La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

La Colonia de Los Ángeles es una zona residencial bastante tranquila. Fundada a principios de los años 40 en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, limita con uno de los pulmones verdes más importantes, la Casa de Campo. El paisaje urbanístico está formado, en su mayor parte, por urbanizaciones residenciales y por viviendas unifamiliares, muchas de ellas con piscina. Un pequeño oasis junto a los estudios de RTVE y uno de los hospitales del Grupo Quirón.

En la principal rotonda de acceso a esta colonia hay una parcela vacía de 1.129 metros cuadrados que los vecinos miran con temor y preocupación. ¿Por qué? En julio de 2024, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), dependiente del ministerio de Hacienda, dueña de estos terrenos, licitó públicamente el derecho de superficie durante 25 años por un canon mínimo de 47.000 euros al año. La adjudicación se resolvió en enero de 2025 por apenas 1.000 euros más que el precio de salida. La ganadora fue la empresa Gesmonher 62 SL, que pertenece al grupo distribuidor de gasóleo Jihupa.

El objetivo es construir una estación de servicio con dos surtidores y dos puestos de carga eléctrica. La parcela limita en dos de sus lados con viviendas y en otro con una residencia para personas con discapacidad intelectual. En uno de esos lados, la estación de servicio estará pegada a una vivienda unifamiliar. En el otro, una calzada de ocho metros la separará de otros inmuebles. En España, son los Ayuntamientos quienes fijan en su normativa urbanística la distancia mínima que debe haber entre gasolineras y zonas residenciales. “En Pozuelo es de cero metros”, se lamenta María Gómez, portavoz de la ‘Plataforma Vecinal Pozuelo Sureste’, creada este mismo año para intentar solucionar algunos problemas de esta zona del municipio. “Por lo que en este caso va estar literalmente pegada a viviendas”.

La parcela tiene una edificabilidad de 903 metros cuadrados que se pueden repartir en hasta tres alturas. Según el expediente urbanístico, esos terrenos se pueden dedicar a establecimientos de hospedaje y oficinas. También tiene el uso comercial como compatible, lo que permite levantar una estación de servicio. El pasado 18 de julio, la empresa promotora del proyecto solicitó al Consistorio el informe de evaluación ambiental pertinente para autorizar la licencia de actividades con obras “de ejecución para nueva estación de servicio sin lavados, sita en avenida de los Ángeles 73″. Los vecinos han presentado aproximadamente unas 400 alegaciones, “pero si el proyecto finalmente cumple los requisitos, el Consistorio estará obligado por ley a autorizarlo”, señala una fuente municipal.

Más tráfico, ruido y olores

Los vecinos señalan que la memoria presentada por la empresa indica que “el proyecto no implica un aumento del tráfico rodado en las inmediaciones de la zona”, un argumento que según algunas de las alegaciones “carece del soporte técnico adecuado y está alejado de la lógica de que los potenciales usuarios y proveedores de una estación de servicio llegarán a través de vehículos”. No hay que olvidar que la parcela está dentro de una zona residencial señalada como S-20 (límite de velocidad), donde prevalece la seguridad de los peatones.

La empresa también afirma que los olores “no tendrán repercusión y no serán perceptibles en las inmediaciones de las instalaciones”. María Gómez explica que no sabe en qué se basa la promotora de la gasolinera para afirmarlo con tanta rotundidad. “Actualmente no hay una tecnología disponible que elimine por completo la contaminación odorífera. Debido a la extrema proximidad de la estación de servicio a la población, no hay posibilidad de que dichos olores se diluyan antes de llegar a una cantidad elevada de receptores”.

Los vecinos han detectado muchas deficiencias en el proyecto: no se ha analizado el grado de alteración del medio ambiente de la zona afectada durante todas las fases del proyecto y su actividad. Tampoco hay una estimación de los niveles de presión sonora y vibraciones emitidas, “siendo este un elemento clave en una zona residencial”. No hay un estudio que analice rigurosamente el impacto de los contaminantes atmosféricos en la población próxima, ni un estudio de afectación a las aguas subterráneas, “teniendo en cuenta el entramado de arroyos que coexisten en la zona y el elevado nivel freático”. Los vecinos no tienen información del horario de apertura y su potencial afectación en términos de contaminación lumínica. A la hora de publicar esta información, desde Jihupa no han podido atender a las preguntas planteadas por Infobae España.

La carta de la alcaldesa

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, está estudiando las alegaciones presentadas y estudiará el proyecto. La alcaldesa, Paloma Tejero, envió durante el verano una carta a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiéndole que “reconsiderara el destino de esta parcela, atendiendo al interés general y a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos de Pozuelo de Alarcón”. Para Tejero, “el emplazamiento elegido, en una zona residencial consolidada y sobre suelo de titularidad estatal, genera una gran inquietud entre los vecinos, que temen un impacto negativo en la calidad de vida y el entorno urbano; una preocupación que es plenamente compartida por este Ayuntamiento”.

Los mismos vecinos que recalcan que muy cerca de esa parcela está el Hogar Don Orione, donde residen personas adultas con discapacidad intelectual y graves problemas respiratorios que realizan numerosas actividades en los alrededores del centro; la Residencia de Mayores Prado del Rey y la Escuela Infantil Piquío (de 0 a 3 años). Además, en el entorno, en una proximidad de 1,7 kilómetros, hay ya cinco estaciones de servicio.