La última etapa de la vuelta ciclista a España, celebrada el pasado domingo 14 de septiembre, debería haber acabado en el entorno del Paisaje de La Luz, que recorre desde el Paseo del Prado o El Retiro hasta monumentos emblemáticos como la Puerta de Alcalá o el Palacio de Cibeles. Sin embargo, la etapa fue suspendida a 56 kilómetros de la meta debido a la ocupación de la calzada por los manifestantes y la imposibilidad de garantizar la seguridad para los ciclistas y equipos.
La organización Amnistía Internacional (AI) desplegó un equipo de nueve miembros en puntos clave de Madrid, como Atocha, el Paseo del Prado, Plaza de Callao y Gran Vía, para monitorear el desarrollo de las manifestaciones que reunieron cerca de 100.000 personas, en su gran mayoría pacíficas.
“En términos generales, consideramos que se respetó el derecho a la manifestación de la ciudadanía por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, afirma Carlos Escaño, responsable de campañas temáticas de Amnistía Internacional España, en conversación con este diario.
No obstante, la organización pudo documentar el uso excesivo de la fuerza por parte de algunos agentes de policía. “Se ha constatado casos preocupantes del uso indebido de porras policiales contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluso golpes en la espalda, que provocaron heridos, y la utilización de spray pimienta para dispersar a grupos pacíficos”, señala Carlos, que añade que se trata de “algo incompatible con los estándares internacionales o de derecho a la protesta”.
Según la Delegación de Gobierno, el balance de la jornada fue de dos detenidos y 22 agentes heridos, sin datos sobre los posibles manifestantes lastimados durante las protestas.
“Contra el sport-washing”
Las manifestaciones de Madrid se enmarcaron en la denuncia del genocidio que Israel estaría cometiendo en Gaza, así como en el rechazo a la participación del equipo Israel Tech en la Vuelta.
“Precisamente, esta protesta era en contra del sport-washing, del lavado de cara de un Estado mediante la participación en eventos deportivos. Desde Amnistía Internacional llevamos tiempo denunciando que lo que se está haciendo es un genocidio”, explica Carlos a Infobae España.
Del mismo modo, el comunicado de la organización recuerda que desde hace “casi dos años, el mundo es testigo de un grado inconcebible de muerte y destrucción en la Franja de Gaza. Los brutales ataques de Israel han matado a decenas de miles de personas, borrado familias enteras, arrasado barrios residenciales, destruido infraestructuras básicas y desplazado forzosamente a 1,9 millones de palestinos y palestinas”.
Según los datos recientes compartidos por la ONU, la guerra en Gaza ha causado más de 35.000 muertos, miles de heridos y la destrucción masiva de hospitales, escuelas y residencias. Además, el bloqueo a la ayuda humanitaria ha colocado a la población en riesgo de hambruna.
“La obstrucción deliberada de la ayuda, la destrucción de infraestructuras vitales y los homicidios de civiles no son hechos aislados. Son parte de una estrategia para causar un daño irreparable a la población palestina”, subraya el comunicado.
En este sentido, la organización reiteró que los actos de desobediencia civil, como bloquear calles o rutas, no constituyen violencia y que incidentes aislados no invalidan la protesta: “Las autoridades deben garantizar que quienes protestan pacíficamente puedan seguir haciéndolo y no utilizar los actos violentos de unos pocos como pretexto para restringir derechos”.
La UCI crítica al Gobierno Español
La Unión Ciclista Internacional (UCI) expresó su preocupación por la cancelación de la etapa y condenó la cancelación de la etapa y la “instrumentalización del deporte con fines políticos”.
“Expresamos nuestra total desaprobación y profunda preocupación por los incidentes vinculados a manifestaciones propalestinas. Esto pone en tela de juicio la capacidad de España para organizar grandes eventos deportivos internacionales en condiciones de seguridad y respeto a la Carta Olímpica”.
Y además señalaron las declaraciones de Pedro Sánchez horas antes de los altercados: “Lamentamos que el presidente del Gobierno y su equipo hayan respaldado acciones que obstaculizan el buen desarrollo de la competición y contradicen los valores olímpicos de unión y paz”, condenó la entidad.
Sindicatos de la Policía Nacional denuncian el “abandono” de la unidad antidisturbios
Paralelamente, los principales sindicatos de la Policía Nacional (JUPOL, SUP, CEP y UFP) se concentraron ante la sede de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Moratalaz, denunciando la “grave crisis” de la unidad antidisturbios.
A pesar del despliegue de 1.100 agentes, los manifestantes lograron traspasar los cordones de seguridad. Algunos ciclistas se vieron obligados a bajarse de sus bicicletas y la organización decidió que fueran escoltados hasta los vehículos de equipo y sus hoteles.
Por su parte, “es fundamental que las autoridades comprendan que proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de los eventos deportivos no puede implicar la criminalización de la protesta pacífica”, señala Carlos Escaño.
No obstante, “los policías de la UIP afrontan su propio puerto de montaña: una crisis de efectivos y condiciones laborales que amenaza con dejar a la unidad fuera de carrera”, destacaron los sindicatos. “La falta de incentivos, las duras condiciones laborales y la fuga constante de efectivos debilitan cada año más a la unidad”, concluyeron.
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