
Las heridas que dejó la DANA del pasado 29 de octubre tras arrasar numerosos pueblos de la provincia de Valencia siguen siendo visibles. Tanto que a casi un año de la tragedia, varios centros educativos de las localidades de Algemesí, Alfafar y Massanassa han tenido que reanudar las clases unos días más tarde de lo previsto porque los barracones todavía presentan deficiencias, hay patios sin arreglar o no disponen de servicio de comedor, y muchas familias se han negado a llevar a sus hijos al colegio en esas condiciones.
“Pensábamos que el Consell de la Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón a la cabeza, ya no podían cometer una agresión mayor que la que ya han hecho contra la comunidad educativa y con la infancia en general, condenando a los niños y niñas a estar en barracones (aulas prefabricadas) hasta que se reconstruyan los colegios, pero han sido capaces de superarse a sí mismos y el curso no ha empezado según lo previsto”, cuenta indignado a Infobae España Antonio Valero, portavoz de la Coordinadora de Colectivos del Parque, grupo que ha impulsado la creación de comités de reconstrucción en algunos de los municipios más afectados por la DANA.
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En Alfafar, en concreto, donde previsiblemente las clases se reanudarán este 15 de septiembre, critica, “la gran idea que se le ha ocurrido al Ayuntamiento es enviar a los niños a la piscina, porque no sabían qué hacer con ellos”.

Y aunque en otras localidades afectadas por la terrible riada sí han comenzado las clases, Valero asegura que los barracones “no están en condiciones”, pues carecen de gimnasio, laboratorio y otros elementos mínimos que cualquier centro escolar debe tener". “Esta no es la escolarización que los niños necesitan. Si a lo largo de estos 10 meses se han hecho puentes y carreteras, también se podrían haber hecho escuelas, pero no ha habido voluntad política. Y de esto son responsables todas las administraciones: la local, la autonómica y la central”, asevera el activista.
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“Mucho más que un trauma”
Valero considera que la falta de respuesta de las autoridades implica una “vulneración de los derechos humanos y de la infancia”. Recuerda asimismo que, tras la DANA, numerosos niños y niñas de las zonas más afectadas fueron reubicados en centros educativos apartados de sus hogares y donde también han tenido problemas de adaptación.
“Esto va a ser mucho más que un trauma, porque supone la ruptura del itinerario escolar y ya perdieron mucho el año pasado”, sostiene, al tiempo que advierte que esta situación afecta especialmente al alumnado con necesidades educativas especiales que requieren apoyos específicos.
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En localidades como Catarroja, ubicada a escasos 10 kilómetros de Valencia, aunque las clases ya han comenzado, la situación también sigue siendo muy compleja para los alumnos, pues “aún están derribando el instituto público de Educación Secundaria” que quedó afectado por la riada y las aulas prefabricadas “no están en las mejores condiciones”.
“Es cierto, al menos los 1.500 alumnos que habían sido repartidos entre Massanassa, Mislata y Picassent ya están en Catarroja, en su casa, pero sigue habiendo problemas. Va a pasar mucho tiempo hasta que se construya un instituto nuevo y se pueda recuperar la normalidad”, explica por su parte José Antonio Cuberos, concejal de Educación (Compromís) en Catarroja. También presentan deficiencias los tres colegios de la localidad, ya que los patios están sin acabar o no disponen de cocina, por lo que es una empresa de catering la que se encarga de la comida y se desconoce “cuánto va a durar esta situación”.
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Cuberos también se muestra preocupado por el estado del sistema de saneamiento en el municipio, pues el alcantarillado quedó seriamente dañado por el barro acumulado tras la DANA. Asegura que la reparación de esta infraestructura requerirá la mayor inversión, porque el lodo obstruyó gran parte de la red y, en la actualidad, incluso las precipitaciones de poca intensidad generan temor entre la población. “No estamos en condiciones de soportar algo similar”, advierte.
En este contexto, considera que las medidas ejecutadas hasta la fecha por la Generalitat Valenciana en las zonas afectadas por la riada no han sido suficientes para prevenir o reducir el impacto de futuras DANAS.
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