntico: el archivo de la denuncia y la constatación de que las sospechas del PP carecen de sustento jurídico.

Sin vínculos acreditados

Fuentes jurídicas explican a El País que en el informe emitido este martes la Oficina subraya que se ha “confirmado” que Gómez “no ha desempeñado ni desempeña” cargos en Globalia ni en sociedades relacionadas, ni actividades profesionales o mercantiles que supusieran funciones de dirección, asesoramiento o administración. Tampoco consta que estuviera dada de alta en la Seguridad Social en ninguna de estas empresas.

La investigación ha contado con información del Registro Mercantil Central, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Ministerio de Presidencia y la propia Globalia. La compañía respondió por escrito que la esposa del presidente “no ha ocupado ni ocupa ningún cargo” en el grupo. Con todo ello, el organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública concluye que no se daban los supuestos contemplados en la normativa de conflictos de intereses que obligasen a Sánchez a apartarse de las deliberaciones sobre el rescate de la aerolínea.

Este rescate ascendió a 475 millones de euros, canalizados a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas de la SEPI, durante el periodo más crítico de la pandemia.

Feijóo insiste en la crítica

A pesar de que el informe ya estaba firmado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó el caso este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. “Ayer se publicó que la justicia le ha dado 60 días para investigar su conflicto de intereses por el rescate de una compañía en la que su mujer tenía intereses económicos”, acusó al presidente.

En realidad, cuando pronunció esas palabras, la Oficina ya había finalizado sus pesquisas y archivado de nuevo la denuncia. Fuentes populares aseguran, no obstante, que aún no han tenido acceso al documento oficial, remitido también al TSJM.

El inicio de esta batalla se remonta a marzo de 2024, cuando el PP acusó a Sánchez de no abstenerse en las decisiones sobre Air Europa por la supuesta vinculación de su esposa con la compañía. Aquella primera denuncia fue archivada rápidamente por la Oficina al entender que las medidas adoptadas no afectaban a intereses personales ni del presidente ni de su cónyuge.

Tribunales sin indicios

Los tribunales tampoco han avalado, hasta la fecha, las sospechas vertidas por la oposición. La Audiencia Provincial de Madrid obligó al juez Juan Carlos Peinado a cerrar la parte de su causa en la que se investigaba la relación de Gómez con Air Europa, al no apreciar indicios.

En paralelo, en una conversación intervenida por la Guardia Civil, el comisionista Víctor de Aldama, vinculado a la aerolínea, negaba cualquier relación de la esposa del presidente con la operación: “Lo de que quieren vincular la operación de Air Europa con Begoña, que si ha habido presiones y tal, nada es verdad”.

También Bartolomé Lera, vicepresidente de la SEPI nombrado por un Gobierno del PP en 2017 y encargado de gestionar la ayuda, declaró en el Senado que nunca trató el tema con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que desconocía tanto a Aldama como a Koldo García, el excolaborador del socialista.