La disputa se remonta a 2017, cuando Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP, construyó un chalé en la parroquia de Meira, Moaña (Galicia). Para obtener la licencia de obra, el entonces presidente de la Xunta tuvo que ceder al ayuntamiento 90,79 metros cuadrados de terreno público, una franja de 30 metros de largo por 3 de ancho destinada a ampliar la carretera, según recoge la sentencia judicial.
En 2017, Feijóo comunicó una modificación del proyecto, que incluía cerrar la parcela con un muro más alto de lo permitido por la normativa municipal. Un informe de la Policía Nacional argumentaba que, por motivos de seguridad, el cierre no podía tener ángulos muertos y debía superar los dos metros de altura.
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Además, presentó un informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Xunta que respaldaba la excepción, amparándose en el artículo 2.b del Decreto 211/2007, que concede a los expresidentes “derecho vitalicio a medidas de seguridad adecuadas”.
Sin embargo, la norma se refiere a exmandatarios, no a presidentes en ejercicio, cuya protección corresponde a la residencia oficial de Feijóo, en Monte Pío.
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Autorización con condiciones claras
El Ayuntamiento autorizó la construcción del muro solo durante la propiedad de Feijóo, y estableció varias condiciones:
- La autorización no podía transferirse a terceros.
- La Policía debía certificar periódicamente la necesidad del muro.
- Si desaparecían los motivos de seguridad, el muro debía retirarse y el espacio público reconstruirse.
Estas medidas buscaban garantizar la seguridad del presidente sin comprometer permanentemente la vía pública.
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Venta del chalé
En julio de 2021, Feijóo vendió el chalé, acordando que era el comprador quien debía hacerse cargo de cualquier obligación de retranquear el muro. Dos meses después, el Ayuntamiento notificó que el muro debía demolerse y ajustarse a la normativa urbanística.
No obstante, el nuevo propietario, un alto ejecutivo de una multinacional, alegó ser “objetivo de potenciales secuestros o agresiones” y reclamó mantener el cierre por motivos de seguridad, pero la justicia rechazó su petición.
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“Pretende ocupar de manera exclusiva un espacio público para uso privado por tiempo indefinido. No hay interés público que lo justifique”, recoge la sentencia. Asimismo, el juez recalcó que la seguridad de Feijóo respondía a interés público, mientras que la del nuevo propietario era un interés privado.
“Prevalece el interés público en la liberación del espacio viario ocupado, frente al interés particular del actor en disponer de un jardín más amplio. Nada le obligaba a comprar la vivienda si no satisfacía sus necesidades de seguridad”, agrega el escrito.
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La Xunta defiende la medida original
El presidente Alfonso Rueda justificó la decisión tomada durante el mandato de Feijóo: “Cuando se tomó esa decisión, había motivos de seguridad que así lo aconsejaron. La medida se adoptó amparándose en una normativa y basada en motivos de seguridad”.
Sobre la sentencia que obliga a retirar el muro, Rueda subrayó que es necesario “acatarla”, porque con el nuevo propietario desaparecen las circunstancias que justificaron la excepción.
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El caso recuerda a otras controversias con las viviendas del líder del Partido Popular en materia de privilegios por altos cargos, como la del chalé de su pareja en playa do Con, donde Costas reclama recuperar 210 metros cuadrados de dominio público ocupados junto a la vivienda.
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